El Parlamento podrá “dejar sin efecto el cese de un funcionario público”, según un nuevo texto acordado por la bancada oficialista para la Rendición de Cuentas, y para ello la Asamblea General tendrá un plazo de 60 días para pronunciarse.
Previamente, el funcionario tendrá varias alternativas, como por ejemplo la recapacitación, redistribución, acceder a retiros incentivados; el equivalente a 12 sueldos, o su jubilación siempre y cuando existan causales a estos efectos.
El tema -comprendido en el polémico artículo 12- fue discutido ayer durante un encuentro entre diputados, senadores y representantes de OPP y ONSC.
Tras la reunión, el diputado Doreen Ibarra (Fidel) informó a Ultimas Noticias que “lo que estamos planteando es que existan las máximas garantías para el funcionario que pase por esta situación”.
En ese sentido, el legislador oficialista recordó que “en caso que la función desaparezca” se le ofrecerá al trabajador acceder a una recapacitación, en caso que el funcionario no acceda, se le propondrá ser redistribuido en otra oficina.
De no prosperar estas primeras dos opciones, el trabajador podrá decidir por retiros incentivados a acceder a la jubilación si existieran causales.
Ibarra remarcó que, ante la eventualidad que se decida el cese del funcionario, se enviará tal resolución al parlamento, el cual podrá revocar tal determinación. Para ello los legisladores, tendrán un plazo de 60 días para pronunciarse.
Últimas Noticias, 1º de julio
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