martes, 26 de febrero de 2008

El PN podría recurrir con celeridad a la Suprema Corte de Justicia


Los blancos evalúan ir a la Suprema Corte

LEY DE PARTIDOS

La ley de financiación de los partidos políticos que el presidente Tabaré Vázquez quiere que el Parlamento apruebe cuanto antes no sólo es rechazada por el Partido Nacional en sus puntos básicos, sino que los blancos están dispuestos a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia si el Frente Amplio pretende aprobarla con los votos de dos quintos en ambas cámaras.
El asunto fue abordado ayer por el directorio nacionalista y allí surgieron críticas varias. El senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) dijo que los blancos no están dispuestos a votar el capítulo que obliga a los medios de comunicación a otorgarle espacios gratis a los partidos en la campaña electoral. “No tenemos el prejuicio que tiene Vázquez que califica a los medios de oficialistas y opositores”, dijo el parlamentario.

Gallinal dijo que el Partido Nacional considera que la ley necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras, apoyo que el Frente Amplio no puede recoger por sí solo. “Si votan la ley con dos quintos y la dan por aprobada vamos a recorrer todos los caminos necesarios para recurrirla. Estamos dispuestos a promover la inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte”, afirmó.

Por su lado, Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) dijo que el Partido Nacional “no se dejará correr a los ponchazos” por el gobierno e insistió en que la ley necesita mayoría especiales. Asimismo, expresó su rechazo a la propuesta que establece una partida anual cercana a los US$ 700 mil para repartir en forma proporcional a los votos obtenidos en la elección anterior. “No estamos dispuestos a que la gente termine pagando más de lo que ya paga”, dijo Larrañaga.

Sostuvo que es respetable la opinión de los frenteamplistas que creen que si el Estado financia a los partidos, se terminará con eventuales problemas de corrupción devenidos de la negociación con privados. Sin embargo, consideró que ninguna ley “termina siendo un seguro contra la corrupción”.

Fuente: El Observador, 26 de febrero

Blancos discrepan con ley
Partidos: financiación

Francisco Gallinal. El Directorio del Partido Nacional discrepa fuertemente con las pautas que establece y que fija la distribución de los espacios gratuitos en publicidad, en todos medios de comunicación, y en especial en la televisión, contenidas en el proyecto de ley de financiación de los partidos políticos.

Los blancos opinan que "sin consensos no se puede regular la vía democrática del país, desde una sola visión y desde un solo partido". Al respecto, el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) expresó que esta ley "puede tener una enorme incidencia en una instancia electoral", y agregó que, por eso su partido ha planteado que, para ser aprobada, se fijen los dos tercios de los votos según lo determina la propia Constitución".

Dijo que pretender reglamentar la forma en que se reparten los espacios dentro de los distintos medios "es dividir a la prensa en oficialista y en opositora".

Para Gallinal el tema es claro: "tiene que haber libre competencia", dijo y afirmó que la reglamentación que señala este proyecto "va contra el propio propósito" y "conspira contra la aparición de nuevos partidos, sectores y dirigentes".

Los blancos destacan, de forma positiva, el capítulo dedicado a la financiación de los partidos, y opinan que "es muy importante saber a qué se destinan los recursos de los partidos políticos y saber además el origen de los dineros que ingresan".

En otro sentido, el intendente de Artigas, Julio Silveira (Herrerismo) se hizo presente ayer en el Directorio para denunciar y expresar su preocupación sobre "supuestas" declaraciones del presidente Vázquez, que aparecieron en la prensa escrita, y que habrían sido realizadas en una reunión del Consejo de Ministros. Las mismas hacían referencia a que "la intendencia de Artigas se subía a las obras del gobierno nacional" lo cual enojó bastante a Silveira y por eso solicitará al Presidente, una aclaración por escrito.

Fuente: La República, 26 de febrero

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