Justicia critica a gobierno por expropiar un terreno
Justicia. Actitud "abusiva" contra el derecho de propiedad
Un tribunal civil revocó la sentencia que suspendió el desalojo de un terreno ocupado y luego expropiado por el Ministerio de Vivienda. El 29 de octubre vence el plazo para desalojar otro terreno donde viven unas 5.000 personas.
A pedido del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), el juez civil Álvaro Franca ordenó "no innovar" en un terreno ocupado en Piedras Blancas, sobre el que ya había decisión judicial de restituirlo a su propietaria y que el Ministerio luego expropió.
La propietaria apeló el fallo y el tribunal de apelaciones en lo Civil de 5° turno revocó la resolución de Franca, aunque ya no habrá marcha atrás en la expropiación iniciada.
En cuanto a dicha expropiación, el tribunal sostuvo que cuando se le pague a la dueña del predio se deberá tener en cuenta cómo este proceso le afectó sus derechos.
"Las consecuencias sociales de este pleito han de ser soportadas por el Estado y no por la parte actora en exclusividad, y es el Estado quien ha de obtener medios conducentes, no limitándose al cómodo mecanismo de impedir la ejecución sine die, con respecto a un inmueble y personas que antes entendió no requerían su intervención", sostiene la resolución
A juicio del tribunal, la postura del Ministerio "resulta abusiva y lesiva del derecho" de la propietaria. "Será en vía de toma de posesión accesoria a la expropiación", que podrá el Estado "ingresar al inmueble y permitir o no allí la permanencia de los demandados", indica el fallo.
"Lo que corresponde es que el bien sea restituido" a su dueña, "salvo que por otro pronunciamiento firme se haya ordenado y cumplido la toma de posesión, y aún en tal caso, teniéndose presente, a la hora de justipreciar, que la actora gozaba de derecho judicialmente reconocido a recibir el inmueble libre de ocupantes y bienes", destaca la resolución.
En el asentamiento viven unas 42 familias.
CONTRADICCIÓN. El tribunal cuestiona el proceder del Mvotma, dice que "contradice sus propios actos anteriores", porque cuando fue consultado negó tener vínculo alguno con el litigio.
"La irrupción que realiza entonces en fase de ejecución de la condena a restituir, contradice su anterior postura en pleito, y pretende trasladar por vía indirecta a la parte actora, las consecuencias de un errático obrar estatal con respecto al inmueble", expresa el escrito al que accedió El País.
Ahora será un juzgado de lo Contencioso Administrativo el que definirá el dinero que el Ministerio de Vivienda le tendrá que pagar a la propietaria por la expropiación del terreno.
CONMOCIÓN. En tanto, el 29 de octubre vence el plazo para el desalojo de un asentamiento en el que viven unas 5.000 personas (entre ellos 2.400 niños), ubicado en una zona rural no urbanizable de Montevideo.
Para el director de Vivienda del Ministerio, Gonzalo Altamirano, la escala del caso lo hace "casi de conmoción pública, de 500 familias en la calle".
El jerarca dijo a El País que el asentamiento comenzó como una estafa en la venta de los predios. Varias cooperativas trataron de formarse en la zona, pero ninguna prosperó. Según Altamirano, hay indicios de un proceso que no fue regular.
Los actuales propietarios compraron el predio en un remate e iniciaron el proceso de desalojo y lanzamiento de las familias que construyeron el asentamiento.
"Se nos hace al Estado muy difícil actuar, no podemos defender las ocupaciones y no tenemos alternativa para esa población, porque no tenemos 300 o 400 viviendas esperando. Y tampoco comprar algo que no es regularizable porque es tierra rural", dijo.
"El Estado no tiene herramientas para actuar con claridad y sin dar malos mensajes o contradictorios", sostuvo el director de Vivienda.
"Una manera cara de hacer ciudad"
En los asentamientos viven personas con menor nivel educativo que el resto de la población. Se trata de población mayormente joven, que trabaja o está buscando hacerlo. Las viviendas no son necesariamente precarias, pero sí de calidad modesta, y se nota un ánimo de permanencia, que puede deberse a la esperanza que la vivienda termine siendo de su propiedad. Estos datos son parte del informe "Situación de la vivienda en Uruguay" realizado por el economista Carlos Casacuberta y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas. "Es una manera muy cara de hacer ciudad, porque hay que llevar los servicios hasta allí", señaló el autor del estudio. El 93% de los hogares en asentamientos en todo el país son ocupantes, en tanto que el restante 7% son arrendatarios, indica el informe de Casacuberta.
Fuente: El País, 2 de octubre
No hay comentarios:
Publicar un comentario