Algunos politólogos creen que el Frente Amplio debe dar una señal más clara de condena a la corrupción. Otros no lo creen tanto. Pero todos observan que el tema puede herir a la izquierda, que debe diseñar nuevas estrategias oficiales
Que aparecieran denuncias de corrupción en la izquierda era una cuestión de tiempo porque nadie está vacunado contra eso. Pero una vez que aparecen, hay varios ángulos desde los cuáles enfocar el asunto: los costos políticos, el hecho de si el gobierno es principiante o lleva años en el ejercicio del poder, cómo juegas los sectores internos de cada partido. Todas esas variables, y otras, influyen a la hora de analizar cómo el gobierno del Frente Amplio se ha posicionado frente a las denuncias de irregularidades en su gestión, según entienden especialistas consultados por El Observador.
El historiador y analista político Gerardo Caetano planteó que existen diferencias conceptuales en las definiciones ideológicas de los partidos. “La condición de izquierda tiene un optimismo antropológico, que el hombre puede cambiar, puede ser distinto; la derecha plantea una visión más realista y escéptica: que la condición humana no hay que cambiarla sino aprender a convivir con ella”. Esa distinción, agregó, explica que durante tiempo se instalara la idea de que, como la izquierda nunca había gobernado, era la fiscalizadora y parecía que los corruptos estaban sólo de un lado. “Las denuncias actuales demuestran que nadie es inmune a la corrupción y el reconocimiento que ha hecho Vázquez de ese matiz, sin perder la señas de identidad, es un avance en términos de cultura gubernamental”, dijo.
Para Adolfo Garcé, politólogo e investigador de Ciencias Políticas, la corrupción es inherente al ejercicio del poder: “El poder implica manejar recursos y siempre surge la tentación de manejar esos recursos en forma inapropiada. A medida que aumenta el lapso que se ejerce el poder, aumenta la probabilidad que existan casos de corrupción. Es una cuestión de tiempo, que no tiene color ideológico”.
La forma de actuación es distinta desde el gobierno que desde la oposición. A pesar de las sanas intenciones de erradicar la corrupción, la izquierda ha demostrado resistencias a investigar cuando el denunciado integra el propio partido.
“Se pregona transparencia pero se evalúa cómo y en que ámbito se ejerce porque entran a tallar consideraciones políticas inexorables. Es normal que los políticos calculen los costos de sus acciones y tiendan a minimizarlos”, indicó Garcé.
Cautela y defensa. En el nuevo escenario y con varios frentes al mismo tiempo es entendible que el gobierno “trate de hacer las cosas con mayor cautela”, opinó el sociólogo Eduardo Bottinelli, coordinador general de Factum.
Si empieza a cesar ante cada denuncia, le da la razón a los que acusan y precipita mayores acusaciones. “Una cosa es que la propia izquierda denuncie y proteja a la persona ante cualquier acusación, otra que proteja y no deje investigar porque en última instancia es una mala señal, en especial si la opinión pública interpreta que oculta información”, afirmó.
Para Romeo Pérez, director del CLAEH, el gobierno ha mostrado una línea defensiva ante las acusaciones: negación total, rechazo del núcleo duro, intención de invalidar el móvil o denunciar al denunciante por la intención política que lo inspira y, finalmente, reducir al mínimo los ámbitos de investigación.
En el caso Bengoa, por ejemplo, visualiza una señal de alerta porque se ha acumulado información que hace verosímil la denuncia, aunque no la acredita. A su juicio, si no se cometieron irregularidades, el gobierne hace mal en negarse a investigar porque genera suspicacias. En cambio, si sabe que está en riesgo que comprueben las irregularidades, se explica racionalmente la actitud. En todo caso, es un “exceso de solidaridad política” porque puede existir responsabilidad ética sin que exista responsabilidad jurídica.
“La izquierda mantiene una deuda en el análisis ético del caso porque, además, el involucrado tiene antecedentes de gestiones no favorables”, puntualizó, y agregó que es menos creíble que no se investigue cuando las denuncian parten del propio partido.
Por su parte, el sociólogo Juan Carlos Doyenart, director de la consultora Interconsult, afirmó que en los casos más resonados (gestión de Casinos y publicidad oficial en Maldonado) al gobierno le cuesta asumir un manejo claro de las denuncias porque hay sectores de peso involucrados: Asamblea Uruguay y Alianza Progresista. “Si los involucrados fueran independientes o tuvieran menos respaldo político, el presidente, por su temperamento y por su compromiso con el tema, hubiera tomado medidas más drásticas”, opinó.
Asimismo, agregó que las renuencias a investigar buscan evitar que el tema permanezca durante largos lapsos en la agenda pública. “Las comisiones se convierten en un estrado complejo y permanente de denuncias y estamos cada vez más cerca de las elecciones”, dijo Doyenart.
En el caso Bengoa, específicamente, el gobierno espera la resolución judicial y se ampara en ese argumento para evitar otros escenarios de investigación. Esa apuesta, no obstante, puede resultarle perjudicial. “Si la Justicia no actúa con rapidez, el concepto de ‘calumnia que algo queda´, aquello del ser y parecer, termina favoreciendo el juego de quien busca cuestionar el denunciado”, afirmó Caetano. Según el politólogo, a la izquierda le interesa deja claro que puede hacer política de otra manera, y la oposición intenta mostrar que “es más de lo mismo”. Dijo que la izquierda hoy enfrenta otro desafío y está procesando los aprendizajes de la trasformación. “Si tiene la convicción de que las denuncias son circo, tiene la legitimación para decir que no se presta a ese juego, pero debe persuadir a la ciudadanía de ello”.
Fuente: El Observador, 22 de setiembre
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