En el menú está apelar a la Justicia para que obligue a los médicos a mantenerse en el MSP. Nadie quiere llegar al uso de la fuerza pública, pero está entre las posibilidades manejadas
Para el caso que el conflicto con los anestesistas y cirujanos entre en un callejón sin salida y más de 200 profesionales renuncien a sus cargos en Salud Pública, el gobierno analiza la adopción de medidas extremas para obligar a los médicos a permanecer en sus cargos y garantizar la atención a los usuarios.
Las opciones más radicales pasan por pedirle a la Justicia, a través de un recurso de amparo, que intervenga para evitar que estos médicos renuncien. También se puede votar una ley que autorice al gobierno a traer médicos del exterior para cubrir los cargos vacantes. Y por último, en un caso que en la izquierda ni siquiera se animan a comentar en voz alta, pueden utilizar la fuerza pública para obligar a los profesionales a concurrir a sus puestos de trabajo.
“Son posibilidades extremas que están ahí, pero nosotros queremos y vamos a agotar todos los recursos para evitar que se llegue a esa situación. Además, no creo que ellos (anestesistas y cirujanos) se expongan a eso”, dijo la ministra María Julia Muñoz al ser consultada por El Observador.
Dos dirigentes de la sociedad de cirugía, cuyos integrantes manejan renunciar en masa como lo hicieron los anestesistas, dijeron que, para obligarlos a deponer su actitud “el gobierno deberá adoptar Medidas Prontas de Seguridad”, una medida constitucional prevista para situaciones excepcionales.
Aunque el gobierno no quiere llegar adoptar medidas drásticas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y legisladores del Frente Amplio (FA) analizaron todos los escenarios posibles y pusieron arriba de la mesa un menú de opciones, confiaron a El Observador fuentes oficiales.
En la izquierda casi nadie ve con buenos ojos judicializar o militarizar el conflicto, ni traer médicos del exterior, pero todos entendieron que el presidente, Tabaré Vázquez, está dispuesto a utilizar todos los medios legales que dispone el gobierno para garantizar la asistencia.
Justicia. Muñoz y el subsecretario Miguel Fernández Galeano tienen en carpeta recortes de diarios argentinos donde, hace dos semanas, anestesistas de un hospital público de Neuquén quisieron renunciar a sus cargos y, ante un recurso de amparo presentado por autoridades locales, dos jueces los obligaron a permanecer en ellos. Los magistrados antepusieron el derecho de los pacientes a recibir asistencia, al derecho de los profesionales a decidir libremente dónde trabajar (ver nota aparte).
Los jerarcas del gobierno analizaron este antecedente con diputados y senadores del FA y evaluaron la posibilidad de solicitar a la Justicia que actúe en caso que se produzca la renuncia masiva de anestesistas y cirujanos. Ya lo hicieron 55 del Pereira Rossell y 95 más presentaron su dimisión en el Maciel, el Pasteur y el Instituto de Traumatología.
También evaluaron que ante la alarma pública generada por la falta masiva de estos médicos en los hospitales, un juez o fiscal podría actuar de oficio para preservar la asistencia de las personas con menores recursos que solo allí pueden recibir asistencia médica.
En el fallo judicial que obligó a los anestesistas de Neuquén a permanecer en sus puestos, la jueza expresa que “el médico no debe permitir que motivos de lucro influyan el ejercicio libre e independiente de su juicio profesional en favor de sus pacientes”.
Uso de la fuerza. En el FA son muchos los legisladores que están dispuestos a votar una ley especial que le permita al gobierno traer médicos del exterior (ya se habla de Cuba) para cubrir las vacantes que dejen los anestesistas y cirujanos renunciantes.
Pero otros, que además son médicos de profesión, como el diputado del MPP Álvaro Vega, no están dispuestos a votar una ley así. “Yo no pienso levantar la mano para semejante disparate”, dijo a El Observador. Otros hasta dicen que renunciarían al FA si esta alternativa tiene éxito.
La misma resistencia provoca en la izquierda un eventual uso de la fuerza para obligar con el Ejército o la Policía Militar a los anestesistas y cirujanos a concurrir todos los días que deban a sus puestos de trabajo.
Ni el gobierno ni el FA quiere llegar a tal extremo, pero los profesionales en conflicto ya se muestran desafiantes. Días atrás José Vera, presidente de la Sociedad de Anestesiología, preguntó: “¿Qué, acaso nos van a llevar a punta de bayoneta?”.
Fuente: El Observador, 27 de setiembre
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