Demora. Vázquez apoyó a Abín; SCJ dice que cumplió
El presidente Vázquez se "solidarizó" ayer con el embajador en Italia, Carlos Abín y expresó su "plena confianza" con el diplomático, quien responsabilizó del atraso de la entrega del pedido de extradición de Jorge Tróccoli al Poder Judicial.
La manifestaciones del mandatario se realizaron ayer en el Consejo de Ministros, según dijeron a El País participantes de la reunión. Para la Corte, en cambio, los plazos se cumplieron y quien no informó al embajador de la perentoriedad del trámite para presentar el pedido de extradición del militar retirado, fue la Cancillería.
Tróccoli, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura, fue liberado en Italia, donde también es indagado por la desaparición de seis personas con nacionalidad italiana.
Abín sostuvo ayer en diversos medios de comunicación que el Poder Judicial entregó a Cancillería la solicitud de extradición en una fecha demasiado próxima al vencimiento del plazo y sin indicación de la premura y plazo de vencimiento que tenía el trámite. Dijo que de los 90 días disponibles, se tomó 80.
La Suprema Corte explicó que entregó el escrito con copia del expediente de 600 páginas traducido al italiano el 13 de marzo a Cancillería, a la que informó de la necesidad que ello fuera presentado a la brevedad en Italia. El plazo expiraba el 23 de marzo. "Se entregó con 10 días de anticipación y el día antes se advirtió expresamente al Ministerio de Relaciones Exteriores el plazo existente", dijo el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat. "Si desde el ministerio de Uruguay no le advirtieron al embajador en Italia tampoco es responsabilidad del Poder Judicial. Nosotros le advertimos, y efectivamente los funcionarios del otro lado se dieron por enterados. Todo lo que pasó después de eso en cuanto a que el embajador dice que era feriado... Esas son explicaciones que tienen que dar ellos, nosotros entendimos que con 10 días de antelación era suficiente", declaró ayer a radio El Espectador.
En tanto, Óscar López Goldaracena, abogado patrocinante del expediente sobre traslados clandestinos de presos políticos en 1978, reiteró su reclamo de que Abín renuncie a su cargo de embajador.
El embajador anunció que viajará a Uruguay en los próximos días, para personalmente dar explicaciones a organizaciones de derechos humanos.
Por su parte, la fiscal Mirtha Guianze consideró que una forma de intentar que el militar retirado sea juzgado es que el Estado contrate a un abogado en Italia.
El País, 6 de mayo
No hay comentarios:
Publicar un comentario