Pensiones y tugurios en la Ciudad Vieja

Uno de los nueve círculos del infierno

Las pensiones son la única solución habitacional para quienes no pueden alquilar por no poseer garantía ni dinero para un depósito inicial, a pesar de que lo que se cobra por una pieza equivale a un alquiler de departamento o casa. Muchos de estos lugares en Ciudad Vieja funcionan de manera informal, sin habilitación ni control alguno, y son testigo de todo tipo de abusos, que van desde el hacinamiento hasta el trabajo incondicional cuando hay atraso en el pago, pasando por la apropiación de las pertenencias del huésped. La encargada de controlar es la Intendencia, pero ante irregularidades poco puede hacer, porque no tiene alternativa que ofrecer a la gente que vive allí. En tanto, en el Senado aguarda un proyecto de ley que, ya aprobado en Diputados, busca regular y acabar con la injusticia.
Aída vive con tres de sus hijos en un edificio semiderruido en Ciudad Vieja. A su habitación se llega luego de ascender por una sucia escalera de mármol entre paredes descascaradas y con humedad. El olor es insoportable.
Antes de llegar a su pieza está el baño, que es común al resto de los habitantes del lugar, sólo tiene un wáter y no hay agua.
Una vez adentro, en un recinto de tres metros por cuatro están las camas, sillas con ropa, dos gatos, un armario con una televisión, una palangana para lavar la ropa y una mesa con ollas y utensilios de cocina. Están “enganchados de la luz”, lo que permite encender una estufa en invierno porque las deterioradas condiciones del ventanal tornan gélido el lugar. La mujer no abandona la habitación, a menos que tenga a quien dejar, porque la robaron dos veces. Por estar ahí paga 1.500 pesos mensuales.
Negociemos La Ciudad Vieja es un barrio relativamente reducido. Una punta, rodeada por el Río de la Plata, muy heterogénea: antiguos edificios, monumentos, museos, restaurantes y las zonas financiera y portuaria. Viviendas deterioradas, de principios de 1900, convertidas en pensiones, casas de inquilinato y algo sumamente peor: tugurios donde la gente vive en condiciones infrahumanas. Las calles Cerrito y 25 de Mayo, en pleno casco antiguo, cuentan con una decena de ellos y alojan a muchos inmigrantes asiáticos y andinos que viven de “changas” diarias. También a quienes no acceden a una garantía ni poseen dinero para un depósito de alquiler.
Entonces para ellos la opción es uno de estos sitios o la calle.
El negocio parece redituable. Una pieza cuesta entre 50 y 150 pesos por día. Gran parte de las viviendas donde funcionan alojamientos son alquiladas (por unos diez mil pesos) u ocupadas y a su vez subarrendadas -como es el caso de los tugurios-, algo que deja muy buenas ganancias si se sacan dos mil pesos por cada una de diez habitaciones, por ejemplo. Ahora, si la persona no paga, siempre se puede negociar.
Algunos propietarios y encargados cierran la habitación con todas las pertenencias adentro en tanto no se pague -amparados en la ley del Candado, No. 14.106, art. 307-; otros canjean la deuda por trabajo (limpieza, lavar ropa, encargarse de la pensión), una especie de esclavitud, digamos, porque no se establecen períodos ni cantidad de horas para saldar; y están aquellos que aceptan artículos y objetos a cambio, trueque que va desde celulares hasta electrodomésticos.
“Lavo ropa en tres pensiones del mismo dueño. Si no arreglo así me echan a la calle. Él es como un rey, fija las reglas y las cambia cuando quiere”, contó a la diaria Estela, madre de siete niños.
Aída vivió una situación similar: “En una pensión en Juan Carlos Gómez lavé ropa y cociné para quedarme. Había que pagar por adelantado y por deber dos días se me quedaron con todo: batidora, juego de comedor, televisor”.
¿A dónde iremos a parar? Las pensiones surgieron en la época de los inmigrantes, las había para franceses, italianos, españoles. Ofrecían comida y vida familiar, una especie de hotel más barato. Pero con el transcurso del tiempo se fueron desvirtuando, hasta llegar, con la crisis de 2002, a tocar fondo. Si bien existen pensiones que brindan muy buen servicio, por el que cobran hasta 4.800 pesos y están ubicadas en Centro, Cordón, Parque Rodó y Aguada, no son objeto de la presente nota, sino los alojamientos que lucran con la necesidad de los pobres. Para conocerlos la diaria recorrió diversos tipos de hospedajes en Ciudad Vieja.
Para empezar hay que hacer una distinción. Las pensiones son viviendas con más de 10 habitaciones -por lo pronto así lo establece la Intendencia de Montevideo (IMM)-. Luego están las casas de inquilinato -con menos piezas-.
En ambos casos hay habilitadas e informales. Y además existen tugurios, lugares inhabitables, en pésimas condiciones edilicias y de higiene, donde sucede todo tipo de abusos. Éstos no están registrados en ningún lado, no son controlados por nadie y denunciarlos implica quedarse sin techo.
“Si no existieran sería peor, ¿a dónde irían?” se preguntó Miguel Cáceres, integrante del Programa Calle, del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), el cual frecuentemente intercede ante el propietario de la pensión para que una familia no vaya a la calle.
Sus habitantes viven “una eterna lucha diaria para pagar la pensión y comer”, señaló Cáceres.

No rías, no llores, no juegues En la Ciudad Vieja existen unas 200 pensiones y casas de inquilinato, además de los mencionados tugurios que serán unos 15. El problema más “grave” lo sufren los niños que viven allí, pues padecen una “práctica de encierro”, deben permanecer en silencio o viendo televisión permanentemente y “la otra posibilidad y más peligrosa es la calle”, dijo a la diaria Gloria Pereira, integrante de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Centro Comunal Zonal Nº 1 (CCZ 1). Dicha comisión elaboró un estudio sobre las pensiones de la zona, en 2004, que incluyó un relevamiento en 18 de ellas, seis ubicadas en Ciudad Vieja -el resto en Barrio Sur, Centro y Aguada-.
Los integrantes de la Comisión constataron (al igual que la diaria) que no se respeta la reglamentación que exige habitaciones de 7 a 10 metros con ventilación. “Vimos ratas y cucarachas, además de pésimas condiciones de higiene”, dijo Rubén Montaño. Jorge Mokose, también de la Comisión, agregó: “Juegan con la necesidad de la gente que no está contemplada en ningún plan de vivienda. Los precios varían de acuerdo al criterio del propietario o el encargado.
Es peor que vivir en un asentamiento porque pagan y no tienen derecho a nada.” Impotencia “También hay que contar la otra cara”, dijo la asistente social del CCZ 1, Dora López. Según ella “pagan justos por pecadores” porque hay quienes hacen un circuito de pensiones: “Van de una en otra debiendo plata y sacan las cosas al disimulo”. En ese sentido el encargado de Pensiones y Hoteles de la IMM, Julio Faraone, dijo a la diaria que “a veces los dueños son rehenes, porque lo único que le pueden sacar es la ropa y perdieron plata durante los meses que no cobraron”.
Acerca de los controles que realiza la comuna, Faraone explicó que para esa tarea sólo dispone de dos inspectores porque el resto (siete) fueron destinados a vigilar la venta en espacios públicos. Las inspecciones se efectúan cada 35 ó 45 días, y en una jornada se recorren unas seis pensiones. Cuando se encuentran irregularidades se aplica una multa que puede ir desde 4 a 17 UR. Las infracciones tienen que ver con que la documentación no esté en regla (habilitación de Bomberos, de la comuna como local comercial e industrial y registro en el Ministerio de Vivienda, además de BPS y DGI al día) y con la falta de higiene. Ante reincidencia se siguen aplicando multas e incluso, se pueden precintar las habitaciones vacías, a modo de clausura, evitando que la gente que está vaya a la calle e impidiendo que se alquilen más piezas. “Si no paga las multas se inicia un trámite judicial y se embarga el inmueble”, sostuvo Faraone. Pero, este procedimiento es aplicable a las que están inscriptas.

“La Intendencia no es Dios.

Cerramos y ¿qué hacemos? En ningún lado se establecen las potestades de la IMM”.

Dignificando Cuando asumió el presidente Tabaré Vázquez prometió -en el marco del Programa del Frente Amplio- derogar la ley del Candado.
Para ello, el Ministerio de Vivienda (MV) redactó un proyecto de ley que busca regular pensiones y casas de inquilinato. El estudio que llevó a cabo la Comisión del CCZ 1 fue un insumo para el mismo, señaló a la diaria el asesor de ese ministerio, Diego Pastorín.
Tal iniciativa, que fue aprobada en Diputados y ahora deberá discutirse en el Senado, establece la inscripción en la cartera de Vivienda que hará controles “desempeñando un papel más activo”, señaló Pastorín. También se elaborarán un reglamento y una categorización por tipo de hospedaje, que fijará precios para cada categoría.
Cada pensión deberá exhibir el reglamento y estar identificada como tal en la puerta de ingreso.
De aprobarse la ley, “las pertenencias del huésped no se considerarán garantía de pago”, dijo el asesor y añadió que se diferenciará claramente a las pensiones de las casas de inquilinato para evitar confusiones a la hora de aplicar la legislación. De todas formas continuará siendo difícil controlar la informalidad, porque denunciar implica dejar familias en la calle.
El senador Alberto Breccia (FA), integrante de la Comisión parlamentaria de Vivienda y Urbanismo señaló que el proyecto no se tratará hasta el año próximo.
Marisa, en la puerta de una pensión de la calle Cerrito, dijo a la diaria: “Si tuviera a donde ir no estaría acá, soportando humillaciones y todo tipo de impertinencias”.

Fuente: La Diaria, 20 de noviembre