Las dos grandes medidas del gobierno para solucionar el problema habitacional, la reestructura del Banco Hipotecario y la creación de una agencia nacional, están avanzando con lentitud. La estrategia es vista con recelo por el sindicato bancario y las cooperativas de vivienda, que ponen en duda varios aspectos de la nueva política. Sostienen que, además de tener el sello de los organismos multilaterales de crédito, no resolverán el asunto.
La nueva política de vivienda del gobierno enfrentará en los próximos meses varias pruebas difíciles. La reestructura del Banco Hipotecario (bhu) de la mano de su nuevo directorio, el traspaso de muchas de sus funciones y funcionarios a la novel Agencia Nacional de Vivienda (anv), la proyectada aparición del Banco República (brou) en el mercado de créditos hipotecarios y la apuesta a cubrir el déficit gracias a la inversión privada son algunos de los ingredientes de la receta progresista. Pero los trabajadores agrupados en el sindicato bancario (aebu) y los miembros de la Federación Unificadora de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (fucvam) ponen reparos a la estrategia oficial y la adjudican a los lineamientos trazados hace más de cinco años por el Fondo Monetario Internacional (fmi). También se quejan de la falta de diálogo para definir los pilares de la estrategia, en los que ambos agrupamientos serán actores fundamentales.
Por su lado, voceros del gobierno anunciaron la intención oficial de poner una fecha límite al gremio bancario para que se pronuncie sobre el pase de los funcionarios del bhu a la anv, y respecto a los detalles del régimen de prejubilación, entre otros asuntos clave de la serie de cambios planeados. Según esa versión, la prisa del gobierno tiene que ver con la puesta a punto del banco para que reingrese al mercado de créditos en 2008, más de un lustro después de su retiro. Para esto el gobierno se propone capitalizar la institución, trasladando el 47 por ciento de los activos (incluyendo las carteras pesadas que pasan a un fideicomiso) y el 60 por ciento de los pasivos a la anv. También prevé la aplicación de una política de disminución de los costos operativos, que incluye la eliminación de la mayoría de las sucursales del Interior y la reducción del 70 por ciento de sus funcionarios. La mayoría pasará a la agencia y a los bancos públicos y una pequeña parte se acogerá al retiro voluntario, cobrando el 97 por ciento del salario líquido promedio percibido durante 2007.
La idea del gobierno sería propiciar una reunión en febrero para que el sindicato comunique oficialmente su posición sobre la reestructura del banco, pero la cuestión no parece ser tan sencilla.
El subsecretario del mvotma, Jaime Igorra, explicó que los empleados públicos y los de la actividad privada con ingresos probados tendrán la posibilidad de acceder a los créditos que ofrecerá el brou, mientras que quienes tengan ingresos inferiores lo harán en el bhu a través del ministerio, con un subsidio total o parcial. “Pueden acceder a una cuenta del bhu, integrar una determinada cantidad de unidades reajustables”, a partir de las cuales podrán acceder a un crédito hipotecario a 25 años presentando como garantía el bien que adquieren o construyen, detalló (El Espectador, 4-I-08).
Además dijo que todo lo relacionado con la construcción será quitado de la órbita del bhu, ya que “no es una empresa constructora ni hace política de vivienda”. La acción conjunta del bhu, el brou y la banca privada persigue el objetivo de disminuir el número de casas vacías (que sólo en Montevideo suman alrededor de 50 mil) para incorporarlas al circuito de venta o alquiler.
Por su lado, el director nacional de Vivienda, Gonzalo Altamirano, explicó que uno de los pilares de la nueva política habitacional es la apuesta a una mayor presencia de las empresas privadas, ya que el Estado no cuenta con los fondos suficientes para enfrentar la demanda de 70 mil familias carentes de vivienda, que insumirían una inversión de 2.100 millones de dólares. “El Estado en estos cinco años pondrá 300 millones de dólares. Si sólo el Estado pone, habrá acumulación de déficit. El desafío es dar certeza a los inversores privados de que financiando la vivienda a largo plazo van a tener la rentabilidad esperada”, dijo Altamirano (La Diaria, 29-I-08).
Según el funcionario, existen posibilidades de que la banca privada financie a los sectores medios y bajos, con garantías del Estado. “La cuestión es cómo hacemos para que accedan a la banca sectores más bajos”, aclaró.
DUDAS RAZONABLES. Ayer, jueves, se reunió el consejo central de aebu para considerar un informe de la representativa del bhu y definir cuáles serán los pasos que el sindicato adoptará en la negociación con el gobierno. Es que el asunto provoca una preocupación creciente entre los bancarios debido a las confusas señales que se han dado desde el Ejecutivo en los últimos días.
En aebu todavía esperan la respuesta al último de los dos borradores enviados al gobierno con una serie de sugerencias para la reestructura del bhu. Para el gremio resulta fundamental que la institución conserve la gran parte de sus funciones básicas para no pasar a ser apenas un sello, dejando de cumplir su rol en la solución de los problemas habitacionales. Pero además cuestionan los anuncios oficiales de una próxima aparición del brou en el mercado de los créditos hipotecarios, lo cual configura una medida inexplicable para varios dirigentes bancarios consultados por Brecha. “¿Por qué en lugar de salir directamente a ofrecer créditos, el brou no coloca su dinero en el bhu y lo presta por esa vía? Así no se generaría competencia entre dos bancos estatales”, reflexionó un miembro de la dirección del sindicato bancario.
Preguntas como ésta aparecen a cada momento cuando se habla de la política de vivienda del gobierno y del pasaje de atribuciones del bhu a la anv. Varias de estas interrogantes serán planteadas el martes 12 en la reunión que mantendrán los dirigentes del gremio con representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía.
Otro de los asuntos que inquietan al sindicato es la conservación de los puestos laborales. Por el momento está garantizado que no se perderán, ya que de los 900 trabajadores del bhu, alrededor de 350 quedarán trabajando allí, y la mayoría del resto será distribuido entre la agencia y los demás bancos estatales (el gremio insistirá en su participación en la elección de los funcionarios que pasarán a la anv sin perder los beneficios ganados). Un pequeño porcentaje optaría por el retiro voluntario en 2008 y se calcula que para 2010 ese número llegará a 130, aproximadamente.
Pero una de las principales preocupaciones de aebu es que el gobierno no se pronuncie sobre la reforma de la carta orgánica del bhu, para lo cual tiene que consultar al sindicato, según consta en el convenio colectivo vigente que se firmó el año pasado. El gremio tiene motivos para estar inquieto por este asunto, ya que todavía persiste el malestar por la reforma de la carta orgánica del Banco de Seguros del Estado, que se concretó sin consultar al sindicato a pesar de que su convenio también incluía la formación de comisiones de trabajo que discutieran el asunto.
La designación de Jorge Polgar, un economista que actualmente integra el equipo de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, también es vista con reparos por algunos sindicalistas, que temen la aplicación a rajatabla de los lineamientos dictados por Economía. Polgar estará acompañado en la vicepresidencia por el catedrático de filosofía del derecho Óscar Sarlo y como directora estará Ana Salveraglio, una funcionaria con más de 25 años en el bhu.
LA HERENCIA DE LOS NOVENTA. Las cooperativas de vivienda ven el asunto desde otra perspectiva, pero con la misma preocupación. Daniel de Souza, secretario general de fucvam, recordó que la creación de la anv se concretó luego de la crisis financiera del bhu, debido a la mala administración de los gobiernos blancos y colorados, y recoge los lineamientos contenidos en la carta intención que se firmó en 2002 con el fmi. “El bhu era un banco fundido, que no tenía política y que debía salir de la escena, eso era lo que decía el fondo”, dijo de Souza a Brecha.
El dirigente rechazó además la teoría de Altamirano respecto a la necesaria participación de la banca privada en el mercado de créditos hipotecarios como forma de subsanar la falta de recursos del Estado. “Eso es mentira. En realidad lo que pasó fue que el 31 de marzo de 2005 se emitió un decreto donde se topea el gasto de la construcción aunque se le sigue cobrando a las trabajadores. Hasta hoy se podría haber construido 10 mil viviendas con los aportes de los trabajadores. El dinero sobra pero no lo deja gastar el gobierno”, dijo el cooperativista.
De Souza recordó que el Ministerio de Vivienda se creó en los noventa siguiendo la línea “bajada” por los organismos multilaterales de crédito, que recomendaban que fuera esta secretaría de Estado la que prestara directamente el dinero para subsidiar el acceso a la vivienda de las familias pobres con un ingreso mensual menor a las 60 unidades reajustables. De ese monto hacia arriba el encargado de los préstamos sería el bhu. Hasta ese momento se aportaba además para el Fondo Nacional de Vivienda el 1 por ciento de los ingresos de patrones y de trabajadores, pero con la intención de que llegaran los inversores les bajaron los impuestos y exoneraron a los patrones de ese aporte.
Desde entonces se llevan construidas 90 mil viviendas, de las cuales apenas 3.850 se hicieron mediante cooperativas, lo que significó un cuantioso beneficio para las empresas constructoras. A pesar de eso, en los años subsiguientes se produjo un defasaje entre la demanda de créditos y las posibilidades del Estado, por lo que en la actualidad existen alrededor de 100 mil ahorristas esperando por un préstamo hipotecario.
Así las cosas, dijo el dirigente de fucvam, la aplicación de esta política es la manera de lograr que todo el Estado carezca de vínculos con la vivienda, y que el tema quede en manos de “la especulación inmobiliaria y la banca privada”. Sin embargo, consideró, la gente no recurrirá a esa oferta porque se trata de créditos caros, mientras quienes puedan pagar una cuota irán al mvotma en busca de financiamiento. “Entonces los trabajadores no tendrán otro camino que irse para los asentamientos”, como ha pasado en los últimos años. Para De Souza, “acá no se buscó una sola alternativa diferente a las recetas del Ministerio de Economía”, y se manifestó partidario de atender las recomendaciones de la Comisión Social Consultiva que elaboró un plan de vivienda después de un profundo estudio de varios años (véase recuadro). También sugería la forma de conseguir los recursos necesarios, mediante la utilización del dinero que está en las administradoras de fondos de ahorro previsional (afap).*
En este contexto, fucvam espera la respuesta de los jerarcas de la anv Carlos Mendive y Graciela Muslera para aclarar sus dudas respecto a la política de vivienda que se aplicará este año. De todos modos, explicó, ya quedó claro en las pocas reuniones que mantuvieron con representantes del gobierno que la vivienda “no es una prioridad, a pesar de lo cual pedimos que al menos se vuelque lo que le descuentan a la gente”.
Lamentó que se haya llegado a este defasaje entre las expectativas que tenía la gente cuando asumió el gobierno, y la desazón que existe actualmente. Cuando asumió el gobierno, la federación tenía alrededor de 60 grupos asociados, y “sin que fucvam se moviera, vinieron cien grupos para anotarse con la idea de hacer una cooperativa de vivienda. El cambio generó una expectativa de que habría préstamos, pero lo que hubo automáticamente fue frustración cuando se vio que no habría inversión”. De hecho, amplió el dirigente cooperativista, tres años después del acceso del progresismo al gobierno todavía no hay una reglamentación sobre la forma en que las nuevas cooperativas pueden acceder a un crédito. “Las que están construyendo hicieron el trámite hace más de ocho años. Y en la actualidad hay más de dos mil familias esperando crédito en forma organizada”, dijo De Souza.
* La propuesta de la Cosoco fue presentada por un panel del que formaron parte el decano de la Facultad de Arquitectura, Salvador Schelotto, el presidente de la Sociedad de Arquitectos, José Luis Oliver, y representantes de partidos políticos: Jorge Brovetto y Daniel Olesker, por el fa, y Guillermo Rey por el Partido Nacional.
Fuente: Brecha, 8 de febrero
No hay comentarios:
Publicar un comentario