La APU presentó demuncia ante una comisión de la OEA
La Asociación de la Prensa de Uruguay (APU) marcó algunos casos vinculados a la falta de acceso a la información pública, que "indican que la cultura del secreto permanece totalmente vigente en el país y que la lucha por la apertura del Estado a los documentos estatales, por distintas vías recién comienza".
En ese sentido, la APU y el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA la primer denuncia contra el Estado uruguayo por un caso de acceso a la información.
Se trata del caso del periodista de San José, David Rabinovich, quien pidió a la Junta Departamental los registros de la comparecencia del contador general de la Intención en la Comisión de Hacienda del deliberativo, pero ello le fue negado y luego declarado reservado.
Posteriormente, la Justicia en dos instancias le negó a Rabinovich el derecho de acceder a esa información y puso en duda que la Convención Americana de Derechos Humanos tenga prevalencia sobre la Ley Orgánica Municipal que permite a las Juntas Departamentales declarar reservado cualquier información.
La denuncia ante la CIDH es por violación a los artículos 13 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Otro de los casos mencionados por APU refiere a una investigación iniciada por el Banco de Previsión Social (BPS), para conocer el origen de una "filtración" de datos de empresas que contrataron con la Intendencia Municipal de Montevideo que fueron publicados por el semanario Brecha.
La APU indicó que la investigación del BPS incluyó la citación de los dos periodistas de Brecha que hicieron la nota "para interrogarlos de manera improcedente sobre las fuentes de la información que publicaron" y que refería a la gestión de Juan Carlos Bengoa en los casinos municipales.
Los periodistas se negaron a revelar la identidad de sus fuentes informativas, lo que está reconocido por la ley 16.099, más conocida como ley de Prensa. "Llama la atención que el BPS abriera una investigación para determinar la `filtración` de datos de interés público y, más grave aún, llamar a los periodistas para que revelaran sus fuentes de información", expresó APU. Agregó que "también resulta cuestionable el hecho de que se haya negado a los periodistas el acceso a una copia de su declaración, lo cual implica que no se les haya otorgado las garantías del debido proceso".
APU cuestionó la negativa de ANTEL a dar datos sobe su gasto en publicidad. ANTEL sostuvo que mantiene el gasto en reserva porque es una empresa en competencia y rinde cuentas al Tribunal de Cuentas.
Fuente: El País, 19 de setiembre
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