Con el IRPF en la mira
Luego que un informe elaborado por el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, afirmara que es inconstitucional la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a jubilados y pensionistas, todas las miradas se posan en los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes deberán tomar la decisión final. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, criticó con extrema dureza la decisión de Ubiría y el presidente Tabaré Vázquez afirmó que "sin duda" el gobierno acatará la decisión judicial, sea la que sea.
El vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, señaló que hay casos en los que la Suprema Corte de Justicia está de acuerdo con la Fiscalía de Corte, aunque, "en otros tomó una determinación diferente".
Si bien el dictamen de Ubiría, es sobre un caso concreto, la decisión será agregada a varios expedientes, con el fin de sentar un precedente para tomar como parámetro en las demás carpetas. Los recursos presentados hasta esta semana frente a la Justicia contra el IRPF suman cerca de 300.
Los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia analizarán de manera individual y por separado el caso. Posteriormente, se reunirán para evaluar una resolución y acordar en qué sentido se expedirán.
El fiscal de Corte estimó que aplicar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es inconstitucional, y aceptó el primer recurso presentado por jubilados y pensionistas.
Ubiría habilitó el primero de los recursos que están en trámite ante la Justicia por el mismo motivo.
El principal argumento para determinar que el IRPF es inconstitucional es que la norma viola el artículo 67 de la Constitución, que establece que las jubilaciones no pueden ser gravadas.
¦ Vázquez: gobierno acata
El presidente Vázquez afirmó que el gobierno acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la aplicación del IRPF a las pasividades.
"El gobierno aguarda la resolución y
acatará el pronunciamiento como corresponde en un Estado de derecho", enfatizó el mandatario, luego que el fiscal de Corte emitió su opinión sobre el recurso presentado por jubilados y pensionistas.
Vázquez opinó que el fiscal Ubiría "desempeña con eficiencia su labor, tal como lo establece la normativa legal vigente", por lo cual ahora resta esperar la opinión de los ministros de la SCJ.
"El fiscal de Corte tiene una tarea para cumplir, que establece la normativa legal vigente. Lo ha cumplido con eficiencia, como todos los uruguayos esperábamos", afirmó el presidente.
"Ahora aguardamos que la Suprema Corte de Justicia resuelva, los ministros van a actuar con total libertad y el gobierno va a respetar lo que la Justicia establezca", aseguró Vázquez.
¦ Astori: severas discrepancias
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, afirmó que tiene "discrepancias extraordinariamente severas" con el fiscal de Corte, que consideró inconstitucional la aplicación del IRPF a las jubilaciones.
Astori dijo que el dictamen de Ubiría "no es de carácter jurídico sino sobre política tributaria", y afirmó que sobre ese punto "al fiscal no le corresponde discutir".
El ministro calificó como "fuera de lugar" la opinión de la Fiscalía acerca de la aplicación del IRPF a las jubilaciones.
Ubiría consideró como "inconstitucional" la aplicación del impuesto, en el primero de casi 300 casos que grupos de jubilados presentaron ante la Justicia para reclamar.
"Tenemos discrepancias extraordinariamente severas" con el fallo de Ubiría y "no admitimos" la expresión del fiscal de Corte de que "este puede ser un ensayo de reforma tributaria", afirmó Astori.
"Es la primera parte de una reforma tributaria que seguirá adelante", agregó-
El ministro de Economía dijo que el fallo de Ubiría "supuestamente tiene por objetivo referirse a la constitucionalidad del impuesto sobre las jubilaciones, pero opina sobre todo el contenido del sistema".
"Discute los conceptos de capacidad económica, que no define. Señala que los montos imponibles están por debajo de indicadores económicos, tema que tampoco define. Además, discute el sistema de deducciones y opina sobre la recaudación", agregó Astori.
El ministro de Economía señaló que "no le atribuye ningún tipo de intención política" a la decisión del fiscal de Corte, pero afirmó que Ubiría "demostró no estar muy apto en cuanto al análisis del tema".
Según Astori, la aplicación del IRPF a las jubilaciones "es totalmente constitucional".
" El gobierno esperará con serenidad el fallo de la Suprema Corte de Justicia con disposición absoluta a acatar lo que ella decida", agregó Astori.
Tras el dictamen de la Fiscalía de Corte serán los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia los que determinen si la aplicación del IRPF a las jubilaciones viola la Constitución.
¦ IRPF es inconstitucional
En un escrito de 40 páginas elevado por Ubiría a la Suprema Corte, el fiscal de Corte señala que la decisión del gobierno de gravar las jubilaciones y pensiones con el IRPF es contraria a lo dispuesto por la Constitución. El pronunciamiento de Ubiría se enmarca dentro del trámite ordinario previsto para los recursos de inconstitucionalidad, como paso previo al estudio por parte de los ministros de la SCJ. Sin embargo, el dictamen del fiscal de Corte no es vinculante, es decir, no obliga a los ministros, sino que se trata de una opinión técnica. Ubiría ya había rechazado anteriormente esta misma acción porque la ley que creó la reforma tributaria no había entrado aún en vigencia.
Una vez vigente la norma desde el 1 de julio, el fiscal ingresó a considerar el fondo del asunto, tras lo cual determinó que la aplicación del IRPF a las pasividades es inconstitucional.
Para Ubiría, el gravamen de las jubilaciones y pensiones con el nuevo impuesto atenta contra lo establecido en el artículo 67 de la Constitución. En coincidencia con los accionantes de los recursos, para el fiscal de Corte las pasividades no constituyen una renta, pronunciamiento que se produce en momentos en que en el gobierno se analiza subir el monto no imponible. Cada uno de los cinco ministros tendrá treinta días para estudiar el caso, por lo que se prevé que el fallo estará pronto recién para los primeros meses de 2008, teniendo en cuenta, además, que la feria judicial mayor interrumpe los plazos.
¦ Defensa y palos
La presidenta de la Asociación de Magistrados, Mirtha Guianze, afirmó que el fiscal de Corte actuó dentro de los límites de su cargo cuando presentó a la Suprema Corte de Justicia un dictamen contra la constitucionalidad de la aplicación del impuesto.
Ubiría hizo su trabajo dentro de los márgenes que tiene como fiscal de Corte y su resolución fue "un dictamen técnico" que ocasionó "repercusiones políticas que son totalmente ajenas a la institución", agregó.
Frente a la posibilidad de que Ubiría debiera comunicarse con el Poder Ejecutivo antes de dar a conocer su resolución, Guianze señaló que "un fiscal no tiene que consultar a nadie antes de dar cualquier dictamen. No existen antecedentes acerca de que un fiscal haya recibido instrucciones antes de emitir un informe", agregó.
Por su parte el diputado Diego Cáne-pa, del Nuevo Espacio, evalúa con legisladores y otros dirigentes del Frente Amplio la actuación del fiscal de Corte.
"Estamos analizando con sumo cuidado si Ubiría cumplió a cabalidad con la ley que rige su función y el alcance de su conducta", afirmó el legislador.
Para determinarlo analizan el articulo 20 de la ley 15.365, del año 1982, que regula el funcionamiento del Ministerio Público.
En varios de los sectores de la coalición de izquierda existe preocupación por determinar si Ubiría "asumió correctamente su rol" y hay coincidencias con lo dicho por el ministro de Economía, en cuanto a que los argumentos del fiscal de Corte "no fueron jurídicos sino políticos".
Cánepa dijo que en opinión de varios legisladores de izquierda Ubiría debió haber consultado al Poder Ejecutivo antes de emitir su resolución y, en todo caso, incluir la visión oficial, aún discrepante, en su informe.
¦ Aluvión de reclamos
Según el artículo 258 de la Constitución, la declaración de inconstitucionalidad de una ley podrá solicitarse a la SCJ por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo.
El fallo de la corporación en cuanto a las inconstitucionalidades se referirá exclusivamente al caso concreto y solo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.
Hasta mediados de octubre, sumaban 258 las acciones de inconstitucionalidad, algunas individuales y otras con múltiples firmantes, contra el IRPF a las jubilaciones y pensiones presentadas ante la SCJ.
El mayor aluvión se produjo después de la segunda mitad de julio, al finalizar la feria judicial menor y con la reforma tributaria ya vigente.
Con el patrocinio de connotados abogados, varias organizaciones que nuclean a pasivos presentaron recursos ante la Suprema Corte. Entre los abogados patrocinantes, se encuentran el ex vicepresidente de la República Gonzalo Aguirre, el ex ministro de la SCJ, Jorge Marabotto, el ex ministro deEducación y Cultura, Leonardo Guzmán, el ex ministro de Defensa Nacional, Daniel Hugo Martins, el ex diputado nacionalista Alem García y Hugo de los Campos, quien fuera asesor del Frente Amplio en materia de seguridad social. Los retirados militares, así como las asociaciones de jubilados y pensionistas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, Caja Notarial y Caja Bancaria fueron las entidades que más casos nuclearon contra el IRPF.
A esto se sumaron las acciones interpuestas por el diputado nacionalista Pablo Abdala y por el Partido Colorado, los cuales -cada uno por su lado- recogieron la voluntad de cientos de pasivos contrarios a la aplicación del impuesto.
* Cassinelli a favor del gobierno
El dictamen del fiscal de Corte va a contrapelo del informe elaborado por el catedrático de Derecho Público, Horacio Cassinelli Muñoz, a pedido del gobierno. El trabajo, que fue divulgado en una conferencia de prensa en la segunda quincena de agosto por el ministro de Economía, concluyó que la Constitución "en ningún momento establece que el ingreso a título de jubilación o pensión sea inmune a la potestad tributaria del Estado".
De acuerdo al informe de Cassinelli Muñoz, "no hay norma constitucional explícita o implícita que garantice inmunidad tributaria de prestaciones salariales, pasividades o prestación semejante". El experto en derecho público sostuvo que la potestad tributaria de la administración no está restringida por norma alguna "cuando el hecho generador sea un ingreso financiero total o parcialmente integrado por una asignación de pasividad".
Indicó, además, que "ingresado el importe de la jubilación o pensión al patrimonio del contribuyente, la situación económica resultante puede configurar un hecho generador de tributo". Si bien la presentación de este trabajo fue vista por los patrocinantes de acciones como un intento del gobierno de presionar a la Suprema Corte de Justicia, desde la corporación no se compartió esa visión El ministro de la SCJ, Leslie Van Rompaey, señaló que no siente "ninguna presión" por hechos de este tenor porque "la base de nuestra actividad es la independencia de cualquier tipo de presiones" afirmó.
Fuente: Crónicas, 26 de octubre
No hay comentarios:
Publicar un comentario