El juez de segundo turno de Rivera, Mijail Rotta, pidió ayer al Parlamento el desafuero del diputado de Rivera por el Partido Socialista, Julio Fernández, por una denuncia de difamación realizada hace cuatro meses por Juan Justo Amaro Cedrés, hijo del senador colorado.
En ese momento llovían acusaciones sobre su padre de cuando estuvo al frente del directorio de OSE en el período anterior y la Justicia había solicitado el desafuero de Amaro padre por un delito continuado de fraude y cuatro delitos de abusos de funciones.
Fue allí cuando el diputado Fernández y su suplente Rubenson Silva agregaron en los medios de Rivera una nueva denuncia. Según decían, la familia Amaro había falsificado firmas de arquitectos e ingenieros para poder ganar la licitación de la construcción de un techo en el liceo número 3 de Rivera. “El que tiene problemas por su gestión en OSE, es el propietario de la empresa Comega Ltda", dijo en su momento el diputado Fernández, lo que le costó la denuncia por difamación de Amaro hijo.
El punto está en que ningún integrante de la familia tiene ni tuvo una empresa de construcción, ni tampoco tuvo nada que ver con la empresa Comega.
“Yo me enteré de pura casualidad. Viene un amigo y me pregunta que cómo es eso de mi empresa de construcción y yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando”, dijo ayer Amaro Cedrés a El Observador.
“Yo soy muy distinto a mi padre que se la banca más. Yo apenas me enteré de esto salió volando rumbo a Rivera para hacer la denuncia por difamación”, dijo Amaro. El dirigente colorado de Florida, entendía en ese momento que las denuncias de los socialistas en Rivera se enmarcaban en una serie de “difamaciones”, impulsadas por el oficialismo para atacar a su padre.
Desafuero. El pedido de desafuero llegó ayer al despacho del presidente de la Asamblea General del Parlamento, Rodolfo Nin Novoa, que lo deberá derivar a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados.
De todas formas el diputado podrá ir a declarar por sus propios medios si así lo quiere y sin que la cámara a la que pertenece le quite los fueros, tal como lo propuso hace dos semanas el senador del Nuevo Espacio, Rafaél Michellini, denunciado por estafa por el ex correligionario suyo Gonzalo Mujica.
El desafuero será necesario igual para que el juez se pueda expedir por la causa si lo encuentra culpable del delito que se le acusa.
La Constitución prevé que cada Cámara "por dos tercios de votos del total de sus componentes”, resolverá si hay lugar a la formación de una causa judicial y que “en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente", según determina el artículo 114 de la carta magna. Eso significa que en la Cámara de Diputados se requieren 66 votos para el desafuero de Fernández. La oposición cuenta con 47 diputados, por lo que serían necesarios votos del oficialismo para aprobar el desafuero si es que Fernández no acepte ir a declarar. En ese hipotético caso y si el desafuero de Fernández no es votado, el juez deberá tomar una decisión con respecto al otro indagado, que por su carácter de suplente no es comprendido por el fuero. Para el legislador se dejará reservado el expediente hasta el día siguiente en que cese la legislatura el 28 de febrero de 2010. Al día siguiente, el 1 de marzo de 2010 podría procesarlos siempre y cuando no volvieran a ser electos.
Fuente: El Observador, 11 de octubre
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