miércoles, 25 de junio de 2008

Votaron la ley de protocolo policial



El INC negociará su salida; fueron citados por la Justicia Penal En la Asamblea estuvo en el tapete la seguridad pública
Con la campaña cerca, casi todos los temas suelen teñirse de aire electoral en el Parlamento. Así, la ley que crea el código policial fue votada ayer por unanimidad, pero el oficialismo y la oposición igual aprovecharon para tirarse dardos sobre seguridad pública en la Asamblea General.
"Estoy absorto: 112 en 112. Me complazco en comunicarlo", anunció el presidente de la Asamblea, José Mujica, cuando finalizó una sesión de poco más de una hora, en la que se votó la versión definitiva de la ley de procedimiento policial.
Había acuerdo político para que hablara uno por partido, pero no faltó la polémica. El frenteamplista Rafael Michelini dijo que "Uruguay está por encima de los estándares internacionales en materia de seguridad" y que el gobierno no se sumará a afectar la imagen del país, diciendo que es inseguro. Insistió en que la ley "es buena y garantista", más allá de los artículos que ahora se retocan.
"Podríamos haber votado la ley sin cambios la semana pasada y no se nos puede adjudicar intención. Esta ley da seguridad a la Policía y garantías a los ciudadanos", afirmó.
MIEDO. Para el colorado Washington Abdala, en todo el país hay "convicción de inseguridad" y no ya sensación: "Algo grave está pasando con rapiñas, arrebatos y violaciones de menores. El gobierno está en falta. En Uruguay la gente tiene miedo al atardecer, esquivando a los muchachos que están en las esquinas limpiando los parabrisas".
Abdala criticó el enojo del gobierno cuando se tratan estos temas y dijo que quedó atrás "la teoría naif e ingenua" de la izquierda, que igual "desconfía" de la Policía. "Desapareció la teoría de que si acabamos con la pobreza, el delito cae. Bienvenidos al club. Como pocos gobiernos, han gastado mucho dinero en temas sociales, pero el delito se mantiene", advirtió. Para Abdala, el tema de la inseguridad será central para el próximo gobierno, gane quien gane. Así, propuso la creación de un consejo de seguridad y dijo que la inseguridad "no se arregla sólo con una ley".
El nacionalista Carlos Moreira cree que no se podía votar una ley "bajo sospecha" y que este entendimiento debe servir para que exista una política de Estado en materia de seguridad. "Está en juego la necesidad de una sociedad más segura, con derecho de propiedad y de tranquilidad, donde se dé garantías a todos", opinó. Moreira respondió a una crítica realizada la semana pasada por la ministra Daisy Tourné: "Los blancos no somos bipolares y no estamos de acuerdo en supeditar libertades a un mayor rigor y autoridad". Advirtió que la ley no contiene "soluciones mágicas" y pidió que se aprueben seis proyectos nacionalistas sobre seguridad, a estudio de Diputados, que fijan más penas a menores, reinstalando la tentativa de hurto.
"La política carcelaria de este gobierno no dio resultados. Hay casi 8.000 reclusos. Si esto no se modifica, no habrá una sociedad más segura. Con estas cárceles no se puede reeducar. Faltan 2.500 plazas, hay que construir más cárceles o habilitar locales que hoy no se usan", afirmó.
Desde el Partido Independiente, Iván Posada afirmó que la ley policial "no es una panacea", pero sí un marco de acción imprescindible. Para Posada, el gran debe del país es encarar una política de seguridad y hacer reestructura de la Policía.
La versión definitiva
Entre otros cambios, la versión final elimina el artículo que permitía el ingreso policial a hogares, aun de noche y sin orden. Se suaviza el pedido de identificación en vía pública (habilita métodos alternativos al documento), se elimina la incomunicación de testigos y víctimas, y se agrega que la revisación de las "partes íntimas" debe ser realizada por personal médico. El Frente resalta que la ley limita la obediencia debida (prohíbe cumplir órdenes "ilegales") y prohíbe tratos crueles. Los colorados destacaron artículos que van contra el pensamiento tradicional del FA: detención de vehículos, habilitación para reprimir, uso de fuerza legítima y disolución de manifestaciones. El País, El Observador 25 de junio

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