Los cambios a la ley de procedimiento policial deberán esperar. Aunque había pre acuerdo con los blancos, el FA decidió votar el polémico proyecto como está y, sin apuros, corregir más adelante el protocolo, una vez que sea reglamentado.
La sorpresiva marcha atrás oficial -decidida ayer por la bancada de senadores junto a los diputados frenteamplistas de la comisión de Constitución- mantiene en la ley la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos sin orden judicial y también el pedido de documentos en vía pública, con la correspondiente conducción a la Policía si el documento no es considerado idóneo.
El proyecto tendría sanción definitiva la próxima semana y unos diez artículos serían cambiados más adelante, a través de un nuevo proyecto. Pero eso "no se hará a las corridas", ya que la ley "es buena" y los cambios no modifican el fondo de la cuestión, dijo a El País el senador Rafael Michelini.
En la decisión influyeron reiterados pedidos del Ministerio del Interior para que la ley esté vigente cuanto antes, dijeron fuentes frenteamplistas. Pero también trancaron muy fuerte los diputados del Frente: defienden los cambios hechos en la cámara a fines del año pasado y no están dispuestos a volver a tratar varios proyectos sobre seguridad del Partido Nacional (condición puesta por los blancos). Creen, además, que "no hay clima" para ir a la Asamblea General a votar los cambios al proyecto, sin que se genere un "circo político", a lo que se suma la posibilidad de que no estén los votos: al menos dos tercios.
En la propia bancada de senadores del Frente había posiciones distintas y algunos están a favor de asegurarse que la ley entre en vigencia ya, aunque no sea "perfecta". De todos modos, los senadores frenteamplistas de la comisión de Constitución se habían jugado hacia la posibilidad de votar negativamente el proyecto en el Senado e ir a la Asamblea General, de modo de que la ley entrara en vigencia sin el allanamiento nocturno y otros puntos polémicos (ver recuadro aparte).
La senadora Margarita Percovich, coordinadora de la bancada freanteamplista, transmitió ayer la decisión tomada al senador blanco Sergio Abreu (coordinador de su bancada): que los diputados del Frente entienden que "no hay seguridad" si se va a la Asamblea General por el "clima" que existe en la Cámara de Representantes y que se corre con el riesgo de que la ley no salga. Prefieren "un escenario seguro" frente a un "escenario incierto" y mencionan que ya se han incumplido acuerdos, como cuando se trató el tema de la ETA.
Percovich transmitió a Abreu que está "sentida" por la decisión tomada, según contó el senador blanco. Para la senadora del MPP, Lucía Topolansky, no hay certeza del cumplimiento del acuerdo por la cercanía de la campaña electoral: "Hubiera preferido un escenario de acuerdo y no este camino. Pero nunca se pudo acordar que hablen uno o dos por bancada y así no se puede funcionar".
PASOS. A mediados de mayo se había llegado a un pre acuerdo en la comisión de Constitución del Senado, que debía ser refrendado por las bancadas. Los blancos así lo hicieron la semana pasada, pero pusieron como condición que en la Cámara de Diputados se consideraran proyectos de ley sobre seguridad que el año pasado se presentaron con unas 150.00 firmas.
Esa condición fue considerada "fuera de lugar" por los diputados del Frente, quienes creen que esos proyectos son mucho más conservadores que los aspectos que se critican de la ley de procedimiento policial. "Esos proyectos ya se trataron y las prioridades las define el Frente Amplio", argumentó el diputado Edgardo Ortuño.
Blancos están molestos y "defraudados"
"Es lamentable", respondió el senador blanco Sergio Abreu, cuando la coordinadora de bancada del Frente, Margarita Percovich, le comunicó que el procedimiento policial se votaba tal como estaba. "Esta es una imposición de los diputados del Frente. Perdieron la oportunidad de construir un puente hacia el futuro, en un tema ya acordado en la comisión y donde el Partido Nacional se había comprometido a dar los votos para alcanzar los dos tercios en la Asamblea General", dijo Abreu a El País.
El senador Carlos Moreira, que integra la comisión de Constitución, dijo sentirse "defraudado" y aseguró que se "legisla mal" para después corregir. "Tal vez le tengan miedo a la polémica y a hablar de seguridad pública. Votaremos una ley con siete u ocho artículos cuestionados, algunos de innegable inconstitucionalidad", argumentó Moreira. Para el senador Francisco Gallinal, se toma a los blancos "como excusa" para no votar la ley sin los puntos polémicos.
En el FA consideran que la ley es muy buena. "Constituye un muy buen instrumento para avanzar en seguridad pública. Da certezas a los policías, respetando los derechos civiles", dijo el diputado Edgardo Ortuño. Explicó que el gobierno ha priorizado el tema seguridad y que el nuevo protocolo es uno de tres pilares, junto al aumento de los salarios policiales y la modernización de equipos.
Cambios quedan en suspenso
El aspecto más criticado por organizaciones de derechos humanos y por el Colegio de Abogados es la posibilidad de ingresar a hogares en casos de extrema necesidad, sin orden judicial ni permiso del jefe de hogar. Eso se permite, incluso en horas de la noche. El cambio planteado allí era quitar ese artículo e incluir una redacción alternativa, donde se afirma que los allanamientos y registros son "sin perjuicio de la plena vigencia de otros derechos constitucionales". En el caso de la identificación en vía pública, se había planteado como cambio que si una persona no tiene documento o si hay dudas sobre este, se recurra a "procedimientos alternativos" para la posterior identificación. Pero estos, y varias modificaciones más, quedan ahora en suspenso.
El País, 12 de junio
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