El amor en los tiempos de la cólera
En las capas medias y entre los sectores más pobres –bases sociales históricas de la izquierda– la política del gobierno progresista está lejos de provocar entusiasmo. Esta carencia la sufre el Frente Amplio, que sigue sin aparecer como el motor movilizador que fue. La siguiente cobertura se adentra en esa problemática, y comprende una entrevista al presidente del FA, Jorge Brovetto. La relación del oficialismo (gobierno y fuerza política) con la base social que históricamente apoyó al Frente Amplio (FA) parece deteriorarse con el transcurso del tiempo. Una importante parte de la resistencia y el malestar ante los cambios implementados tiene como protagonistas a trabajadores organizados, a profesionales universitarios, a gente de la cultura, y a los funcionarios de los entes. Por ejemplo, las críticas a la reforma tributaria, y especialmente al irpf, provienen en buena parte de los sectores de ingresos medios. A su vez, los empleados de las empresas públicas han abierto un frente poniendo en duda la justicia de sus aportes al Fonasa. Por otro lado, aquellos que fueron claramente beneficiados por el Plan de Emergencia, o por la sustitución del irp por el irpf, no se expresan o –lo que es peor– en ellos repica la disconformidad de los sectores de ingresos medios. La primera manifestación de los clasificadores de residuos ante la Intendencia de Montevideo prendió una luz amarilla frente a la dirigencia frenteamplista, mostrando que no existe una identificación automática entre la condición de beneficiados por el Plan de Emergencia y su posicionamiento ante la administración frenteamplista, sea ella nacional o municipal. El diputado oficialista Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista) advirtió a Brecha que “a nivel de las prioridades de gobierno, la izquierda ha sido coherente con su compromiso político y ético de favorecer a los más desvalidos. Eso se evidencia en la concreción de elementos de políticas sociales como el Plan de Emergencia y su cruce con la evolución de la seguridad social, el avance en la legislación laboral y la reforma de la salud”. Sin embargo, agregó, “también es objetivo que no hemos puesto ese acento en el conjunto de sectores sociales históricamente identificados con la izquierda y que han sido su base social (trabajadores y capas medias). Sobre todo no ha habido, en estos tres años, medidas concretas y simbólicas en relación con los sectores medios. Creo que ello se justifica por la prioridad en atender a los más pobres y por las restricciones presupuestales”. Por consiguiente, “la combinación de la primera etapa del irpf con el Fonasa y algunas otras medidas como la contribución inmobiliaria generan una presión económica (justificada en una propuesta general de largo plazo) sobre esos sectores, creando un problema político que debemos contemplar para el final del período de gobierno”. Esa reacción adversa de la denominada “clase media” ha motivado algunas reflexiones de ciertos dirigentes frenteamplistas y algunos periodistas de izquierda, centradas en advertir que el “ser de izquierda se termina cuando a la persona se le toca el bolsillo”. Sin embargo, no deja de ser un razonamiento reduccionista. Por ejemplo, la reforma tributaria, sin dudas mejor que el sistema impositivo vigente hasta el 30 de junio de 2007, tiene algunos puntos débiles. Uno de ellos es el bajo piso donde arranca el irpf (hasta ahora es de poco más de 8 mil pesos, cuando la canasta familiar es de 32 mil mensuales); el otro es la rebaja del 5 por ciento en el gravamen al capital (del 30 al 25). Los sueldos mayores a 18.500 pesos líquidos mensuales comienzan a tributar más por irpf que por su antecesor, el irp. Se trata de una franja de asalariados muy alejada de la categoría de “oligarcas”. Pero la contracara que no debe obviarse es que la mayoría de los asalariados y jubilados no tributan o pagan menos que antes. Si se toman los indicadores internacionales en el sentido de que quienes superan los 200 dólares mensuales no pueden ser considerados pobres, hay una franja desde esa cifra hasta los 18.500 pesos que debería mostrar su conformidad con la reforma tributaria. Sin embargo, y más allá de que los sectores medios críticos son formadores de opinión, otro fenómeno ha aparecido para enturbiar el panorama: la inflación de los productos básicos de la canasta alimentaria. El aumento en los alimentos es superior al ipc y ello repercute fuertemente en los sectores pobres, donde la alimentación se lleva del 40 al 60 por ciento del ingreso (véase página 11). Ortuño opinó que para el tramo final del gobierno se debe subir el mínimo no imponible del irpf y correr todas las franjas sucesivamente, como forma de aliviar la presión sobre trabajadores y sectores medios. “Se debe aflojar en el medio y gravar más hacia arriba”, afirmó. El diputado también sostuvo que debe ampliarse la política de asignaciones familiares, subsidiar los productos de la canasta básica, aprobar proyectos que fomenten las cooperativas y las pymes, amén de otros aspectos culturales que son caros a la tradición de la izquierda, como la legalización del aborto. Otros dirigentes, como Carlos Coitiño (pvp), sostienen que hay una “temperatura social de inconformidad”, que corresponde a la percepción de que no se ha cambiado el patrón de redistribución de la riqueza, por lo cual es necesario rediscutir la política macroeconómica, en la dirección de gravar a los poderosos económicamente. Por su lado, el senador comunista Eduardo Lorier indicó a Brecha que es sintomático que las cámaras empresariales no se manifiesten hoy contra la reforma tributaria. Ello, dijo, podría ser consecuencia de la imposición de un nuevo consenso social, pero como quienes más protestan son trabajadores y sectores medios, se puede concluir que es en la baja imposición del capital que reside la razón del silencio empresarial. En el fa hay una percepción clara de que se está frente a un problema serio, que puede tener repercusiones electorales. Esa es al menos la lectura que se hace de la tendencia a la baja de la fuerza política en las distintas encuestas de opinión. De ahí el planteo de aumentar los beneficiarios de las políticas gubernamentales, más allá de lo alcanzado con los indigentes y de reformas como la de la salud, que ha extendido la cobertura sanitaria a prácticamente toda la población. La excepción la constituyen esos centenares de miles de jubilados que ganan más de 4.400 pesos y hoy no tienen cobertura sanitaria por vía de la seguridad social. DEL AMOR A LA DUDA. Si la política ensayada por el gobierno no ha entusiasmado a parte importante de su base social, la inconformidad no puede explicarse únicamente por la ausencia de medidas que la favorezcan económicamente. Es difícil que alguien pueda sostener que vive peor que durante las administraciones anteriores. Seguramente incida en ese estado de ánimo la insatisfacción de las expectativas respecto a la administración progresista. O tal vez influyan factores culturales de ampliación de libertades y derechos que no se han concretado. Un ejemplo claro en esa dirección es la no concreción de la ley de salud reproductiva, con la despenalización del aborto, o que no se haya legislado sobre los beneficios jubilatorios de los artistas, entre otros temas. En la disputa por establecer un consenso social que acompañe al gobierno ha habido un ausente notorio: el fa, que ha tenido escasa participación en la discusión sobre las medidas estratégicas del gobierno. Esto ha llevado, en opinión del diputado emepepista Héctor Tajam, a que no exista “convencimiento de nuestra propia gente del plan y los hechos de gobierno que se van generando. Los militantes frenteamplistas no están del todo convencidos de que lo necesario y posible es lo que se hace. Por eso ha sucedido que quien tenía que ser el vínculo con las fuerzas sociales, no lo fue”. Para Ortuño, otro factor es que “no se concretaron las políticas de concertación social en torno a un proyecto de desarrollo. Demoramos en instalar el Consejo de Economía Nacional y no se lo ha jerarquizado. Hay que recordar que uno de los pilares del triunfo fue la Concertación para el Crecimiento, donde los actores políticos coordinamos con los sociales”. El diputado reconoció que “tal vez no ha habido la capacidad de delinear un proyecto país y cuáles son los acuerdos sociales para sostenerlo”. Ello trajo aparejado, en su opinión, que se agravaran las tendencias corporativas, lo cual “se ha transformado en un obstáculo para el gobierno”. En la óptica de Ortuño, el problema para el gobierno, además de las continuas demandas sindicales, es que en ciertos conflictos, como el actual en la educación, los sectores afines al gobierno se han retirado de las discusiones, dejando el camino expedito a los sectores ultras no frenteamplistas. Esos episodios parecen demostrar las dificultades del fa en asumir la tarea de generar la hegemonía que exige el proyecto progresista. “Quizá estemos perdiendo la batalla ideológica”, deslizó Ortuño en relación con las dificultades del gobierno con su base social.
Fuente: Brecha, 25 de abril
En las capas medias y entre los sectores más pobres –bases sociales históricas de la izquierda– la política del gobierno progresista está lejos de provocar entusiasmo. Esta carencia la sufre el Frente Amplio, que sigue sin aparecer como el motor movilizador que fue. La siguiente cobertura se adentra en esa problemática, y comprende una entrevista al presidente del FA, Jorge Brovetto. La relación del oficialismo (gobierno y fuerza política) con la base social que históricamente apoyó al Frente Amplio (FA) parece deteriorarse con el transcurso del tiempo. Una importante parte de la resistencia y el malestar ante los cambios implementados tiene como protagonistas a trabajadores organizados, a profesionales universitarios, a gente de la cultura, y a los funcionarios de los entes. Por ejemplo, las críticas a la reforma tributaria, y especialmente al irpf, provienen en buena parte de los sectores de ingresos medios. A su vez, los empleados de las empresas públicas han abierto un frente poniendo en duda la justicia de sus aportes al Fonasa. Por otro lado, aquellos que fueron claramente beneficiados por el Plan de Emergencia, o por la sustitución del irp por el irpf, no se expresan o –lo que es peor– en ellos repica la disconformidad de los sectores de ingresos medios. La primera manifestación de los clasificadores de residuos ante la Intendencia de Montevideo prendió una luz amarilla frente a la dirigencia frenteamplista, mostrando que no existe una identificación automática entre la condición de beneficiados por el Plan de Emergencia y su posicionamiento ante la administración frenteamplista, sea ella nacional o municipal. El diputado oficialista Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista) advirtió a Brecha que “a nivel de las prioridades de gobierno, la izquierda ha sido coherente con su compromiso político y ético de favorecer a los más desvalidos. Eso se evidencia en la concreción de elementos de políticas sociales como el Plan de Emergencia y su cruce con la evolución de la seguridad social, el avance en la legislación laboral y la reforma de la salud”. Sin embargo, agregó, “también es objetivo que no hemos puesto ese acento en el conjunto de sectores sociales históricamente identificados con la izquierda y que han sido su base social (trabajadores y capas medias). Sobre todo no ha habido, en estos tres años, medidas concretas y simbólicas en relación con los sectores medios. Creo que ello se justifica por la prioridad en atender a los más pobres y por las restricciones presupuestales”. Por consiguiente, “la combinación de la primera etapa del irpf con el Fonasa y algunas otras medidas como la contribución inmobiliaria generan una presión económica (justificada en una propuesta general de largo plazo) sobre esos sectores, creando un problema político que debemos contemplar para el final del período de gobierno”. Esa reacción adversa de la denominada “clase media” ha motivado algunas reflexiones de ciertos dirigentes frenteamplistas y algunos periodistas de izquierda, centradas en advertir que el “ser de izquierda se termina cuando a la persona se le toca el bolsillo”. Sin embargo, no deja de ser un razonamiento reduccionista. Por ejemplo, la reforma tributaria, sin dudas mejor que el sistema impositivo vigente hasta el 30 de junio de 2007, tiene algunos puntos débiles. Uno de ellos es el bajo piso donde arranca el irpf (hasta ahora es de poco más de 8 mil pesos, cuando la canasta familiar es de 32 mil mensuales); el otro es la rebaja del 5 por ciento en el gravamen al capital (del 30 al 25). Los sueldos mayores a 18.500 pesos líquidos mensuales comienzan a tributar más por irpf que por su antecesor, el irp. Se trata de una franja de asalariados muy alejada de la categoría de “oligarcas”. Pero la contracara que no debe obviarse es que la mayoría de los asalariados y jubilados no tributan o pagan menos que antes. Si se toman los indicadores internacionales en el sentido de que quienes superan los 200 dólares mensuales no pueden ser considerados pobres, hay una franja desde esa cifra hasta los 18.500 pesos que debería mostrar su conformidad con la reforma tributaria. Sin embargo, y más allá de que los sectores medios críticos son formadores de opinión, otro fenómeno ha aparecido para enturbiar el panorama: la inflación de los productos básicos de la canasta alimentaria. El aumento en los alimentos es superior al ipc y ello repercute fuertemente en los sectores pobres, donde la alimentación se lleva del 40 al 60 por ciento del ingreso (véase página 11). Ortuño opinó que para el tramo final del gobierno se debe subir el mínimo no imponible del irpf y correr todas las franjas sucesivamente, como forma de aliviar la presión sobre trabajadores y sectores medios. “Se debe aflojar en el medio y gravar más hacia arriba”, afirmó. El diputado también sostuvo que debe ampliarse la política de asignaciones familiares, subsidiar los productos de la canasta básica, aprobar proyectos que fomenten las cooperativas y las pymes, amén de otros aspectos culturales que son caros a la tradición de la izquierda, como la legalización del aborto. Otros dirigentes, como Carlos Coitiño (pvp), sostienen que hay una “temperatura social de inconformidad”, que corresponde a la percepción de que no se ha cambiado el patrón de redistribución de la riqueza, por lo cual es necesario rediscutir la política macroeconómica, en la dirección de gravar a los poderosos económicamente. Por su lado, el senador comunista Eduardo Lorier indicó a Brecha que es sintomático que las cámaras empresariales no se manifiesten hoy contra la reforma tributaria. Ello, dijo, podría ser consecuencia de la imposición de un nuevo consenso social, pero como quienes más protestan son trabajadores y sectores medios, se puede concluir que es en la baja imposición del capital que reside la razón del silencio empresarial. En el fa hay una percepción clara de que se está frente a un problema serio, que puede tener repercusiones electorales. Esa es al menos la lectura que se hace de la tendencia a la baja de la fuerza política en las distintas encuestas de opinión. De ahí el planteo de aumentar los beneficiarios de las políticas gubernamentales, más allá de lo alcanzado con los indigentes y de reformas como la de la salud, que ha extendido la cobertura sanitaria a prácticamente toda la población. La excepción la constituyen esos centenares de miles de jubilados que ganan más de 4.400 pesos y hoy no tienen cobertura sanitaria por vía de la seguridad social. DEL AMOR A LA DUDA. Si la política ensayada por el gobierno no ha entusiasmado a parte importante de su base social, la inconformidad no puede explicarse únicamente por la ausencia de medidas que la favorezcan económicamente. Es difícil que alguien pueda sostener que vive peor que durante las administraciones anteriores. Seguramente incida en ese estado de ánimo la insatisfacción de las expectativas respecto a la administración progresista. O tal vez influyan factores culturales de ampliación de libertades y derechos que no se han concretado. Un ejemplo claro en esa dirección es la no concreción de la ley de salud reproductiva, con la despenalización del aborto, o que no se haya legislado sobre los beneficios jubilatorios de los artistas, entre otros temas. En la disputa por establecer un consenso social que acompañe al gobierno ha habido un ausente notorio: el fa, que ha tenido escasa participación en la discusión sobre las medidas estratégicas del gobierno. Esto ha llevado, en opinión del diputado emepepista Héctor Tajam, a que no exista “convencimiento de nuestra propia gente del plan y los hechos de gobierno que se van generando. Los militantes frenteamplistas no están del todo convencidos de que lo necesario y posible es lo que se hace. Por eso ha sucedido que quien tenía que ser el vínculo con las fuerzas sociales, no lo fue”. Para Ortuño, otro factor es que “no se concretaron las políticas de concertación social en torno a un proyecto de desarrollo. Demoramos en instalar el Consejo de Economía Nacional y no se lo ha jerarquizado. Hay que recordar que uno de los pilares del triunfo fue la Concertación para el Crecimiento, donde los actores políticos coordinamos con los sociales”. El diputado reconoció que “tal vez no ha habido la capacidad de delinear un proyecto país y cuáles son los acuerdos sociales para sostenerlo”. Ello trajo aparejado, en su opinión, que se agravaran las tendencias corporativas, lo cual “se ha transformado en un obstáculo para el gobierno”. En la óptica de Ortuño, el problema para el gobierno, además de las continuas demandas sindicales, es que en ciertos conflictos, como el actual en la educación, los sectores afines al gobierno se han retirado de las discusiones, dejando el camino expedito a los sectores ultras no frenteamplistas. Esos episodios parecen demostrar las dificultades del fa en asumir la tarea de generar la hegemonía que exige el proyecto progresista. “Quizá estemos perdiendo la batalla ideológica”, deslizó Ortuño en relación con las dificultades del gobierno con su base social.
Fuente: Brecha, 25 de abril
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