Informe de la Cepal: precios de alimentos y pobreza

Aumento de precios generaría crecimiento de la pobreza e indigencia en Latinoamérica. El alza intensa y persistente de los precios internacionales de los alimentos puede aumentar la pobreza y la indigencia en más de diez millones de personas en América Latina y el Caribe, según aseguró el secretario ejecutivo de la Cepal, José Luis Machinea. Para evitar esta situación se deben tomar medidas urgentes para evitar los efectos de estas alzas. El incremento de los precios internacionales es un fenómeno que se manifiesta desde hace varios años pero que se ha acelerado en los últimos doce meses. Especialmente preocupante son las alzas en los precios del maíz, el trigo, el arroz, y oleaginosas, que en algunos casos superan el 100'%. Desde principios del 2006 y especialmente desde 2007 los índices de precios al consumidor de alimentos se han acelerado en la mayoría de las economías de la región, registrando un ritmo anual que oscila entre 6% y 20% en los distintos países, con un promedio cercano al 15%. Partiendo de las proyecciones de indigencia realizadas para 2007, la Comisión Económica Para América Latina (Cepal) calcula que un incremento del 15% en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en casi tres puntos, de 12.7% a 15.9%. Ello implica que esa alteración de los precios provocaría que 15,7 millones más de latinoamericanos caigan en la indigencia. En el caso de la pobreza, los aumentos son parecidos ya que la misma cantidad de personas pasaría a ser pobre. Pero si se considera una mejora de los ingresos de los hogares del 5%, similar al promedió de la inflación regional, alrededor de diez millones de personas pasarían a la indigencia como consecuencia del aumento de precios. Un contingente similar pasaría a la condición de pobres. Esto sin contar con el agravamiento de la situación social de las personas que previo a estos aumentos ya vivían en la pobreza e indigencia. "Esto representa una situación dramática para un vasto contingente de personas", señala el secretario ejecutivo de la Cepal. Estas cifras demuestran los claros efectos negativos del aumento del precio de los alimentos sobre el bienestar de la población. Pero el panorama se complica aún más por los efectos de los incrementos que están experimentando los combustibles que impactan las tarifas del transporte y de varios servicios públicos. "Por lo tanto, resulta de la mayor prioridad poner en marcha y/o mantener políticas dirigidas a morigerar esos efectos", indica José Luis Machinea. Las políticas que pueden desplegarse son de diverso tipo y dependerán de la realidad de cada país y la experiencia que tengan en el manejo de diversos instrumentos o su situación fiscal. El secretario ejecutivo de la Cepal recomienda que estas políticas incluyan acciones que disminuyan las alzas de los precios de los alimentos en los mercados internos y/o mejoren los ingresos de la población, especialmente de los sectores de bajos recursos. Entre las que apuntan al primer objetivo se encuentran las reducciones de aranceles y/o de impuestos al consumo. Entre las segundas, los subsidios focalizados a ciertos sectores -o las alzas de los subsidios ya existentes- aparecen entre los posibles mecanismos. Asimismo, se estima necesario un aporte excepcional proveniente de los países desarrollados y, en cierta medida, de los países de ingreso medio que son exportadores netos de alimentos, a programas y organismos, como el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que puedan llevar ayuda de emergencia a poblaciones en situación de riesgo. Dado que los altos precios de los alimentos "vinieron para quedarse" y no parecen obedecer a una situación transitoria, finalmente el secretario ejecutivo de la Cepal recomienda, además de mantener políticas específicas destinadas a los sectores de menos recursos, impulsar propuestas de mediano y largo plazo destinadas a incrementar la oferta y la productividad de manera sustentable. El informe: Diversos factores han provocado un incremento de los precios internacionales de alimentos. Si bien la tendencia alcista se manifiesta desde hace varios años, el aumento ha sido más intenso y persistente durante los últimos doce meses, superando el 50% en dicho período según el índice de la Unctad. Los aumentos han sido superiores para el maíz, el trigo, el arroz y algunas oleaginosas, llegando en algunos casos a incrementos superiores al 100%. Esta evolución de los mercados internacionales ha tenido las esperadas repercusiones sobre los precios internos de los alimentos en la mayoría de los países del mundo, y los de América Latina y el Caribe no han sido una excepción. Las naciones importadoras de alimentos deben pagar cada vez más por las compras que realizan en el exterior para abastecer sus mercados internos. Pero también aquellas que son productoras, especialmente las que también exportan, han visto elevados sus precios internos ya que ellos están fuertemente influidos por las cotizaciones internacionales. De esta manera, desde principios del 2006 y especialmente desde 2007, los índices de precios al consumidor de alimentos se han acelerado en la mayoría de las economías de la región, registrando actualmente un ritmo anual que oscila entre 6% y 20% en los distintos países, con un promedio cercano al 15%. En los casos en que ha habido menores aumentos, probablemente ello sea consecuencia de políticas específicas destinadas a reducir el impacto del incremento del precio de los productos básicos. La suba de los precios de los alimentos castiga con especial dureza a quienes deben destinar una mayor proporción de sus ingresos para adquirirlos. Cuanto menor sea el ingreso que dispone una familia, un porcentaje mayor se destina a alimentos básicos para cubrir sus requerimientos nutricionales. Si los precios de los alimentos básicos se elevan más que otros bienes, significa que es en los gastos de los más pobres donde se concentra mayor inflación relativa. Lo que implica que la situación que vivimos tiene un claro impacto distributivo regresivo. Piénsese, además, que en varios países el aumento del valor de una canasta típica de consumo para estos sectores debió ser incluso bastante superior a aquel porcentaje debido al alto contenido (directo e indirecto) de productos como trigo o el maíz que, como ya se señaló, registraron fuertes alzas en su precios internacionales. No sólo el efecto distributivo castiga a los que menos tienen, sino también provoca un aumento neto en el porcentaje de indigentes (pobres extremos) y pobres en los países de la región, porque en el caso de muchas familias de menores recursos, si no ven claramente incrementados sus ingresos disponibles, dejarán de cubrir una canasta básica de alimentos debido al aumento en el precio de los mismos. Y también se elevará la proporción de hogares pobres, aquellos cuyos recursos corrientes resultan inferiores al conjunto de la canasta básica que incluye alimentos pero también otros bienes que no son alimentos, y que sube por lo acontecido con la dinámica de los precios de los primeros. Las estimaciones que realiza regularmente Cepal de la incidencia de la pobreza y la indigencia para los países de América Latina constituyen una base para cuantificar el impacto que estarían teniendo las alzas de los precios de alimentos sobre esas variables. Partiendo de las proyecciones de la indigencia realizadas para 20071 se ha calculado que un incremento del 15% en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en casi tres puntos -de 12,7% a 15,9%. Ello implica que esa alteración de los precios provocaría que 15,7 millones más de latinoamericanos caigan en la indigencia. En el caso de la pobreza, los aumentos son parecidos ya que una cantidad similar de residentes en la región pasarían a ser pobres. Cabe resaltar que esas cifras y proyecciones se formulan sin tomar en cuenta los eventuales cambios en los ingresos de las personas y familias, ni los cambios en los precios de los bienes y servicios no alimenticios. Los cálculos realizados ofrecen magnitudes del impacto de las alzas de los precios de alimentos en caso que no se produzca ninguna variación en los correspondientes a otros productos ni tampoco en los ingresos. Pero aún reconociendo que las remuneraciones nominales se han elevado, lo sucedido con los precios de los alimentos continúa teniendo efectos negativos sobre la indigencia y la pobreza. Ello obedece a que los ajustes de los ingresos toman en cuenta, en general, la variación del índice de precios promedio que, en 2007, creció a un ritmo que fue menos que la mitad del registrado por el de alimentos. Por lo tanto, si se considera el efecto conjunto de un aumento de precios de alimentos del 15% y de una mejora de los ingresos dé los hogares del 5%, se llega a que la cantidad de personas que pasarían a la indigencia como consecuencia del aumento de precios sería de alrededor de diez millones, y un similar contingente pasaría de la situación de no pobres a la de pobres. A ello hay que agregar el agravamiento de la situación de las personas que previo a estos aumentos ya vivían en la pobreza e indigencia. Todo ello representa una situación dramática para un vasto contingente de personas. Estas cifras, que están basadas en el cuadro anexo, resultan elocuentes en cuanto a los efectos negativos del aumento de las cotizaciones de alimentos sobre el bienestar de la población. El panorama se complica incluso aún más por los efectos de los incrementos que están experimentando los combustibles que elevan las tarifas del transporte y de varios servicios públicos (el aumento de los precios de los combustibles, por otra parte, es uno de los factores que presionaron el aumento del precio de los alimentos). También en este caso los incrementos castigan a quienes viven con menos recursos y destinan parte significativa de sus ingresos al transporte público y los servicios básicos domiciliarios. Las medidas Por lo tanto, resulta de la mayor prioridad poner en marcha y/o mantener políticas dirigidas a morigerar esos efectos. Las políticas que pueden desplegarse son de diverso tipo ya que dependerán de la realidad de cada país en cuestiones tales como su estructura productiva (por ejemplo, si es importador o exportador de alimentos), la experiencia de los mismos en el manejo de diversos instrumentos o su situación fiscal. Las políticas por implementarse podrían incluir acciones que disminuyan los precios (o las alzas de los precios) de los alimentos en los mercados internos y/o mejoren los ingresos de la población, especialmente de los sectores de bajos recursos. Entre las que apuntan al primer objetivo se encuentran las reducciones de aranceles y/o de impuestos al consumo. Entre las segundas, los subsidios focalizados en ciertos sectores -o las alzas de los subsidios ya existentes-aparecen entre los posibles mecanismos. Asimismo, es necesario un aporte excepcional proveniente de los países desarrollados y, en cierta medida, de los países de ingresos medios que son exportadores netos de alimentos, a programas y organismos, tales como el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que puedan llevar ayuda de emergencia a poblaciones en situación de riesgo. Finalmente, dado que los altos precios de los alimentos "vinieron para quedarse" y no parecen obedecer a una situación transitoria, es necesario, además de mantener políticas específicas destinadas a los sectores de menos recursos, impulsar propuestas de mediano y largo plazo destinadas a incrementar la oferta y la productividad de manera sustentable.

Crónicas, 25 de abril