Sin embargo, vicepresidente
Lara pidió informes al BROU sobre deudas de Nin Novoa
El senador Julio Lara (Alianza Nacional) presentó dos pedidos de informes ante el Banco República para “despejar las interrogantes” generadas a raíz de un artículo publicado ayer por el semanario Búsqueda acerca de cómo saldó sus deudas con esa institución el vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa.
Según lo publicado ayer por Búsqueda, dirigentes “opositores y oficialistas” investigan a través de qué procedimiento el líder de Alianza Progresista (AP) levantó dos meses después de asumir como vicepresidente, en marzo de 2005, un embargo de “créditos, derechos y acciones” en su contra por deudas contraídas con el banco estatal.
En agosto de 1991 el BROU le prestó 11.520 dólares al entonces intendente de Cerro Largo por el Partido Nacional, y casi cuatro años después esa deuda ascendía a 20.655 dólares. En mayo de 1995, un Juzgado Letrado de Cerro Largo resolvió trabar el mencionado embargo contra Nin, que no había pagado nada.
Un abogado del BROU, Fernando Rondán, calculó en agosto de 2000 que correspondía reclamar al entonces integrante del Encuentro Progresista 136.336 dólares, por concepto de deuda más intereses y recargos. En mayo de 2005, la jueza Rossana Canclini decretó el levantamiento del embargo a solicitud de una abogada del BROU que le informó que Nin Novoa había saldado sus compromisos con la entidad.
En un peculiar diálogo con el semanario (en el que el vicepresidente comentó al comienzo “La tienen conmigo ustedes, ¿eh? Qué lo parió”, terminó diciendo al periodista: “Bueno, vamos a ver si no toma juicio en la redacción de la nota”; y por la mitad le replicó: “¿Y usted qué se cree que es? ¿Usted se cree que es un juez para preguntarme esa cosa? Yo la verdad que no puedo entender la lógica periodística de ustedes”), Nin Novoa negó que haya recibido algún tratamiento especial en ese proceso y arguyó que el levantamiento del embargo se resolvió a través de un fideicomiso y no de una “solución personal” con las autoridades del BROU.
El vicepresidente dijo que la negociación para regularizar su situación fue iniciada “antes de asumir” su actual cargo y que la primera información que le dieron fue que debía abonar 8.000 dólares. Pero “el día que fui a pagar me dijeron que la cifra la habían sacado mal y eran 14 mil [dólares]”, señaló.
La nota de Búsqueda también hace hincapié en que al momento de presentar una declaración jurada ante la llamada Junta Anticorrupción en 2005, el líder de AP no informó que estaba embargado.
Juan José Cladera, integrante del directorio del BROU, dijo a la diaria que el caso de Nin Novoa tuvo el “mismo tratamiento que el de cualquier hijo de vecino”, explicando que el embargo se levantó en 2005 “porque pagó toda la deuda” y que “pudo haber quitas normales”en las pautas establecidas para el fideicomiso.
“Este caso no tuvo ningún tratamiento especial o excepcional”, aseguró.
En la noche de ayer, dirigentes de AP analizaban si la denuncia justificaba una respuesta pública.
“Lo que sí queda claro es que hay una campaña sistemática contra Rodolfo”, comentó un representante de ese grupo.
Otros legisladores blancos preparan pedidos de informes similares al de Lara. Diputados analizan, entre otras cosas, qué prevé la normativa acerca del levantamiento del secreto bancario en los pedidos de informes que involucran a otros legisladores.
En sus escritos Lara pidió un “detalle” de los préstamos otorgados por el BROU a Nin Novoa, que especifique “montos y garantías” así como fechas y montos de los pagos efectuados. En caso de que se hayan registrado incumplimientos, el senador blanco quiere sabe qué gestiones judiciales y extrajudiciales llevó adelante el BROU para recuperar lo adeudado, en particular “trabas de embargo generales o específicos y montos de deuda”. El segundo informe refiere a un préstamo hipotecario otorgado por el mismo BROU a Enildo de Sosa Viera, con garantía hipotecaria sobre una estancia de 473 hectáreas ubicada en Cerro Largo. Lara pregunta si esa deuda fue cancelada y “quién lo hizo”. En la declaración jurada que Nin Novoa presentó en marzo de 2007 ante la Junta Anticorrupción aparece una deuda de 33 mil dólares con “sucesores Enildo Viera” y se indica que el vicepresidente era propietario de un tercio de ese predio en Cerro Largo, que costaba en marzo del año pasado 101.543 dólares.
Según el informe de Búsqueda, Nin Novoa había iniciado los trámites para comprar esa estancia junto a dos de sus hermanos cuatro meses después de levantar el embargo.
La Diaria, 18 de abril
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