JAVIER DE HAEDO
De pronto, todo cambió. Ahora sobra plata por todos lados y tanta, que da para subsidiar el boleto, rebajar tarifas públicas, adelantar la derogación de un impuesto (el Icome), exonerar de impuestos algunos bienes y servicios (carne, pollo, salud), y hasta para anunciar la reducción del IRPF, mediante el aumento, a corto plazo, del mínimo no imponible (MNI). En la mayoría de los casos, se trata de menores ingresos públicos, y en el caso del boleto, de un aumento en el gasto. Pero no es el único aumento en el gasto: los últimos conflictos en la salud se arreglaron con plata, como es de estilo. Otros conflictos, en ciernes, en los que funcionarios públicos reclaman no pagar el IRPF (delatando una vez más que se consideran ciudadanos "clase A"), posiblemente se arreglarán, entre gallos y medias noches, con "reestructuras" que trasladen a los contribuyentes el costo del IRPF. Una vez más, los funcionarios públicos, que en promedio ganan el doble que los trabajadores privados, le pasan a éstos la cuenta de sus reclamos. Como siempre, la mayoría de los ciudadanos, dispersos y sin lobby, paga la cuenta de minorías, más próximas a los ámbitos en los que se decide cómo gastar los recursos públicos. Y así se sigue ampliando la brecha entre las remuneraciones de unos y otros, en el sentido contrario al que habitualmente se cree. Hace unos días, en una tertulia radial, se opuso a mi opinión de bajar el gasto público, el prejuicio de que "siempre se pide que terminen pagando los mismos". Los sueldos más bajos no están en el sector público sino en el privado, que es víctima del Estado.
Pero, ¿realmente sobra tanta plata? Y si efectivamente sobrara, ¿esa lista sería la óptima para invertir los recursos excedentes?
En los 12 meses finalizados en agosto, período en el que casi no tiene incidencia la reforma tributaria y que es anterior a la batería de medidas referidas que se aprobaron para intentar aplacar el IPC, el resultado primario fue de 4,4% del PIB, se pagaron intereses por 3,8% del PIB y hubo, por lo tanto, un superávit global de 0,6% del PIB. Para el año 2007, la meta oficial es un primario de 3,8% del PIB y un déficit global de 0,5% del PIB, por lo que se preveía pagar intereses por 4,3% del PIB.
Esos números muestran que efectivamente las cosas van mejor de lo previsto, con más superávit primario y menos pagos de intereses, y, en conjunto, con un desvío favorable de 1,1% del PIB. Tal gestión no se debe a que los gastos estén contenidos, ya que el gasto primario del sector público no financiero viene subiendo 14% en términos nominales con relación a 2006, lo que revela un comportamiento expansivo: en el programa financiero del año se había previsto un crecimiento real del PIB de 4,5% y una inflación media anual de 6%, por lo que 14% constituye un exceso, aún en la hipótesis de admitir que el gasto suba al ritmo del PIB, que sube más de lo que lo hace la tendencia de largo plazo, y seguramente algo por encima del nivel de PIB tendencial.
El mejor comportamiento fiscal se debe en parte a una fuerte mejoría en las finanzas de UTE, que este año no tuvo que lidiar con la crisis de hidraulicidad de las represas que hubo en 2006; en parte a la mayor inflación, que aumenta la base imponible de los tributos; y en parte a los menores pagos de intereses en términos reales y del producto, por la caída del dólar. Seguramente ha de haber un cuarto factor, más difícil de cuantificar, producto de la continua mejoría en la administración tributaria.
Volviendo a las preguntas planteadas más arriba, las cosas van mejor de lo programado, porque cuesta decir que "sobra plata" en un sector público con el nivel de deuda que, aunque está en firme descenso, todavía tiene el uruguayo. En este contexto, ¿qué se debería hacer con los recursos "excedentes"? Hay varias respuestas para esta pregunta.
La respuesta del equipo económico es muy clara: o se bajan impuestos o se la gasta (el mix es de resultado incierto, pero por ahora el gasto venía goleando a las rebajas impositivas). De hecho, ya se habían rebajado las metas de superávit primario de 2008 y 2009 para compensar los menores pagos de intereses de la deuda pública, sin alterar el resultado fiscal previsto. Es un hecho que se mantendrá la meta de 2007, por lo que el superávit a agosto, se volverá déficit a diciembre. El MEF fundamenta este comportamiento en que de ese modo no se afecta "la estrategia de sostenibilidad de la deuda pública definida al inicio del gobierno".
Queda así comprobado, una vez más, que en los hechos no nos permitimos tener superávit fiscal. Si tomamos esto como un dato de nuestra realidad, se vuelve relevante preguntarse cuál es la asignación óptima de los recursos "sobrantes". Dicho sea de paso, el objetivo debería ser, por lo menos, el equilibrio fiscal y no un déficit de algunas décimas del PIB, como está programado.
Ahí viene la segunda respuesta posible a la pregunta planteada. Cumplido el presupuesto, lo que "sobra" se debe devolver a los contribuyentes, mediante reducciones de impuestos, para que decidan ellos qué hacer con su dinero. En este sentido, debería haber prioridades: los aportes patronales a la seguridad social, que encarecen el empleo de mano de obra; los impuestos a los combustibles, en lugar de pasarle el fardo a las finanzas de Ancap que, con la estructura de costos e impuestos vigente, debería hoy cobrar más por lo que vende; el IRPF, que si bien recién nacido, nació con injusticias y problemas de diseño (su MNI es muy bajo, desconoce al núcleo familiar y casi también a los hijos del contribuyente).
Pero hay también una tercera respuesta posible a aquella pregunta, y, quizá como pocas veces, la coyuntura ayude a entenderla, porque aquel comportamiento expansivo no es gratuito, tiene efectos nocivos. Si la inflación ha subido, en parte, por la demanda interna, pública y privada, y aún más ha subido la inflación en dólares, con la consiguiente pérdida de competitividad, que según el BCU acumuló un 4,8% en ocho meses, quizá no sea la reducción de impuestos el instrumento óptimo. Quizá sí lo sea, en cambio, el ahorro.
Estamos hablando de mucho dinero, quizá 300 o 400 millones de dólares. Por un lado, el exceso de gasto primario con relación a lo que hubiera resultado de programarlo constante en proporción al PIB, con el crecimiento real y la inflación programadas. Por otro lado, el costo de todo el paquete heterodoxo anti-IPC. Y, por último, todo lo que habrá de aumentarse el gasto o bajarse los ingresos de aquí a fin de año, para no sobre cumplir la meta de déficit fiscal programada. ¿No se puede, en nuestro país, generar ese ahorro en el sector público? ¿Y utilizarlo para comprar dólares y acumular un fondo de estabilidad o anticíclico? ¿O para cancelar deuda pública o reducir sus emisiones? ¿Cuál sería el tipo de cambio hoy? Seguramente más de 22 y pico. Y sería menor la inflación y mejor la competitividad.
Cerca de aquí, en Chile, donde como nosotros, son latinoamericanos y socialistas, se hace exactamente eso. Han establecido una "regla de balance estructural" ligada al precio del cobre, que los ha llevado a obtener cuantiosos superávit fiscales por encima de la meta de 1% del PIB anual. Esta meta fue recientemente reducida a 0,5% del PIB, por la extraordinaria reducción de la vulnerabilidad de la economía, pero sigue siendo superavitaria. La acumulación de excedentes fiscales ha dado lugar casi a la desaparición de la deuda pública neta del Gobierno Central, que de 26% del PIB en 2002 cayó a 1% del PIB hoy día. Entre ese "Fondo de Estabilización Económica y Social" (de unos 11 mil millones de dólares) y el "Fondo de Reserva de Pensiones", han acumulado US$ 17.800 millones al 30 de junio. El 82% de estos fondos se encuentra colocado en instrumentos denominados en moneda extranjera y el 100% de éstos se encuentra invertido en el exterior.
En el "Estado de la Hacienda Pública" publicado este mes, el Ministerio de Hacienda de Chile considera que "la aplicación de la regla de balance estructural (...) asegura la sostenibilidad en el tiempo de las políticas públicas; permite la acción contracíclica de la política fiscal, reduciendo la incertidumbre respecto de la trayectoria de la economía en el mediano plazo; y permite resguardar la competitividad del sector exportador al sostener un tipo de cambio real más competitivo en períodos de auge en el precio del cobre y de expansión sobre el PIB potencial".
Fuente: El País, 22 de octubre
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