viernes, 18 de abril de 2008

Se constató hacinamiento de los internados en la Colonia Berro



Fiscal recorrió la Colonia Berro.
Denuncia penal por negativa a internar menor en el establecimiento

La denuncia penal que interpuso el director del Instituto de Rehabilitación Juvenil (Interj), Carlos Uriarte, contra los representantes de la Mesa Sindical de la Colonia Berro, por la negativa de internar a un menor en el establecimiento tuvo una nueva instancia en el día de ayer.
El juez penal de Pando, Gonzalo Silva, tomó declaración, como "testigos", al director del INAU, Víctor Giorigi, y al presidente del sindicato, Joselo López, así como a dos directoras de la Colonia Berro y dos funcionarios del organismo, uno del Hogar Ariel y el otro del Hogar Piedras.
El hecho destacado de la audiencia devino cuando López "invitó" a la fiscal de la causa, Nancy Hagopián, a concurrir a la Colonia Berro para comprobar "la realidad" sobre las "denuncias" del sindicato por las condiciones laborales y de reclusión de los internos.
La fiscal se dirigió de forma inmediata al establecimiento acompañada de personal de la Policía Técnica y recorrió distintos hogares de la Berro, así como aprovechó para dialogar con funcionarios sobre la realidad del centro, indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.
Los efectivos de Técnica procedieron a fotografiar las instalaciones, y en la recorrida se habría comprobado la veracidad de las denuncias del gremio sobre "una desproporción entre la cantidad de funcionarios y de internos", indicaron las fuentes Joselo López, en tanto, dijo que el sindicato estableció como "medida gremial" impedir la internación de menores en Berro, como forma de no sobrepasar la capacidad locativa del establecimiento, Giorgi, en tanto, dijo "abrigar la posibilidad" de que la sede "no continúe el proceso "adelante", en vista de que "el delito se diluye en parte porque se solucionó con la internación de esos menores en otros hogares" pero se debe considerar que, como forma "de organización del trabajo, no se puede admitir ningún tipo de 'derecho de admisión'" de menores.

La República, 18 de abril

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