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Declaraciones juradas. En promedio cada uno deberá abonar unos $ 7.400
El 93% de los contribuyentes que hasta el viernes habían presentado declaraciones juradas para la liquidación del IRPF por el período julio-diciembre de 2007, generó una deuda con la DGI que deberán pagar en tres cuotas.
Nelson Hernández, director de la DGI, dijo ayer a El País que hasta el viernes se habían recibido 13.761 declaraciones juradas de contribuyentes con más de un ingreso. De ese total, 900 resultaron con saldo a favor -en promedio montos superiores a $ 50 por persona-, que el organismo les devolverá en un plazo de 90 días.
En tanto, entre los 12.861 que tienen saldo a pagar, deberán abonar $ 96 millones en tres cuotas. Hernández dijo que cada cuota representará el 1,05% de los ingresos de estos contribuyentes.
En promedio, cada uno de estos contribuyentes debe unos $ 7.400.
Hernández dijo que la DGI está dispuesta a considerar situaciones particulares donde el saldo le implique dificultades al contribuyente para pagar. "Es posible que alguno no tenga los mismos ingresos que en 2007, pero si los mantiene no debería tener problema", dijo el director de Rentas.
El plazo para presentar estas declaraciones juradas vence el 27 de agosto. Hernández dijo que a la semana siguiente la DGI tendrá una evaluación de lo que ha significado la recaudación total del IRPF en el primer ejercicio de su vigencia (1° de julio al 31 de diciembre de 2007).
Interrogado respecto a la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio que reclamó que los cambios en el IRPF se realicen a la brevedad, Hernández dijo que la DGI no será "una traba a una decisión política".
"Si sale eso, se hace y se acabó", afirmó.
"Nosotros sí podemos hablar de cuales modificaciones nos pueden originar mayores o menores dificultades. Para nosotros la implantación del núcleo familiar significa mayores complejidades. Porque hay que analizar ya no la situación de un contribuyente en particular sino vincularlo con otro contribuyente u otra persona que ni siquiera es contribuyente", dijo.
Consideró que esa situación "puede provocar sí algún desajuste en el tiempo, es decir que no se pueden ajustar los sistemas informáticos en forma inmediata y pueden provocar un tema de inseguridad en el contribuyente en cuanto a la corrección o determinación de cuales son las retenciones que corresponden a cada mes, ya sea cuando reciba su liquidación de sueldos o cuando el que le pague los sueldos tome en consideración el mínimo vigente anterior o el siguiente", explicó Hernández.
Para el director de la DGI, la forma como se instrumentarán los cambios "es una decisión política".
Por su parte, el director de la OPP, Enrique Rubio, fue más allá de la propia declaración de la Mesa Política, al señalar que no sólo deberían instrumentarse a la brevedad los cambios, sino que además se tendría que simplificar el impuesto.
"Todo el gobierno está de acuerdo en que hay que levantar el mínimo no imponible lo más rápido que se pueda. Eso debe evaluarse con los datos de Economía, que es quien está haciendo los estudios finales. Estamos en la etapa de la evaluación final para la toma de decisiones políticas y cuanto antes se pueda hacer, mejor. Y cuanto más alto, mejor. Y cuanto más sencillo sea el trámite, mejor. Esa es la línea", sostuvo.
Según el director de la OPP, aún no hay una definición respecto al momento en que comenzarán a regir los cambios, "porque no está toda la información, que la va a dar el Ministerio de Economía supongo que al conjunto del gobierno".
La declaración del lunes de la Mesa Política del Frente Amplio, aún no fue analizada en filas de Asamblea Uruguay. La dirección del sector se reunirá el próximo lunes con Astori.
"La Mesa Política tiene soberanía para expedirse, pero una cosa es el rol de la fuerza política y otro el del gobierno", señaló el diputado Carlos Varela.
"No hay decisión del gobierno, no tenemos las cifras definitivas", agregó Varela y añadió que aún su sector no tiene opinión "porque el ministro no se ha expedido".
En una línea similar se pronunció el diputado José Mahía, quien indicó que el sector "no se reunió" y que recién lo hará el próximo lunes.
El que sí habló fue el senador del MPP José Mujica. "Yo soy viejo pero no tan bobo. ¿Usted cree que Astori con el partido que tiene por delante si puede no va a aflojar la maroma?", preguntó Mujica en alusión a la postulación del ministro como candidato del Frente Amplio.
Docentes con dos trabajos, molestos
Los docentes con multiempleo ven con preocupación el hecho de que ahora deban afrontar el pago de una deuda, en tres cuotas, con la DGI debido a una diferencia generada entre lo que se les descontó por IRPF en cada trabajo.
El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes), Aníbal Merino, dijo a El País que el tema será analizado a fondo en una asamblea de delegados que se realizará a fin de mes. Allí, dijo, se intentará "presionar" para lograr más cantidad de cuotas para facilitar el pago.
Una docente expresó su disconformidad en una carta abierta al ministro de Economía, Danilo Astori, (ver ECOS, página B7) en donde señala que la mayor preocupación de los docentes pasa "porque generamos una deuda de la que no éramos conscientes y que ahora hay que pagar en tres cuotas", y agrega que muchos de los profesores tienen que recurrir a préstamos para hacer frente a la deuda.
Merino señaló que el sindicato ha recibido en los últimos días muchas quejas de ese tenor. Agregó que más de la mitad de los docentes del país tienen que recurrir al multiempleo.
El País, 9 de julio
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