Cambio de impuesto. Los partidos de oposición coincidieron que hubo un reconocimiento del gobierno al reclamo de derogar el IRPF. Insisten en que las jubilaciones no deben estar gravadas
La situación de los jubilados que obtuvieron sentencias de inconstitucionalidad del IRPF preocupa a los juristas, que entienden que no deben ser gravados por el nuevo impuesto anunciado ayer por el gobierno.
El constitucionalista y ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, sostuvo que desde el punto de vista jurídico el nuevo impuesto sigue siendo inconstitucional, porque desconoce el artículo 67 de la Constitución. "Por el hecho de cambiársele el nombre al impuesto, elevarle el mínimo no imponible y modificar en algunos tramos las tasas, no deja de ser un impuesto que disminuye la jubilación y eso va contra el artículo 67. Además, viola el principio de igualdad y desconoce la seguridad jurídica y económica que están garantizadas por la Constitución", explicó Aguirre a El País.
A juicio de Aguirre, que patrocinó varios recursos de inconstitucionalidad ante la SCJ, lo más graves es la situación que se genera con respecto a las personas que ya habían obtenido un fallo favorable. "Este impuesto es una manera de enervar los efectos de la sentencia, desconocer la cosa juzgada que emana de la sentencia y volver a gravar con un impuesto a las jubilaciones a personas que obtuvieron una declaración de la Corte en el sentido de que es inconstitucional hacerlo", indicó. Sobre el destino que tendrá lo que se recaude por el impuesto que se pretende instalar en lugar del IRPF, que según se anunció será a la seguridad social, afirmó que es una decisión que atiende a uno de los vicios de inconstitucionalidad señalado por algunos de los abogados patrocinantes de recursos ante la SCJ. "Para mi que vaya a rentas generales o al BPS no importa, pues en todos los casos es una rebaja de las jubilaciones y eso está prohibido por el artículo 67 que obliga a mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones. No se puede dar por un lado y quitar por otro a través de un impuesto", afirmó.
Por su parte, el constitucionalista y ex senador del Foro Batllista, Ruben Correa Freitas, dijo a El País que el nuevo tributo plantea un problema en los casos de jubilados que ya habían obtenido una sentencia de inconstitucionalidad al reclamar ante la SCJ.
"Se puede plantear una nueva discusión del punto de vista jurídico sobre si es posible o no que se les aplique a ellos algún tipo de impuesto cuando la Corte dijo que no se podía hacer y cada uno de los beneficiarios deberá reclamar sobre este tema", indicó.
Sobre el destino que se le dará a lo que se recaude por este impuesto, Correa Freitas dijo que al especificar que se volcará al BPS el gobierno trata de salvar algunas de las objeciones planteadas, pero para él "el problema es si el jubilado tiene que contribuir a la seguridad social cuando ya lo hizo como activo".
Si bien sostuvo que aún no puede afirmar que esta modificación se ajusta o no a la Constitución pues no conoce el texto del proyecto de ley, el ex senador afirmó que este tema se debe solucionar mediante una reforma constitucional vía plebiscito en las elecciones del 2009, que establezca claramente que las pasividades no estarán alcanzadas por ningún tipo de impuesto.
Los reclamos continuarán en la corte
Gonzalo Aguirre sostuvo que este cambio se debe interpretar como "un triunfo" de los jubilados que accionaron ante la Suprema Corte de Justicia y obligaron al gobierno a "retroceder, por lo menos parcialmente". De todas formas, dijo que no se tendría que haber sustituido el IRPF por otro impuesto, pues de esta forma "la pelea va seguir ante la Corte porque los jubilados van a seguir apelando, aunque ahora la mayoría sea contraria a la inconstitucionalidad". Ruben Correa Freitas coincidió en que los reclamos continuarán en la Corte, particularmente los de aquellos que obtuvieron una sentencia favorable y ahora deberán tributar.
El País, 20 de mayo
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