Ley creará instituto para evaluar calidad educativa La Reforma Educativa incorporó un nuevo capítulo
Estará dirigido por un consejo honorario presidido por un delegado del MEC. Tendrá autonomía de la ANEP, presupuesto y personal propio para calificar a la enseñanza El gobierno creará un Instituto Nacional de Evaluación Educativo, con el objetivo de calificar el nivel de la enseñanza no universitaria, según establece el proyecto de ley de reforma educativa que hoy analizará el Consejo de Ministros en Anchorena y que la próxima semana será enviado al Parlamento. Los recursos para la enseñanza fueron prácticamente cuadriplicados en lo que va del período gubernamental (ver infografía en página 4) y el propio presidente Tabaré Vázquez expresó en el seno de su gabinete que ahora es momento de pedir resultados a las autoridades de la educación. El proyecto de ley de reforma educativa, modificado por la nueva ministra de Educación, María Simon, incorpora la creación del instituto de evaluación, que tendrá presupuesto y personal propio. El gobierno, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, no necesita votos opositores para sancionar el proyecto. El nuevo instituto estará presidido por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, dos designados por el Codicen, uno por la Universidad de la República y uno por educación privada. Ese organismo directriz se asemeja a la Coordinadora de la Enseñanza, un organismo que ha buscado sin éxito armonizar criterios entre los distintos niveles de la enseñanza. Entre los cometidos del organismo evaluador está el de “aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir información de calidad” y brindar “información acerca de los aprendizajes de los educandos”. El instituto deberá “rendir cuentas a la sociedad acerca del grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas”, dice el articulado. Agrega que también se deberá “favorecer la investigación educativa” y “proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos” de educación inicial, primaria y secundaria media. Criterios. Para la evaluación, el instituto tendrá en cuenta “la coherencia entre los currículos y recursos educativos con las orientaciones, principios y fines de la educación establecidos en la ley, la calidad de la formación y el desarrollo profesional de los docentes y la eficiencia de la administración de los recursos humanos y materiales disponibles y de las condiciones edilicias y de equipamiento de los centros educativos”. La calificación de los distintos niveles se realizará, agrega el proyecto, según normas técnicas e indicadores establecidos con anterioridad. Integración. El proyecto establece que el organismo directriz contará con recursos propios y será administrado por una Comisión Honoraria integrada por cinco miembros. El proyecto señala que los consejeros serán “profesionales con conocimiento en la materia, que aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño”. Agrega que durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos. Además, el organismo directriz tendrá un director ejecutivo, que será designado por la comisión honoraria mediante un concurso abierto de oposición y méritos, durando tres años en el cargo. Las resoluciones tomadas por el instituto podrán ser recusadas. “Una vez interpuesto el recurso, la Comisión dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, configurándose la denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo”, dice el articulado. Agrega que “denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo civil”.
Principios generales
El Estado garantizará educación de calidad para todos, toda la vida. Habrá educación continua en derechos humanos. Los padres asegurarán un mínimo de 900 horas anuales de actividades curriculares para sus hijos en Primaria y hasta tercer año de liceo. El Estado definirá las políticas educativas en forma soberana y no suscribirá acuerdos bilaterales o multilaterales que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo o alienten la mercantilización de la educación. Se asegurará en la enseñanza pública el acceso a las tecnologías de la información. Se permitirá la movilidad horizontal entre los distintos niveles y la educación a distancia. Se promoverá la inclusión de personas con discapacidad. Se validarán conocimientos y habilidades adquiridos en la vida para ascender de nivel educativo.
Gremios tendrán representantes en la cúpula directriz
La nueva ley mantiene los aspectos polémicos en cuanto a la designación de autoridades de la enseñanza. Consagra un concepto de cogobierno limitado que no es el que pretende el Partido Comunista (PCU), el Movimiento de Participación Popular (MPP) y los gremios de la enseñanza. Tres de los cinco miembros del Codicen “serán designados por el presidente de la República”, actuando en Consejo de Ministros. Su nombramiento requiere, como ahora, venia del Senado. Uno de estos tres será el presidente del órgano. Los otros dos integrantes del Codicen serán electos por los docentes. El PCU, el MPP y los gremios exigen que todos sean elegidos por los docentes. Eso sí, será condición excluyente para todos que tengan un mínimo de 10 años de docencia. En los consejos descentralizados (Educación Inicial, Primaria, Media Básica, Media Superior, Terciaria y Educación de Posgrado), dos de los tres miembros serán designados por el Codicen y uno por el orden docente correspondiente. Para los dos primeros se requiere el voto a favor de al menos cuatro de los cinco miembros del Codicen. Si pasan 60 días sin designación, alcanzará con el voto de tres integrantes del Codicen. Bastaría entonces con los tres que nombra el gobierno.
Estará dirigido por un consejo honorario presidido por un delegado del MEC. Tendrá autonomía de la ANEP, presupuesto y personal propio para calificar a la enseñanza El gobierno creará un Instituto Nacional de Evaluación Educativo, con el objetivo de calificar el nivel de la enseñanza no universitaria, según establece el proyecto de ley de reforma educativa que hoy analizará el Consejo de Ministros en Anchorena y que la próxima semana será enviado al Parlamento. Los recursos para la enseñanza fueron prácticamente cuadriplicados en lo que va del período gubernamental (ver infografía en página 4) y el propio presidente Tabaré Vázquez expresó en el seno de su gabinete que ahora es momento de pedir resultados a las autoridades de la educación. El proyecto de ley de reforma educativa, modificado por la nueva ministra de Educación, María Simon, incorpora la creación del instituto de evaluación, que tendrá presupuesto y personal propio. El gobierno, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, no necesita votos opositores para sancionar el proyecto. El nuevo instituto estará presidido por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, dos designados por el Codicen, uno por la Universidad de la República y uno por educación privada. Ese organismo directriz se asemeja a la Coordinadora de la Enseñanza, un organismo que ha buscado sin éxito armonizar criterios entre los distintos niveles de la enseñanza. Entre los cometidos del organismo evaluador está el de “aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir información de calidad” y brindar “información acerca de los aprendizajes de los educandos”. El instituto deberá “rendir cuentas a la sociedad acerca del grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas”, dice el articulado. Agrega que también se deberá “favorecer la investigación educativa” y “proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos” de educación inicial, primaria y secundaria media. Criterios. Para la evaluación, el instituto tendrá en cuenta “la coherencia entre los currículos y recursos educativos con las orientaciones, principios y fines de la educación establecidos en la ley, la calidad de la formación y el desarrollo profesional de los docentes y la eficiencia de la administración de los recursos humanos y materiales disponibles y de las condiciones edilicias y de equipamiento de los centros educativos”. La calificación de los distintos niveles se realizará, agrega el proyecto, según normas técnicas e indicadores establecidos con anterioridad. Integración. El proyecto establece que el organismo directriz contará con recursos propios y será administrado por una Comisión Honoraria integrada por cinco miembros. El proyecto señala que los consejeros serán “profesionales con conocimiento en la materia, que aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño”. Agrega que durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos. Además, el organismo directriz tendrá un director ejecutivo, que será designado por la comisión honoraria mediante un concurso abierto de oposición y méritos, durando tres años en el cargo. Las resoluciones tomadas por el instituto podrán ser recusadas. “Una vez interpuesto el recurso, la Comisión dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, configurándose la denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo”, dice el articulado. Agrega que “denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo civil”.
Principios generales
El Estado garantizará educación de calidad para todos, toda la vida. Habrá educación continua en derechos humanos. Los padres asegurarán un mínimo de 900 horas anuales de actividades curriculares para sus hijos en Primaria y hasta tercer año de liceo. El Estado definirá las políticas educativas en forma soberana y no suscribirá acuerdos bilaterales o multilaterales que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo o alienten la mercantilización de la educación. Se asegurará en la enseñanza pública el acceso a las tecnologías de la información. Se permitirá la movilidad horizontal entre los distintos niveles y la educación a distancia. Se promoverá la inclusión de personas con discapacidad. Se validarán conocimientos y habilidades adquiridos en la vida para ascender de nivel educativo.
Gremios tendrán representantes en la cúpula directriz
La nueva ley mantiene los aspectos polémicos en cuanto a la designación de autoridades de la enseñanza. Consagra un concepto de cogobierno limitado que no es el que pretende el Partido Comunista (PCU), el Movimiento de Participación Popular (MPP) y los gremios de la enseñanza. Tres de los cinco miembros del Codicen “serán designados por el presidente de la República”, actuando en Consejo de Ministros. Su nombramiento requiere, como ahora, venia del Senado. Uno de estos tres será el presidente del órgano. Los otros dos integrantes del Codicen serán electos por los docentes. El PCU, el MPP y los gremios exigen que todos sean elegidos por los docentes. Eso sí, será condición excluyente para todos que tengan un mínimo de 10 años de docencia. En los consejos descentralizados (Educación Inicial, Primaria, Media Básica, Media Superior, Terciaria y Educación de Posgrado), dos de los tres miembros serán designados por el Codicen y uno por el orden docente correspondiente. Para los dos primeros se requiere el voto a favor de al menos cuatro de los cinco miembros del Codicen. Si pasan 60 días sin designación, alcanzará con el voto de tres integrantes del Codicen. Bastaría entonces con los tres que nombra el gobierno.
El Observador, 16 e abril
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