Enrique Rubio. El director de la OPP dijo que se envía una "señal clara" de que "nadie está atornillado en el Estado"
Rendición de Cuentas establece "el fin de la inamovilidad como concepto absoluto"
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, manifestó que en la Rendición de Cuentas se establece finalmente el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos como "concepto absoluto", lo que representará una "señal clara de que nadie está atornillado en el Estado".
Cultura histórica. "En Uruguay hay una cultura de la inamovilidad absoluta porque así fue históricamente, pero que no se deduce del marco jurídico".
En el mensaje de Rendición de Cuentas que ya está a consideración de las comisiones respectivas de Diputados se incluyen importantes disposiciones sobre la transformación democrática del Estado.
Efectivamente, se incluyen los ejes de la transformación democrática del Estado que establecen una nueva relación con la ciudadanía. Queremos un Estado conductor, regulador, social y emprendedor en el sentido de tener capacidad para desarrollar emprendimientos como las empresas públicas y todo esto en la era digital, o sea que estamos apostando a colocar al Estado uruguayo realmente en el S. XXI.
Para lograr este objetivo existen dos grandes ejes: modernizar la gestión y la descentralización, proyecto de ley que ya fue remitido al Parlamento.
Para modernizar la gestión todas las reformas que estamos impulsando son parte de este proceso, por ejemplo la Reforma de la Salud que descentraliza a la Administración de los Servicios del Estado (ASSE).
Esta es una reforma con sensibilidad social, para el Uruguay productivo, con los trabajadores y la sociedad, pero que no pretende ser un proceso de resolución en poco tiempo, sino que es gradual y en cinco años.
¿Cuáles son los lineamientos estratégicos de la transformación estatal?
La transformación del Estado persigue sentar las bases de cinco ejes estratégicos de mediano y largo plazo definidos por el gobierno.
Esos cinco ejes son: la incorporación de tecnología de la información y las comunicaciones para la mejora de la gestión pública, es decir romper con un Estado de chacras; la creación de unidades de planificación y evaluación estratégica; el desarrollo de un modelo de gestión basado en un nuevo perfil de cargos de alta conducción con el fin de fortalecer técnicamente y mejorar la capacidad de las direcciones generales y de secretaría de los ministerios; el acercamiento al ciudadano (los centros de atención al ciudadano); y reestructuras de ministerios y unidades ejecutoras, aquí se redefinen estructuras, organigramas, recursos humanos y retribuciones.
Esto, si bien lo queremos hacer en un proceso de cinco años, arranca ahora en ocho unidades ejecutoras.
Esto da como resultado un Estado que dará, después de los cinco años, mucho más productos, bienes y servicios con los mismos recursos como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI).
¿ Qué significa esto?
Quiere decir que no habrá más gasto como porcentaje del PBI. Pero al dar mucho más producto se tiene un Estado que es más barato. Es una forma de lograr un Estado al servicio de las necesidades sociales, del Uruguay Productivo y de la competitividad. Porque le da mejores servicios a las empresas y al sector privado.
En este gobierno no hemos gastado más como porcentaje del PBI, sino que hemos gastado menos que en otros períodos.
También hemos sido responsables fiscalmente, porque cada vez que hubo un año electoral se disparó el déficit. Es decir que la expansión del gasto público ha sido sustancialmente menor que en otros períodos de crecimiento.
Esta administración terminará su gestión con el déficit fiscal más bajo en 25 años y sin un deterioro de las cuentas públicas en año electoral.
Es decir que la transformación del Estado la haremos con responsabilidad fiscal. Partimos de la base de los funcionarios que tenemos, hay una estabilización en el número, hubo un cierto crecimiento en el 2005, debido a que muchos de los que estaban en forma contratada se los incorporó como funcionarios porque ya tenían los derechos generados, regularizándose todo tipo de situaciones desvirtuadas.
En realidad el Estado uruguayo, en relación con la población económicamente activa, no es tan grande y, además, ha ido bajando.
Por ejemplo, en el año 1993 durante la administración de Luis Alberto Lacalle había 274.265 cargos públicos y 255.831 funcionarios. En el 2007 los cargos fueron 234.879 y los funcionarios públicos 218.438. A veces el cargo no puede estar lleno, o el mismo funcionario está en dos lugares, como sucede con los docentes, por eso es que el número de funcionarios es menor al de cargos.
La descomposición del total de los 234.879 cargos públicos al 2007 es la siguiente: Poder Ejecutivo, 90.578 cargos; organismos del artículo 220 de la Constitución, 75.640 cargos; gobiernos departamentales, 36.579 cargos; Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, 30.664 cargos; y Poder Legislativo 1.418 cargos.
Por otro lado, existen en todo el Estado 12.688 funcionarios no públicos; es decir, pasantes y contratos a término.
Además, los funcionarios de los ministerios tienen un importante envejecimiento, porque durante 15 años no se pudo entrar en el Estado.
El caso más emblemático es el del Ministerio del Interior que registra el promedio de edad más avanzado de todos los ministerios, de 54 años. Mientras que los funcionarios que tienen más de 60 años en ese ministerio son el 27%, también el porcentaje más elevado. Después le sigue el Ministerio de Ganadería con un promedio de edad de 53 años, pero con un porcentaje de funcionarios que supera los 60 años, de 19 %.
¿Cómo puede revertirse este proceso de envejecimiento?
Capacitando, renovando y reestructurando la Administración Central.
En una ley paralela a la Rendición de Cuentas, se incluirá la reducción de edades para poder acceder a la jubilación. La idea es reducir cinco años la edad de retiro y hacerlo paulatinamente también en cinco años.
Además coincide que los 4.062 funcionarios que tienen más de 60 años son trabajadores que tienen mando. Estas personas se quedan no porque quieran sino porque si se retiran pierden dinero porque pasan a ganar mucho menos.
¿Qué sucederá con los funcionarios públicos?
Cuando se suprime un cargo lo que creamos es un sistema extremadamente protector del trabajador, pero al mismo tiempo exigente.
Si hay supresiones de cargos no queremos que no se le den soluciones a la gente, pero tampoco que quede una "bolsa" de funcionarios que no tienen destino.
Para ello planteamos, en el artículo 12 de la Rendición de Cuentas, que ha sido conversado con los trabajadores, cuatro opciones.
El artículo establece que los funcionarios que no reúnan el perfil para ocupar un cargo en la nueva estructura de su unidad ejecutora podrán optar por ser recapacitados para permanecer en la propia unidad o redistribuirse en otras unidades ejecutoras del inciso (ministerio) manteniendo el nivel retributivo.
Otra de las opciones que se establece es que podrán ser reasignados a otros incisos de la Administración Central o de otros organismos públicos, sin disminución del nivel retributivo que tuvieran al momento anterior de la distribución.
También se propone que podrán renunciar definitivamente a la función pública, dentro de los sesenta días siguientes a la notificación del acto administrativo de declaración de que el funcionario no reúne el perfil necesario, en este caso el funcionario renunciante recibirá un subsidio equivalente a doce meses de su remuneración nominal de naturaleza salarial. Dicho pago se realizará por única vez y dentro del término de los sesenta días siguientes a la notificación de la aceptación de renuncia.
Pero, en caso de no acogerse a un beneficio de retiro, siempre que cuenten con 58 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2008, y configuren causal jubilatoria antes del 1º de enero de 2011, el monto del incentivo será calculado tomando como referencia las retribuciones efectivamente percibidas en el año 2008, con un tope de .500, el beneficio se percibirá por un máximo de cinco años o hasta que el beneficiario cumpla con la edad de retiro.
En tanto que, si transcurren dos años desde la declaración de que el funcionario no reúne el perfil requerido y no se acoge a ningunas de las alternativas precedentes, el Poder Ejecutivo dispondrá el cese del funcionario, previo dictamen de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por supresión del cargo.
Esto será una señal clara de que aquí nadie está atornillado en el Estado uruguayo. Pero siempre dentro de las garantías que da el marco jurídico.
¿Por qué debe haber un sector dentro de la sociedad uruguaya que tenga una situación de privilegio de estabilidad radicalmente diferente al resto de la sociedad?
Finalmente estamos ante el fin de la inamovilidad.
Es el fin de la inamovilidad como concepto absoluto.
Sostenemos que en Uruguay hay una cultura de la inamovilidad absoluta porque así fue históricamente, pero que no se deduce del marco jurídico. La inamovilidad solamente se refiere a un grupo de la Administración Central, porque no incluye a policías y militares.
La inamovilidad nunca fue absoluta en el derecho uruguayo, porque el artículo 168 de la Constitución establece que son amovibles, sin necesidad de comprobar determinadas causales, los funcionarios policiales y militares y los del Poder Judicial por el artículo 239, y los demás funcionarios que la ley declare tales.
El artículo que declaró la inamovilidad es el 60 de la Constitución, pero siempre se refiere a la ley.
De acuerdo con este marco jurídico se pueden hacer reestructuras que facultó el Parlamento.
CREACION DE CARGOS PROFESIONALES
El director de la OPP, Enrique Rubio, reconoció que en la Rendición de Cuentas se crearán nuevos cargos, pero aclaró que ellos "no son de confianza política, sino cargos profesionales de conducción".
De todas maneras aseguró que "no se trata de una cantidad numerosa".
A través de la Rendición de Cuentas se destinan US$ 18 millones a la Reforma del Estado, de los cuales US$ 7 millones irán para la Agencia del Gobierno Electrónico, US$ 3.5 millones a los Centros de Atención al Ciudadano, y el resto será para reestructura, creación de cargos de alta conducción y unidades de planificación estratégica.
"Ello forma parte de un proceso más cualitativo que cuantitativo", resaltó Rubio.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
El director de la OPP, Enrique Rubio, aseguró que el gobierno está trabajando en la redacción de un proyecto de creación de una Agencia de Seguridad Alimentaria.
El objetivo de esta agencia será contar con un ámbito de coordinación para tener políticas con mayor fortaleza y coherencia a favor de la seguridad alimentaria del país y fundamentalmente de los sectores sociales de menores ingresos", explicó Rubio.
En primera instancia se aprobará un decreto en el cual se crea una coordinación interinstitucional para analizar el tema de la seguridad alimentaria, comisión que estaría integrada por los ministerios de Salud, Ganadería, Industria y Economía, el Congreso de Intendentes, Ancap, Entes Autónomos, Inda, LATU, Inavi e INAC.
"APOSTAR AL DIALOGO"
¿Cuál sería el camino para solucionar el conflicto de los funcionarios de Aduanas, que se produjo debido a que en la Rendición de Cuentas se incorpora a sus salarios, ingresos extraordinarios proveniente de una tasa que grava de forma variable las importaciones?
-La vía de la negociación es la que debe seguirse.
La OPP no ha tenido intervención, pero se trata de áreas específicas donde se generan conflictos que deben resolverse por la vía de la negociación, sabiendo que hay un proceso de cambio profundo que tienen enorme respaldo político. Pero al mismo tiempo supone enrolarse en el cambio. Estos proventos que se facultan a salarizarlos es una definición fuerte, ahora hay que ver cómo se aplica caso por caso.
La República, 5 de junio
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