Financiación Partidos Políticos

Pese a diferencias, este año habrá ley de financiación a los partidos
Difusión. Los partidos tendrán espacios diarios gratuitos en los medios

Avanza a un ritmo más lento que el que el gobierno espera. Pero el proyecto de ley para financiar y regular a los partidos políticos será aprobado este año, dado que la mayoría de sus normas tienen respaldo de todas las fuerzas políticas.

La lentitud es producto de la gran variedad de medidas que contiene y del análisis que cada una demanda. Blancos, colorados e independientes la consideran una "buena" ley, que cumple con los propósitos buscados. Únicamente, las diferencias surgen en la forma de distribuir los espacios gratuitos de publicidad en los medios de comunicación.

El presidente Tabaré Vázquez encomendó a sus legisladores acelerar la sanción de la ley, algunos meses después que el gobierno enviara al Parlamento el proyecto de ley que, por ejemplo, establece básicamente condiciones para el acceso a los medios. Incluye normas sobre regulación y transparencia en el manejo de los fondos que, en cambio, son compartidas en grandes líneas por toda la oposición.

Dispone, por ejemplo, que los medios deberán ceder en forma gratuita espacios diarios a cada colectividad política durante las campañas electorales. Adicionalmente, cuando haya balotaje, cada candidato presidencial contará con 150 minutos de espacios gratuitos en cada medio de difusión. Las disposiciones comprenden a los canales de televisión privados y aquellos que retransmitan su señal, y a las radioemisoras privadas y sus repetidoras.

Aquí es precisamente donde, hoy, está radicado el problema. En cuanto se comenzó la negociación, la Presidencia de la República planteó a los legisladores una idea: la distribución de aproximadamente una hora diaria de espacios gratuitos en los canales. Pero no todos están de acuerdo con esta idea, ya que se entiende que esta fórmula tiende a beneficiar al Frente Amplio y, en menor grado, al Partido Nacional.

Según este mecanismo, la distribución se planteaba en base a un doble criterio. Por un lado considerando los votos obtenidos en las elecciones internas, y por otro en función de los votos de la elección anterior.

Así, de acuerdo con esta idea al Frente Amplio le correspondería media hora, al Partido Nacional unos 20 minutos, y para el resto quedaban diez minutos, de los cuales el Partido Colorado obtendría entre seis y siete, dejando para el resto muy poco tiempo.

TARIFAS BAJAS. Otra idea que se está manejando es que, al contrario, los medios no tengan la obligación de ceder espacios gratuitos a los partidos políticos y que, a cambio, se establezcan tarifas diferenciales, de menor monto que las normales. Al contrario que la otra fórmula, esta posibilidad es la que subyuga a los partidos menores (incluyendo a los colorados) porque se considera que es un mecanismo más equilibrado. Cada partido compraría los espacios en función de sus fondos.

Este aspecto todavía no había sido definido a fines de 2007, cuando se detuvieron las negociaciones por la llegada del receso estival.

La iniciativa establece además una regulación permanente de los gastos para el financiamiento de las campañas electorales, y se admite la posibilidad de que las colectividades reciban aportes fuera de los tiempos en que haya comicios.

Los espacios gratuitos se difundirán durante todo el período autorizado de campaña electoral, es decir que comprenderá a las elecciones internas, las nacionales, la segunda vuelta y las departamentales.

APORTES DE EMPRESAS. Además del espacio gratuito, los partidos solamente podrán comprar publicidad en los medios de comunicación como máximo el equivalente al 120% del tiempo o espacio que tiene asignado gratuitamente el partido que obtuvo la mayor votación en la última elección nacional o departamental. Y en caso de balotaje cada candidato podrá contar como máximo hasta un equivalente al 100% de los espacios otorgados gratuitamente.

En relación al financiamiento, se limitan los montos que podrán aportar las empresas para las campañas. Se advierte que las instituciones, empresas o demás entidades que estén vinculadas al Estado, no podrán financiar las campañas de los partidos. Y que en caso de hacerlo, serán objeto de una sanción.

A la vez, los partidos no podrán recibir donaciones anónimas que superen las 4.000 Unidades Indexadas (al día de hoy unos $ 7.000), ni aceptar contribuciones de gremios, sindicatos, asociaciones profesionales, gobierno o entidades extranjeras, organizaciones delictivas, o de personas en situación de subordinación o relación de dependencia.
Fuente: El País, 25 de febrero