Con un ajuste de hasta 20% en los sueldos más bajos, incentivos para pactar aumentos anuales y una tendencia a desindexar los salarios privados, el Poder Ejecutivo lanzó la tercera y última ronda salarial del período. El salario mínimo nacional trepará a $ 4.150 desde julio.
El aumento para los trabajadores privados variará entre 5% y 7% en julio, según estimaciones sindicales y empresariales de acuerdo a los lineamientos informados ayer por el jefe de Macroeconomía, Fernando Lorenzo, y el director de Trabajo, Julio Baráibar, a la cúpula del Pit-Cnt y al empresariado.
Atendiendo a los reclamos sindicales de mayor flexibilidad -pero también a la búsqueda de estabilidad con convenios a largo plazo, ajustes anuales y el "gatillo" cada vez más lejos-, el gobierno presentó ayer dos alternativas distintas que se podrán seguir en los cerca de 200 convenios que se firmarán en el correr de los próximos meses.
Una alternativa es la firma de convenios por dos años con ajustes semestrales, y la otra -la más innovadora- incluye convenios a dos años y medio con un ajuste semestral y dos ajustes anuales. Contiene casi el doble de incremento real del salario que la primera fórmula.
El factor común de las dos fórmulas es que se abandonan los "correctivos" que hasta ahora se aplicaban al fin de cada semestre cuando la inflación es más baja o más alta que la proyectada para el período. Conocidos popularmente como "cláusula gatillo", recién se aplicarán al final del convenio de dos años, o al año y medio en la alternativa de 30 meses. El alejamiento de los correctivos apunta a la desindexación y permite que el sueldo no varíe en forma inmediata si la inflación se dispara. Se trata de un tema que ya adelanta resistencias a nivel sindical (ver nota aparte en esta página).
OPCIONES. La alternativa a dos años sigue una línea similar a los convenios firmados en los primeros años de gobierno: ajustes semestrales por inflación proyectada más 1% a 3% de crecimiento anual. La inflación proyectada se calcula según el promedio entre la mediana de expectativas privadas y el centro del rango objetivo de suba de precios del Banco Central (5%), para el primer ajuste y luego sólo con el centro de la banda del Central. El correctivo se aplica al final de los dos años de convenio, en este caso.
Las mayores novedades surgen en la segunda alternativa, que incluye incentivos y es la que el gobierno quiere que se siga. Se trata de convenios a 30 meses, hasta diciembre de 2010. El primer ajuste, en julio, sería por inflación proyectada, más 1% a 2,75% de recuperación y el correctivo que se arrastra del ajuste anterior, que por ahora se calcula en 0,80%
El siguiente ajuste será en enero de 2009 y no incluirá correctivo. Será el único ajuste en el año, con inflación proyectada más crecimiento de 1% a 5,5%. El correctivo o "gatillo" recién se aplicará en el siguiente ajuste, en enero de 2010, con lo cual el gobierno se asegura que los salarios no se dispararán hasta después de las elecciones de octubre de 2009, aunque la inflación vaya al alza. La fórmula del ajuste de 2010 es igual a la de 2009: inflación proyectada más recuperación de 1% a 5,5%, y se agrega el correctivo. Habrá un segundo correctivo al fin del convenio, en enero del año 2011.
Los representantes del gobierno fueron claros al afirmar que se puede seguir una u otra fórmula y que no se homologarán acuerdos que combinen las dos alternativas. Si no hay acuerdo, se aplicará la primera fórmula: a dos años y con ajuste semestral.
INCENTIVOS. La fórmula a 30 meses con ajustes anuales tiene mayor crecimiento salarial que la de dos años y además anticipa el correctivo a enero de 2010 (en el otro caso se aplica recién en julio del año 2010). Se trata de estímulos, para que sindicatos y empresas sigan el camino de los ajustes anuales.
De hecho, hay 1,5% de crecimiento que -en una cláusula de contingencia- quedará ligado a determinadas condiciones sectoriales y macro: puede ser el precio del dólar, el aumento del empleo o las exportaciones de una rama de actividad, por citar ejemplos.
A la salida del consejo superior tripartito en el Banco Central, Lorenzo explicó que los incentivos estarán ligados a "posibilidades de negociar aspectos que interesan a los trabajadores en términos de obtener mejores condiciones laborales, y ofrecerles a las empresas contingencias y condicionalidades que pueden ocurrir a futuro".
En ese sentido, Lorenzo mencionó que, como las empresas se enfrentan a "incertidumbres", podrán negociar cláusulas que condicionen parte del ajuste salarial a determinadas condiciones que puedan ocurrir a futuro.
"La idea es dar incentivo y un marco propicio para que el horizonte de la negociación se amplíe tanto en la duración de los convenios como en la duración del tiempo que media entre dos ajustes consecutivos", indicó. El gobierno remarcó que la propuesta "intenta ser flexible" y que por eso también se ofrece la posibilidad de mantener un esquema de negociación similar al de hasta ahora, con convenios a dos años y ajustes semestrales.
Un tercer ingrediente en el menú salarial del gobierno es el incremento para los sueldos más bajos. Los salarios que hoy se encuentran entre $ 3.450 y $ 3.900 nominales recibirán un ajuste de 20%, todo junto en el mes de julio, si se sigue la alternativa de convenios a 30 meses. Los sueldos de entre $ 3.901 y $ 4.250 tendrán un ajuste de 16%. Luego, en 2009 y 2010 tendrán 2% de crecimiento anual.
FONDOS. Esta mejora de 20% y 16% en los sueldos "sumergidos" se financia en parte con un aporte estatal: las empresas deberán aportar un 6% a 7% menos de concepto cuota mutual por los trabajadores que reciban el incremento. Pero el ajuste restante (9% a 13%) saldrá del bolsillo de las empresas.
Se estima que esto tocará a sectores con sueldos sumergidos como el pequeño comercio (sobre todo en el Interior), los servicios y la industria de la vestimenta. La medida beneficiará a casi el 70 % de los asalariados del decil de hogares más pobres, según informó ayer el gobierno en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares. Y beneficiará al 45% del segundo decil más pobre.
Para Lorenzo, con la nueva situación, los delegados de empleados y empleadores deberán negociar más y acordar sobre aspectos "que hasta ahora eran más inflexibles". La propuesta del Ejecutivo prevé que la economía siga creciendo con estabilidad de los precios, remarcó.
El País, 6 de junio
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