Berrutti. Ministra dice que habrá cambios, con controles y rendiciones
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó irregularidades en el manejo que hace el Ejército del dinero de las misiones de paz, ya que no le cierran las cuentas entre lo que ingresa y egresa. Lo mismo sucede en las otras fuerzas.
Por su parte, Tribunal de Cuentas recibirá en los próximos días un informe sobre el manejo de los fondos de las misiones de paz y la construcción de la cárcel especial en la que están presos militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos.
Ayer la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, anunció que habrá cambios en la forma de administrar estos fondos, con controles y rendiciones de cuentas.
Laura Remersaro, directora de la AIN, aguarda conocer si el Ejército hará descargos por escrito sobre las observaciones y recomendaciones del organismo de contralor respecto al uso del dinero de las misiones de paz de la ONU.
Pero Remersaro adelantó que estos fondos "son altos volúmenes de dinero que maneja directamente el comando del Ejército y la contabilidad como es integral, una de ingresos y otra de egresos, no dan los mismos números, por esos criterios diferentes de contabilización". "Estamos estudiando que se trate esta situación especial con todas las normas que tienen estos fondos públicos, porque no dejan de ser eso, fondos públicos", añadió.
Paralelamente, en otra de las auditorías movilizadas a raíz de las denuncias anónimas que involucran a Gonzalo Nin, hermano del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, técnicos del Tribunal de Cuentas habrían detectado indicios irregulares en la contabilidad de los fondos destinados a obras en el Ejército. Según supo El País de fuentes militares, los técnicos del tribunal tuvieron dificultades para obtener información sobre el costo de la cárcel castrense en que se alojaron a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, si bien finalmente pudieron determinar que el gasto por esas obras habría alcanzado la cifra de U$S 400 mil. Si bien esa cantidad pareció a los técnicos superior a la real, no se realizaron pericias para determinar el valor de las obras ya que la auditoría del tribunal sólo examina la legalidad de los gastos.
Por otra parte, según las fuentes, el Ejército carecería de rendición de cuentas sobre una partida de U$S 500 mil entregada al empresario Eduardo Coronel, una de las figuras cuestionadas por las denuncias anónimas lanzadas contra el hermano del vicepresidente.
Se estima que el informe final del Tribunal de Cuentas estaría terminado para fines de la semana próxima. Integrantes del Tribunal reconocieron que la auditoría se encuentra en un estado avanzado pero declinaron confirmar o desmentir los detalles y conclusiones.
OFICINA ÚNICA. Remersaro dijo que el informe se entregará al Ministerio de Defensa y la sugerencia es que haya una oficina única que lo maneje, "con criterios contables adecuados".
Consultada si esa oficina debe ser del Ministerio o del Ejército, respondió que eso es algo que las autoridades verán, "porque además las misiones no son sólo del Ejército, también participan la Marina y la Fuerza Aérea, esa situación la están teniendo los tres comandos". La auditoría sobre el dinero de las misiones de paz sólo abarcó al Ejército.
Remersaro mantuvo una entrevista con el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, por este tema.
" Toda buena práctica de auditoría requiere una reunión y memo de cierre con el auditado, así se le comentan los hallazgos, y hay un poco de cortesía también", expresó.
"Se plantean observaciones y recomendaciones, hacemos un intercambio. Después llega el informe por escrito que primero se elevan al jerarca del Ministerio", sostuvo.
DEBÍAN SABER. Por su parte, la ministra Berrutti hizo ayer una velada crítica al Tribunal de Cuentas, cuando afirmó que el manejo que ahora se investiga sobre los fondos provenientes de las misiones de paz de la ONU debían ser bien conocidos por los ministros del organismo. El dinero que paga la ONU se gira desde Nueva York a una cuenta del Banco República que está a la orden del Ejército. Esa fuerza tiene acceso a la cuenta, retira el dinero y luego lo distribuye en la proporción que corresponde con la Armada y la Fuerza Aérea.
Con ese dinero se paga al personal que estuvo en la misión o a sus familias. De allí también se retira para la compra de armamento y vehículos que las Fuerzas Armadas deben reponer cuando retornan de las misiones en el exterior.
"Desde 1991 o 1992, cuando teníamos un gobierno del Partido Nacional, y luego durante los dos gobiernos colorados, se procedía así", dijo ayer Berrutti en AM Libre.
Según Berrutti, esto "era de conocimiento de todas las fuerzas, de los gobiernos de la época y naturalmente de todos los militares que sabían cómo se distribuían los recursos". Y agregó que "también era de muy particular conocimiento del Tribunal de Cuentas que tiene a su frente a un general retirado del Ejército", aludiendo al contador Guillermo Ramírez. "Por lo tanto, no podía desconocer cómo se hacían esos gastos", subrayó Berrutti.
La ministra reconoció que las cosas cambiarán desde ahora. "Me pareció que había que actuar, establecer controles y también la necesidad de rendir cuentas de esos dineros", dijo.
Según Berrutti, los comandantes en jefe están "de acuerdo" con las nuevas normas. "Están satisfechos porque eso les daría a ellos más tranquilidad", sostuvo.
Denuncia sacudió al gobierno
Entre el 4 y el 24 de octubre de 2007 el presidente Tabaré Vázquez recibe cinco denuncias anónimas sobre supuestas irregularidades en las compras del Ejército, que involucran a jerarcas militares, empresarios y funcionarios del gobierno. Las denuncias mencionan a Gonzalo Nin, a su hermano, el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, y al empresario Eduardo Coronel, entre otras. Vázquez remite las denuncias a la ministra de Defensa, Azucena Berrutti. Entre el 7 de noviembre y el 22, Vázquez está de viaje. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa ocupa la Presidencia interina, pero ignora la existencia de la denuncia. El tema está ahora en la Justicia, en manos del juez Rolando Vomero, a pedido de Gonzalo Nin. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez -hermano del presidente Vázquez-, fue señalado por varios medios como quien entregó a Berrutti la denuncia. Sin embargo, Jorge Vázquez desmintió su participación y aseguró que fue el propio presidente quien lo hizo. El mandatario ha ratificado su respaldo al vicepresidente.
Fuente: El País, 7 de febrero
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