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Los seguros privados en la reforma de la salud
Los seguros médicos privados con fines de lucro iban a estar excluidos del nuevo sistema de salud. Un artículo de último momento les consolidó un mercado de 60 mil clientes, que incluso podría ampliarse. Eso sí, a los que vengan con patologías, la casa se reserva el derecho de admisión.
“Ni el más optimista de ellos esperaba lograr tanto”, resumió a Brecha un técnico que participó en toda la negociación de la reforma de la salud. Antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno, los seguros privados integrales de salud eran algo así como un “cuco”. A diferencia de las instituciones de asistencia médica colectiva (popularmente conocidas como mutualistas), los seguros son jurídicamente asociaciones con fines de lucro. De hecho, la gran mayoría opera como sociedades anónimas. Eran la quintaesencia de la mercantilización de la salud y la expresión del libre mercado en el ramo de la asistencia. Por eso, en los planes y en las plataformas no estaba previsto que estas empresas (Medicina Personalizada, Summum o Blue Cross, por citar ejemplos) formaran parte del proyectado Sistema Nacional Integrado de Salud (snis).
Las diversas autoridades del Ministerio de Salud Pública dijeron una y otra vez que los seguros integrales iban a seguir existiendo en el marco de la “libre contratación”. Esto es: los usuarios que quisieran contratarlos “por fuera” del sistema, mediante un plus lo iban a poder seguir haciendo. Pero nunca se había esbozado la posibilidad de que captasen parte de los fondos. Este espíritu es el plasmado por el Poder Ejecutivo en el proyecto del snis remitido al Parlamento (“Las entidades de atención a la salud privadas que no se incorporen al snis podrán seguir prestando servicios a sus usuarios mediante el régimen de libre contratación, siempre que hayan sido habilitadas por el MSP y se sujeten a control en lo sanitario”). La misma disposición se mantuvo durante meses en las comisiones parlamentarias donde se discutió la reforma.
Hasta que en un día de octubre de 2007, entre gallos y mediasnoches, apareció un artículo que generó honda sorpresa. Los seguros privados entraron en un régimen de excepción por el que obtienen algunos beneficios, pero –al parecer– no cumplen con las mismas obligaciones que los demás prestadores del sistema. Esta suerte de “limbo” jurídico, por el que están “afuera y adentro” a la vez, no sólo les permitirá mantener su actual caudal de socios, sino captar un porcentaje adicional de asociados (personas de ingresos medios que por un aporte extra, pero reducido gracias al sorpresivo artículo, preferirían un servicio de eventual mayor calidad).
Los parlamentarios consagraron a fines de 2007 una fórmula que contribuye a disminuir los precios de las cuotas que los activos estaban pagando a los seguros privados. ¿Cómo? A los trabajadores que son socios de estas empresas, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa, la ex disse) les devuelve una parte de su aporte salarial (4,5 o 6 por ciento, según tengan hijos menores o no). Con esta particular excepción, el Fonasa les reintegra el valor de su cápita o “cuota salud”. En virtud del sexo y la edad de los activos y sus hijos, el valor de la misma suele oscilar entre los 400 y los 900 pesos. En términos prácticos: si el usuario del seguro estaba pagando 1.900 pesos por mes, con este reintegro pasa a pagar mil.
De este modo, estas empresas que trabajan con la población ubicada en los estratos de mayor ingreso del país –y que ofrecen una serie de servicios vip, atención personalizada y otros paquetes preferenciales– pudieron amortiguar un eventual egreso masivo hacia el mutualismo que las pusiera en riesgo de extinción. Lo que sucede es que los activos asociados a los seguros tenían doble cobertura, ya que al aportar al bps también tenían derecho a mutualista. Los reintegros de las cápitas, por tanto, generan un terreno más fértil para que estos usuarios opten por los seguros y no se cambien a una mutualista. Este fue uno de los primeros triunfos del sector.
Pero hay quienes perciben que incluso los seguros podrían llegar a atraer a un grupo nuevo de socios del sector mutual. De hecho, las instituciones mutuales manejan estadísticas del Fondo Nacional de Recursos (FNR) en las que no sólo no se nota una reducción del volumen de afiliados de los seguros privados a partir de enero, sino que se percibe una leve tendencia hacia el alza, con cerca de 10 mil nuevos usuarios.
El artículo 22 de la ley que creó el snis fue una píldora muy difícil de tragar para el sector mutual, fuertemente regulado por el Estado. Los principales referentes del mutualismo hacen hincapié en que poseen las cuotas y los tiques topeados por el Estado, ya que no se rigen por el principio de libre contratación. “No podemos cobrar las cuotas que queremos. Además estamos sometidos a todo tipo de exigencias”, coincidieron varios directivos consultados. De todos modos, tampoco puede decirse que el sector mutual no haya logrado buenas cosechas con la reforma. Un relevamiento al que accedió Brecha (también proveniente del fnr) evidencia que de diciembre de 2007 a enero de 2008 el mutualismo ganó 218.094 nuevos afiliados (pasó de 1.477.051 a 1.695.145).
Pero otra particularidad de los seguros con fines de lucro son sus criterios muy estrictos de aceptación de socios, por lo general precedidos de variados chequeos médicos (véase recuadro). Es más, a pesar de captar recursos del Fonasa y aparecer en la ley del snis, los seguros se reservan el derecho de rechazar usuarios en virtud de las “preexistencias” (término técnico con el que designan las eventuales enfermedades del potencial cliente). El presidente de la Cámara de Seguros Privados, Carlos Vallejo, aseguró que esa prerrogativa de las empresas sigue existiendo, porque siguen operando bajo la libre contratación (una vez más, ese “estamos adentro, pero estamos afuera”). Sin embargo, el director general del msp, Daniel Olesker, dijo enfáticamene a Brecha que esto no es así.
CAPTURADOS. Algunos técnicos que participaron en el proceso admiten que el artículo 22 surgido sobre el final de la discusión fue totalmente imprevisto. “Los seguros lograron poner un cerco sobre su caudal de afiliados. Lograron mantener su perfil, con canastas de mayor calidad, pero con una cuota más competitiva. Logran captar fondos, conservan su formato jurídico –como sociedad comercial– y reglas de juego diferentes”, apuntó una calificada fuente consultada. Curiosamente, la normativa permitirá seguir actuando como sociedad con fines de lucro a las ocho empresas existentes, pero prohíbe este formato hacia el futuro.
Lo más lógico, para estos técnicos, sería que para captar recursos del Fonasa se obligara a estas empresas a prestar un paquete de servicios similar al del mutualismo. Lo cierto es que ahora participan del sistema, con un imprevisto reembolso para sus asociados, pero como una suerte de “mutualistas de lujo”.
Actores de los más diversos sectores (sindicales, parlamentarios y académicos) consultados por Brecha coinciden en que la única explicación posible es un fuerte lobby. Alguien que no tiene reparos en admitirlo públicamente es el diputado oficialista Álvaro Vega (MPP): “No me sorprende. Es una contradicción más de esta reforma. Esta es una reforma que no ataca los centros lucrativos de la salud. Yo hubiera querido una reforma más profunda, con una Salud Pública más fortalecida y que pudiera competir con más recursos”. El legislador aclaró que no formó parte del grupo parlamentario que negoció a contrarreloj el profuso paquete de modificaciones que sufrió el proyecto.
El dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud Francisco Amorena reconoció que este cambio es “cosa juzgada”, por lo cual al gremio sólo le resta controlar que se le exija a los seguros privados los mismos programas y condiciones que al sector mutual, como marca la ley del snis: “Los intereses también juegan y las presiones son muy grandes”, agregó.
MARGINALES. Olesker considera que el artículo 22 no favorecerá un aumento del mercado de los seguros privados. Para el director general del msp “no hay que dramatizar” el efecto que esta contemplación tendrá en este sector que conceptualmente opera en las antípodas de la filosofía de la reforma. “Aun en el caso de que se dé un leve crecimiento, que no sería distinto al que tendrían por la mejora de los ingresos de la población, estamos hablando de un 2,5 por ciento de la población. Van a consolidar lo que ya tienen y no creo que tengan intención de masificarse. Con relación a lo que ocurre en otras partes del mundo, su mercado en Uruguay es muy marginal”, explicó a Brecha.
El funcionario hizo hincapié en que el reintegro que recibe el socio del seguro privado está topeado (si con su aporte obrero no llega a cubrir el costo total de su cápita o cuota salud, el Fonasa no le compensará la diferencia, como sí lo hace con las mutualistas). Además, el bps le retendrá un 6 por ciento de cada cuota como comisión de administración. Estos dos elementos, para el gobierno, atenúan la excepción abierta para estas empresas.
¿Pero por qué este régimen excepcional estuvo ausente durante más de un año en las sucesivas versiones del proyecto, y surgió a escasos días de la aprobación de la ley? “Porque cuando los seguros privados fueron a plantear cuál era su lugar, fue surgiendo la discusión –responde Olesker–. La devolución (de las cápitas) lo que pretende es darle estabilidad a una relación usuario-seguro que ya existía. Eran usuarios que contribuían al bps, pero no podían elegir un seguro privado a través de la seguridad social. Tenían doble cobertura al santo botón. Ahora van a usar el servicio que eligieron, y su aporte va a ir al lugar donde lo utilizan, deduciéndole el costo de la cápita.”
Brecha, 18 e abril
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