En el Senado no habrá votos para destituirlo del cargo
El intendente de Maldonado, el frenteamplista Óscar de los Santos, no debe temer por el resultado del juicio político que esta semana le inició la Junta Departamental denunciándolo ante el Senado: la oposición no contará con los dos tercios (21 votos) necesarios para destituirlo. La bancada del Frente Amplio se encargará de que así sea.
El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa calificó de "intendenticidio" la decisión de la Junta fernandina de promoverle un juicio político a De los Santos. "Esto es un intendenticidio que estaba preparado al día siguiente de las elecciones. Hay gente que no soporta perder el poder y entonces buscan cualquier justificación para tratar de desplazar a la gente electa libre y democráticamente", afirmó Nin, que lidera la lista 738 de la que forma parte De los Santos.
La Junta de Maldonado resolvió en la madrugada del jueves promover ante el Senado un juicio político a De los Santos.
La contratación directa de la empresa Satenil SA a la que adjudicó la publicidad callejera en Maldonado y Punta del Este; la adjudicación directa de la construcción de las casetas de guardavidas, y de los bacheo de calles, el mantenimiento de los espacios públicos y el aseo urbano; violación del régimen salarial de los funcionarios municipales, la aplicación irregular de decreto disminuyendo beneficios brindados a contribuyentes, el desconocimiento de resoluciones del Tribunal de Cuentas, constituyen, según los blancos, elementos que demuestran las irregularidades cometidas por De los Santos.
La moción del juicio político o público fue votada por los 15 ediles del Partido Nacional en tanto que la bancada oficialista se expresó por la negativa, incluidos el presidente de la Junta Departamental, Gastón Pereira y el edil Rodolfo Domínguez, ambos enfrentados políticamente al jefe comunal. Pereira es un frenteamplista independiente y Domínguez pertenece al grupo Cabildo 1913 del diputado Darío Pérez.
"A nosotros se nos hace particularmente difícil y doloroso presidir una Junta Departamental cuyas democráticas decisiones en los hechos no siempre son acatadas por el intendente, generando un problema institucional de singular gravedad, además de una fuerte contradicción en la medida que pertenecemos a la misma fuerza política", dijo Pereira. El propio presidente de la Junta promovió que se enviara al Senado un conjunto de expedientes de la administración municipal.
Por su parte, el edil herrerista Javier Sena fue más lejos y pidió la renuncia del intendente, al que acusó de haber violado diversas normas constitucionales y administrativas. "Váyase señor intendente y no ponga a gente bien intencionada en la violencia de tener que defender lo indefendible", sostuvo Sena.
Fuente: El País, 9 de noviembre
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