Berro, una ensalada agria
Nada nuevo bajo el sol. O para ser más precisos: ninguna nueva solución bajo el sol, pero sí nuevos problemas. En ocasiones parece imposible que el INAU pueda sumar más problemas a su política con los menores infractores, pero sí, es posible.
Los enfrentamientos dentro del Instituto de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay (INAU) son tan largos como el calvario que los jóvenes allí internados sufren desde hace décadas.
Cuando no es la denuncia de una Organización No Gubernamental acerca de las condiciones de reclusión de los menores –con la recomendación de clausura de los hogares de Colonia Berro–, es una denuncia de desacato de las autoridades contra el sindicato; o un familiar que denuncia torturas contra los adolescentes; o cifras que ya no sorprenden acerca de las 23 horas del día que los jóvenes permanecen encerrados, las condiciones de hacinamiento y el consumo de psicofármacos (ver nota aparte).
Las autoridades un día niegan, otro aceptan, al siguiente dan la batalla o tienen ganas de que todo vuele, como la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quien dijo que algunos hogares de menores deberían ser dinamitados.
Los problemas en el INAU ya eran graves, pero siempre hay chance de que sean peores o se agreguen nuevos: desde que asumió este gobierno hay malestar entre los funcionarios por la manera en que se designan los cargos medios y el permanente cambio en la dirección de los hogares, con el nombramiento de allegados a directores, sobre todo pertenecientes al Partido Comunista y al Movimiento de Participación Popular.
INOPERANCIA. El presidente del sindicato del INAU, Joselo López, dijo a El Observador que entre los principales problemas que se enfrenta dentro del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) se encuentran “la falta de personal, las carencias en la infraestructura y la inoperancia en los mandos medios designados directamente”.
“El sistema no funciona, los gurises están tipo depósito. No hay diagnóstico de situación al ingreso, y hay que hacerse cargo de adolescentes violentos o con síndrome de abstinencia”, dijo López. El gremialista reconoció como ciertas las denuncias que en marzo realizó el Comité de los Derechos del Niño, que recomendó el cierre de Colonia Berro por el hacinamiento.
“Lo que no es cierto es el tema de las torturas”, acotó.
“No hay una práctica sistemática de tortura. Puede haberse registrado algún abuso por parte de algún funcionario, que es investigado”, puntualizó.
Sobre la escasez de personal, el sindicato maneja cifras internacionales que revelan la necesidad de contar con más educadores. Según los datos que aportó López, el estándar internacional marca la presencia de ocho funcionarios cada 20 adolescentes, mientras que en Uruguay la realidad es diferente: “Acá hay, con suerte, tres educadores cada 30 menores”.
A la falta de personal se suma el ausentismo, el personal que está de licencia y las renuncias de los funcionarios que no se adaptan.
Según el sindicato, hay entre un 25% y 30% de ausentismo, producto de licencias médicas y reglamentarias.
“Se registra una importante cantidad de renuncias de funcionarios que no se adaptaron y también egresos por jubilación”, dijo el dirigente, que pide la contratación de 150 funcionarios más.
EN LA JUSTICIA. Justamente, la escasez de funcionarios y el incremento de menores internados fueron el detonante del episodio que hoy mantiene enfrentado al sindicato con el gerente del Interj, Carlos Uriarte. Las diferencias fueron tales que derivaron en una denuncia de desacato presentada por las autoridades contra el sindicato, que es investigada por la Justicia de San José.
Todo comenzó un sábado hace quince días, cuando Uriarte recibió la comunicación de la Justicia de Menores de que se debía internar a seis jóvenes en la Colonia Berro.
Según Joselo López, algunos fueron ingresados pero otros no, porque “el cupo estaba sobrepasado y había que buscar otra solución”.
López asegura que los cupos fueron “acordados” con las autoridades, pero que Uriarte decidió “salvar su pellejo responsabilizando a los funcionarios y diciendo que se trataba de medidas gremiales”.
En diálogo con El Observador, Uriarte negó la versión del sindicato y dio la suya. Dijo que había que internar a seis jóvenes, por lo que inició los trámites y acordó el ingreso de cinco con los respectivos directores de tres hogares. Para derivar al sexto adolescente, Uriarte aguardó a que llegara el coordinador del hogar para hablar con él. “Cuando envío a los cinco chiquilines en un vehículo, el hogar Ariel me rechaza a dos, y el sexto fue rechazado en el hogar Piedras”, narró Uriarte. “Ya estaban de acuerdo los directores de los hogares, y los funcionarios interponen una medida gremial. Me pareció muy grave”, comentó el jerarca.
Sobre el tema de los cupos, Uriarte dijo que en tres años “han cambiado permanentemente y siempre los flexibilizan”. “Los cupos son medidas gremiales, no acuerdos. Nunca consentí cupos. Y nunca se me explicó cuáles son las variables para modificarlos o flexibilizarlos”, puntualizó.
Las autoridades quisieron dar una señal de distensión del conflicto cuando la directora Cristina Álvarez planteó su voluntad de retirar la denuncia por desacato. Sin embargo, el juzgado actuante en San José decidió seguir trabajando porque ya estaba en conocimiento de lo denunciado.
Las actuaciones derivaron en la presencia sorpresiva de la fiscal Nancy Hagopián en la Colonia Berro, el pasado jueves, donde fueron constatadas las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los menores.
El sindicato de trabajadores recibió de buen modo la intención de Álvarez de retirar la denuncia, pero mantiene su enfrentamiento con Uriarte: “Nuestras baterías apuntan a la cabeza de Uriarte”, afirmó de forma tajante Joselo López.
Caliente
El hogar Ser es una papa caliente que nadie quiere agarrar. En los últimos tres años tuvo cinco directores, y algunos duraron en su cargo apenas unos días.
Una golondrina
La excepcióndentro de la Colonia Berro parece ser el Hogar Ituzaingó, según coinciden funcionarios y jerarcas. Desde hace varios años que está a cargo de Paula Cores y ha sido considerado el modelo a seguir por el sistema.
Nuevo hogar
El gerente del Interj, Carlos Uriarte, dijo a El Observador que “cada día cobra más fuerza” la idea de construir en un predio de Montevideo “un establecimiento importante” para albergar a menores infractores. “En el corto plazo no sería una alternativa a la Colonia Berro, pero permitiría descongestionarla en un plazo de dos años”, explicó.
Claves
En marzo el Comité de Derechos del Niño denunció la práctica de torturas en la Colonia Berro, y recomendó su clausura.
El fiscal Enrique Viana presentó un recurso de amparo, la Justicia lo aceptó y hace 15 días que está corriendo el plazo de dos meses que tienen las autoridades para cambiar la situación de los menores en la Colonia Berro.
El INAU presentó una denuncia penal contra los funcionarios que no quisieron admitir menores que debían ser internados.
Fugas de Colonia Berro denunciadas ante la Policía:
94 fugas se registraron entre noviembre y marzo
4Encerrados, hacinados y empastillados
Tras el crítico informe del Comité de Derechos del Niño en su reciente informe sobre la situación de los adolescentes privados de libertad en el INAU, una investigación realizada por una organización no gubernamental en convenio con UNICEF, mostró nuevas facetas sombrías de esa oscura realidad.
Los jóvenes pasan la mayor parte del día encerrados, la mayoría recibe medicación para dormir y declara no participar en actividades recreativas. El trabajo se titula “Privados de libertad, la voz de los adolescentes”, y fue realizado por el Observatorio del sistema judicial del Movimiento Nacional Gustavo Volpe.
Según el relevamiento, realizado en noviembre y diciembre de 2007, en los hogares de Colonia Berro había unos 121 menores, a los que debe sumarse otros 52 internados en los hogares Puertas, Cimarrones, y el hogar femenino.
De los datos se desprende que el 33% de los adolescentes internados tiene 17 años, y aunque provienen de muchos barrios de Montevideo los que encabezan el listado son Piedras Blancas, Tomkinson, Casabó y Pajas Blancas. El 49% de los jóvenes proviene de hogares monoparentales, el 31,5% de familias biparentales y el 4,2% declara no tener núcleo familiar.
Sólo el 30% tiene primaria completa y el 53% trabajó alguna vez.
Según los resultados, más de la mitad no conoce a su abogado defensor, y el 85% ni siquiera sabe cómo contactarse con él.
Casi el 64% de los adolescentes privados de libertad consume medicación: 72% pastillas para dormir, 11% para los nervios, 11% toma tranquilizantes y el resto se divide entre medicamentos para la ansiedad, antidepresivos y antibióticos o antialérgicos. El 73% de los internados no realiza actividades educativas dentro de los hogares del INAU. 30,1% tiene primaria completa.
53,1% trabajó alguna vez.
51% no conoce a su abogado defensor.
85% no sabe cómo contactarse con su defensor.
86% recibe visitas de la familia.
72,9% no realiza actividades educativas.
9 fugas se registraron entre enero y marzo
El Observador, 19 de abril
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