martes, 20 de mayo de 2008

Veinte años después



Entre 1973 y 1985 las mujeres uruguayas lucharon codo a codo con los uruguayos contra el terrorismo de Estado. El mundo privado se politizó y los caceroleos y las ollas populares eran pilares de la resistencia popular a la dictadura. El impulso hacia la liberación del autoritarismo también se manifestó en la emergencia de un movimiento de mujeres diverso, pluripartidario, con vertientes sociales y políticas, feministas y no, que buscaba integrar su búsqueda de una sociedad más democrática y más justa en la lucha social por la restauración del estado legal.

En setiembre de 1984 este movimiento de mujeres solicitó formalmente su ingreso a la Concertación Nacional Programática, un espacio de representación pluripartidaria y de diversos actores sociales, cuyo cometido era construir consensos en torno a una plataforma mínima para el nuevo gobierno democrático. La respuesta inicial fue negativa. No había lugar para las demandas de las mujeres en el proceso de construcción de la nueva democracia uruguaya. Recién en diciembre del mismo año los hombres flexibilizaron su posición y abrieron a las mujeres las puertas de un espacio que rápidamente estaba perdiendo legitimidad y sentido luego de celebradas las

elecciones que pusieron fin al régimen de facto. En esas elecciones ninguna mujer fue electa como titular al Parlamento uruguayo. Casi un cuarto de siglo después, hay políticos que siguen cuestionando el derecho de las mujeres de estar en los espacios donde se toman decisiones que afectan el rumbo de la sociedad en la que vivimos

todas y todos, nuestras familias y las generaciones futuras.

Razones de estructura

Según algunos opositores la cuota “denigra” a las mujeres, quienes tendrían que “ganarse el lugar”. ¿La cuota es denigrante para las mujeres, pero no el hecho de descalificarlas, alegando una supuesta falta de vocación política, cuestionando su capacidad intelectual y emocional para la vida política, hasta apelando a la “razón biológica” de que “la mujer se embaraza, luego amamanta”? ¿Cómo han de competir las mujeres “de igual a igual” en un juego cuyas reglas, inventadas por los propios hombres, no están escritas en ninguna parte, aunque todo el mundo sabe que el amiguismo y el poder económico pesan igual o más que la militancia o los méritos personales? Un juego, además, en el cual los hombres no sólo compiten sino que a la vez hacen de árbitro.

Para otros opositores aprobar la cuota pondría en peligro la “racionalidad” de la democracia, ya que abriría la puerta a una avalancha de demandas de representación: “primero las mujeres, luego los gays, los negros…”. Más allá de que se podría considerar saludable que una democracia contara con una ciudadanía activa que reclame el ejercicio efectivo de sus derechos, hay otras precisiones que merecen hacerse.

El caso de las mujeres es especial. No sólo porque son la mayoría de la población, sino porque la división sexual del trabajo es determinante en cómo se estructura y funciona nuestra sociedad. En otros países puede haber otros clivajes sociales que son igualmente

relevantes para la organización de la sociedad (en Bolivia raza, en Israel religión), pero en Uruguay son dos: género y “clase”.

Cada sociedad tiene que definir cuáles diferencias o desigualdades sociales considera políticamente relevantes y por lo tanto merecedoras de una representación específica. En el actual sistema electoral la diferencia territorial merece una representación especial (para salir electo como diputado en Flores se precisa la mitad de los votos que en Montevideo); asimismo, la ley 16.095 asegura el acceso de las personas discapacitadas a puestos laborales estatales. En estos dos casos, el tratamiento desigual en la ley se justifica en pos de lograr una igualdad de hecho.

Pertenencias

Lo que sorprende más hoy, 20 años después de que el primer proyecto de ley de cuotas fue presentado en el Parlamento, no es la falta de un debate sustantivo sobre las implicancias del actual sesgo de género en la representación política para la calidad o legitimidad de la democracia uruguaya, o de una argumentación racional sobre las dimensiones filosóficas, legales y prácticas de la iniciativa bajo discusión. Tampoco sorprenden los cambios abruptos de posición, que claramente responden a los intereses personales de quienes sienten su lugar privilegiado directamente amenazado.

Lo más chocante es que los dirigentes políticos hablan de las mujeres de sus propios partidos como si se refirieran a una fuerza ajena que impertinentemente pretende entrometerse en sus asuntos internos. ¿Es que las mujeres políticas no son también una parte orgánica de sus fuerzas políticas? ¿Acaso no pertenecen ellas a los partidos y los partidos también a ellas? Las mujeres ya han ganado su lugar una y otra vez con su militancia y con los aportes específicos que hacen como mujeres políticas, que enriquecen la agenda política para todas y todos. La sociedad uruguaya lo reconoce, ¿no

es hora de que los dirigentes también?

Niki Johnson

Coordinadora Área Política y Género del Departamento de Ciencia Política,

Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de la República

La Diaria, 20 de mayo

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