Procedimiento policial viola DDHH

Expertos. Coinciden que el proyecto del gobierno tiene varios artículos inconstitucionales

Organizaciones defensoras de los derechos humanos son contrarias al proyecto de ley de procedimiento policial. El FA lo aprobará en el Senado y anuncia que lo modificará en breve.

El Colegio de Abogados y la Comisión de Reforma del Código de Proceso Penal también hicieron observaciones al proyecto de ley de procedimiento policial durante el trámite parlamentario, pero las mismas no fueron atendidas en el texto definitivo.

Aunque reconoce que tiene fallas, el Frente Amplio aprobará en el Senado la ley de procedimiento policial, ante la duda de obtener los votos necesarios en la Asamblea General para votarla. Pero el FA anunció además que dicha ley será modificada por otra que subsane sus imperfecciones.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) cuestionaron en duros términos el proyecto de ley.

Por su parte, Martín Risso, decano de Derecho de la Universidad Católica, consideró el proyecto "un retroceso terrible en materia de derechos humanos".

Críticas. "Serpaj considera inconstitucional varios artículos que dejan mucho que desear", indicó el abogado Guillermo Payssé. Entre ellos mencionó la posibilidad de la Policía de ingresar de noche a un hogar y el pedido de documentos.

"Por un principio claro de Derecho no se puede modificar la Constitución mediante una ley", reflexionó. Payssé se mostró asombrado de que "se pretenda votar una ley anunciando su modificación", tal como adelantaron legisladores del FA.

Diego Camaño, integrante de Ielsur, dijo que la ley de procedimiento policial "es un proyecto que no resuelve los principales problemas de la Policía, que tienen que ver con la democratización y la profesionalización del servicio policial, sino que simplemente apunta a un aspecto que es darle mayores poderes a la actuación de la Policía en los procedimientos".

Para el abogado, la mayor parte del proyecto debería ser objeto de un reglamento interno de la Policía y no de una ley. "Pero hay un grupo de disposiciones, de unos 15 o 20 artículos, que sí son preocupantes por el riesgo que suponen para los derechos fundamentales", afirmó. Entre ellos, mencionó la que "reinstala el decreto 690, de la detención en averiguaciones por no portar cédula u otro documento identificatorio".

"Muchas de las valoraciones que se hacen al momento de la detención quedan exclusivamente en manos de la Policía y se debilita el rol del juez", destacó el abogado. "En el Código del Proceso Penal aprobado en la dictadura, porque es de 1980, se establecían mayores garantías que en esta ley. Es preocupante que un gobierno democrático pretenda rebajar el nivel de garantías y de protección en relación a una ley de la dictadura. O sea que es mejor el CPP de 1980 que este". Para Camaño, "muchas de las actuaciones pueden estar viciadas de nulidad y no servir de prueba para un expediente judicial".

Terrible. Según Martín Risso "la ley es muy mala, tiene varias inconstitucionalidades más que evidentes. Tiene normas que es notorio no deben estar en una ley, que son de resorte administrativo. Habilita los allanamientos noctunos y en general sin orden del juez, vuelve a crear una figura nefasta del conducido o demorado que hubo en Uruguay, que es una persona a la que se le priva de la libertad en hipótesis que no está permitida por la Constitución". "Durante muchos años eso estuvo previsto en un mal decreto que fue derogado por este gobierno y ahora lo reimplanta con rango legal", agregó. "Me parece terrible (la ley) y terrible también que haya gente que esté defendiendo que esto está bien, cuando es un retroceso brutal en materia de derechos humanos", resaltó el decano de Derecho de la Ucudal.

Risso prevé que organizaciones de derechos humanos patrocinarán acciones de inconstitucionalidad contra artículos de esta ley.

El constitucionalista y ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, adelantó que si la ley es aprobada, presentará una acción de inconstitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia, en tanto, no fue consultada sobre el proyecto.

Stirling y comerciantes del centro apoyan

La senadora frenteamplista Margarita Percovich dijo que los senadores nacionalistas de la Comisión de Constitución y Legislación no dieron garantías de que estén los votos de los legisladores blancos en la Asamblea General para aprobar el proyecto de procedimiento policial con las modificaciones que se acuerden.

"Si no nos aseguran los votos, preferimos que salga acá (en el Senado) y después hacer las modificaciones", señaló. Por eso, el Frente Amplio aprobará con sus votos el proyecto tal cual vino de Diputados. Luego, en otra ley, le introducirá cambios acordados entre los legisladores oficialistas y de la oposición, indicó Percovich a El País. Añadió que el Partido Colorado ya adelantó que no votará el proyecto.

Los nacionalistas votarán el proyecto en general pero no los artículos que permiten los allanamientos nocturnos y sin orden del juez y la incomunicación de las víctimas.

El senador nacionalista Francisco Gallinal, dijo que sería una imprudencia con un tema de esta sensibilidad, aprobar una ley adelantando que dentro de pocos días van a aprobar otra para modificarla". "Tienen dudas en que texto alternativo se van a poner de acuerdo y entonces van a cometer la aberración de aprobar una norma que ellos mismos se dan cuenta que se contradice abiertamente con la Constitución", sostuvo.

El ex ministro del Interior, Guillermo Stirling (Vamos Uruguay), consideró que el proyecto de la ley "es una excelente iniciativa". Destacó como positivo que permita allanamiento nocturnos para mejorar la lucha contra el narcotráfico y la obligación de exhibir documento de identidad o detener en averiguaciones.

El presidente del Grupo Centro, Wilson Amarillo, consideró que "todo lo que ayude para mejorar la seguridad en el centro de Montevideo lo vemos con buenos ojos. Si sale aprobado tenemos las garantías que los legisladores, después de analizar la ley, entienden que tienen que darle otras herramientas a la Policía".

El Hogar sagrado e inviolable

Una de las principales críticas que se le formulan al proyecto de ley de procedimiento policial promovido por el gobierno, es que viola el artículo 11 de la Constitución de la República. En particular, el constitucionalista Gonzalo Aguirre Ramírez adelantó que en caso de ser sancionada la ley, presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El artículo 11 de la Constitución, en el capítulo Derechos, Deberes y Garantías, indica: "El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley". El proyecto a estudio del Senado y con media sanción de la Cámara de Diputados, habilita a la Policía a ingresar a un domicilio particular con o sin permiso del jefe del hogar. Sin permiso del jefe del hogar, se establece que la Policía puede ingresar en caso de "extrema necesidad". No obstante, el proyecto no especifica qué se entienden por "extrema necesidad", por lo que esta situación queda a criterio del oficial al mando del operativo policial. En este caso, tampoco se necesitaría orden del juez.

Margarita Percovich: "Las modificaciones después"

Senadora del frente amplio

Si no nos aseguran los votos (los legisladores del Partido Nacional en la Asamblea General), preferimos que salga en el Senado y después hacer las modificaciones".

Diego Camaño: "Rebaja el nivel de las garantías"

Es preocupante que un gobierno democrático pretenda rebajar el nivel de garantías y de protección en relación a una ley de la dictadura. Actuaciones pueden estar viciadas de nulidad".

Guillermo Stirling: "Avance contra la delincuencia"

Ex ministro del interior

Celebremos como una muy buena noticia y un avance para la lucha contra la delincuencia y combatir la inseguridad esta medida que va a aprobar el Parlamento".

El País, 7 de mayo