Apuremos el trámite
El FA convocará a la Asamblea General para adelantar la cobertura de vacante en la SCJ La bancada del Frente Amplio resolvió convocar a una Asamblea General para “dialogar” sobre la integración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Desde el 9 de febrero, el TCA tiene un integrante menos porque la oposición se ha negado a votar la venia para un reemplazo, y lo mismo sucederá probablemente con la SCJ, de la que se retiró hace pocos días Sara Bossio. Mientras no se designe a quien la sustituya, los expedientes sobre la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades se sortearán entre los integrantes de tribunales de apelación. Si no hay acuerdo parlamentario para cubrir la vacante en la SCJ, hay que esperar 90 días para que ingrese el juez con mayor antigüedad. El FA propondrá a la oposición que se acorte ese plazo, dado que está en juego un “tema delicado”. “Es una responsabilidad institucional, si no, va a haber mucha zozobra al sortear los expedientes”, dijo a la diaria el coordinador de la bancada de diputados del FA, Aníbal Pereyra. Por otra parte, y tras varias idas y venidas, los dos sectores blancos mayoritarios (Alianza Nacional y el Herrerismo) acordaron que es oportuno interpelar al ministro de Economía, Danilo Astori, y al de Trabajo, Eduardo Bonomi, a propósito de los mencionados fallos de la SCJ. El sector que conduce Luis Alberto Lacalle ya había manifestado su interés en convocar a los ministros, y el interpelante será el diputado herrerista Pablo Abdala. El líder aliancista, Jorge Larrañaga, sigue a la espera de una respuesta a su pedido de reunión con el presidente Tabaré Vázquez para discutir “mano a mano” tales fallos. El planteo de Larrañaga de derogar el IRPF a los pasivos antes de negociar a nivel político la designación del quinto miembro de la Corte provocó malestar en el Ejecutivo. El director de la OPP, Enrique Rubio, dijo ayer a la salida de su reunión con el PIT-CNT que ese condicionamiento es “casi un exabrupto” y que el gobierno “no está dispuesto a condicionar nada en materia de respeto de la institucionalidad”.
La Diaria, 16 de abril
El FA convocará a la Asamblea General para adelantar la cobertura de vacante en la SCJ La bancada del Frente Amplio resolvió convocar a una Asamblea General para “dialogar” sobre la integración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Desde el 9 de febrero, el TCA tiene un integrante menos porque la oposición se ha negado a votar la venia para un reemplazo, y lo mismo sucederá probablemente con la SCJ, de la que se retiró hace pocos días Sara Bossio. Mientras no se designe a quien la sustituya, los expedientes sobre la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades se sortearán entre los integrantes de tribunales de apelación. Si no hay acuerdo parlamentario para cubrir la vacante en la SCJ, hay que esperar 90 días para que ingrese el juez con mayor antigüedad. El FA propondrá a la oposición que se acorte ese plazo, dado que está en juego un “tema delicado”. “Es una responsabilidad institucional, si no, va a haber mucha zozobra al sortear los expedientes”, dijo a la diaria el coordinador de la bancada de diputados del FA, Aníbal Pereyra. Por otra parte, y tras varias idas y venidas, los dos sectores blancos mayoritarios (Alianza Nacional y el Herrerismo) acordaron que es oportuno interpelar al ministro de Economía, Danilo Astori, y al de Trabajo, Eduardo Bonomi, a propósito de los mencionados fallos de la SCJ. El sector que conduce Luis Alberto Lacalle ya había manifestado su interés en convocar a los ministros, y el interpelante será el diputado herrerista Pablo Abdala. El líder aliancista, Jorge Larrañaga, sigue a la espera de una respuesta a su pedido de reunión con el presidente Tabaré Vázquez para discutir “mano a mano” tales fallos. El planteo de Larrañaga de derogar el IRPF a los pasivos antes de negociar a nivel político la designación del quinto miembro de la Corte provocó malestar en el Ejecutivo. El director de la OPP, Enrique Rubio, dijo ayer a la salida de su reunión con el PIT-CNT que ese condicionamiento es “casi un exabrupto” y que el gobierno “no está dispuesto a condicionar nada en materia de respeto de la institucionalidad”.
La Diaria, 16 de abril
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