Por Constanza Moreira |*|
La semana pasada las repercusiones sobre la decisión de cancelar los vuelos a España de la empresa Leadgate, socia accionaria de Pluna, estuvieron en la primera plana de los diarios. El programa "La sed y el agua" que se emitió por Canal 5 el domingo 7 de setiembre, tuvo como protagonista al ministro de Transporte y Obras Públicas, quien se pronunció públicamente sobre el tema, antes de hacerlo en el Parlamento, donde será interpelado por la bancada de la oposición. Estas medidas incluso culminaron en el anuncio de que el ministro de Economía podía retrasar su alejamiento de esa cartera, previsto para este lunes, para poder concurrir a la interpelación. Ambos ministros fueron quienes condujeron la negociación que llevó a la "re-privatización" de Pluna, cuando esta dejó de detentar el 51% de las acciones, y la mayoría absoluta del capital accionario (75%) pasó a Leadgate, dejando en manos del Estado sólo el 25% de las mismas. Con esto último, la participación del Estado en las decisiones de Pluna dejaba de ser significativa en las decisiones que tomara el Directorio. Fue exactamente lo que pasó, cuando se tomó la decisión de suspender los vuelos a España. El Estado puede "observar" una desviación de lo que cree el plan de negocios acordado con la empresa, pero está en minoría a la hora de tomar una decisión.
Antes, ya Pluna había sido "privatizada", y por eso el término "re-privatización" corresponde en este caso. Lo había sido, no porque cediera el 49% de su capital accionario a Varig (esto sucedió en 1995), sino porque cedió la gestión de la empresa aérea a Varig. Y esto, es a menudo un aspecto de la privatización que no tomamos en cuenta. Cuando Varig entró en crisis, y el gobierno de Lula manifestó su rechazo a "rescatar" a la empresa (mais uma vez..), también lo hizo Pluna. Ello se produjo hace ya dos años, en los cuales la gestión de la empresa volvió a pasar a manos del Estado. En marzo de 2006, cuando Pluna cumplía 70 años, y de acuerdo a la crónica de Samuel Blixen (13/1/2007, Semanario Brecha), el Ministerio de Economía había anunciado a Pluna Ente Autónomo que no habría más plata para Pluna, y comenzó entonces la búsqueda de un socio, que en principio, pusiera dos millones de dólares para cerrar el trato (con compromisos de mayor capitalización hacia el futuro). Hasta entonces, era claro que al país le interesaba mantener una línea aérea de bandera nacional, esto es, que no era una empresa "cualquiera" sino algo en lo cual nos iba la soberanía. ¿Cuál es la posición ahora?
Las posiciones sobre el futuro de Pluna pueden ser encontradas en un continuo que va desde la privatización total, a la estatización total (como lo está haciendo Argentina, en el rescate de Aerolíneas Argentinas, justamente, en el fracaso de su "re-privatización"). Estas posiciones pueden encontrarse a lo largo y a lo ancho del espectro político, incluyendo al gobierno, los partidos (todos), y el sindicato de funcionarios, que de la mano del PIT-CNT solicita la intervención de la aerolínea por parte del Estado. Ante tan complejo manejo de alternativas posibles, uno se pregunta qué es lo que prima: si una posición "de principio", una política estratégica de largo aliento o una decisión circunstancial que nos permita salir del apuro.
La izquierda ha revisado su posición sobre las privatizaciones, o al menos, una parte de ella, hace mucho tiempo. Si juzgáramos por las convocatorias a mecanismos de democracia directa para "frenar "las privatizaciones, la izquierda podría contar entre sus éxitos al referéndum contra
Algunas veces la izquierda, post socialismo real, no supo cómo definir posición en relación a algunos de estos temas. Al asumir el gobierno (y sus déficits) estos cuestionamientos se ahondaron, sea porque entonces se hicieron visibles los beneficios de una asociación con privados o porque se hizo evidente para el actual partido de gobierno la enorme dificultad que tenía Uruguay para "seducir" a alguien para que se sumara al negocio (como en el caso de Pluna). Hoy la izquierda necesita debatir, a puertas abiertas, su posición sobre las empresas públicas y los alcances de una política de asociación con privados. Cuentan aquí también las preferencias, y los valores, de las elites dirigentes.
Recientemente (2007), una encuesta realizada a dirigentes empresariales, sindicales y políticos, reveló algunas sorpresas en relación a la percepción de las empresas públicas. Para la mayoría de los entrevistados (51%), la evaluación sobre las empresas públicas arrojaba opiniones favorables. Esto se dividía diferencialmente entre los segmentos de elite entrevistados: entre los legisladores del Partido Nacional, las opiniones negativas superaban a las positivas (38% contra 29%), al igual que entre los dirigentes empresariales. Entre los del Partido Colorado, las opiniones positivas (43%) superaban a las negativas (14%). Entre los frenteamplistas, y entre los sindicalistas, las opiniones favorables eran casi unánimes. En cuanto a la influencia que tenían las empresas públicas en la política nacional, en el total, la mayoría declaró que tienen bastante (58%) y mucha (24%).
Una segunda batería de preguntas se orientó a medir las preferencias de estas elites sobre qué debía estar en manos estatales y qué debía estar en manos privadas. En el caso de la salud, la mayoría de los legisladores y gobernantes del FA declararon que la salud debería estar en manos estatales (a diferencia de los legisladores blancos y colorados, y los empresarios). En la educación básica, todos estuvieron de acuerdo en que era el Estado quien debería estar a cargo. También en la educación superior (con la excepción de los legisladores blancos y los empresarios), hubo acuerdo en que estuviera a cargo del Estado. Llama asimismo la atención de que en los servicios de "agua potable y saneamiento" y en la "seguridad social" haya un acuerdo de todos para que estén bajo responsabilidad del Estado.
En el área de "combustibles" se registra una mayor división: mientras que los nacionalistas, colorados y empresarios consideran que debe privatizarse, no consideran esto los legisladores del FA, los gobernantes y los sindicalistas, pero aquí, un porcentaje de los gobernantes es favorable a la privatización (29%). Algo similar ocurre con las telecomunicaciones, donde una porción de los representantes en el gobierno no despreciable (38%) considera que debería estar en manos privadas.
Finalmente, puestos a contestar qué porcentaje de la actividad económica debería estar en manos del Estado, un porcentaje muy importante de colorados (43%) y frenteamplistas (45%) no saben qué responder. Este porcentaje es muy bajo entre los nacionalistas (10%), los sindicalistas (13%) o aún entre los empresarios (28%).
La izquierda no tiene una visión unánime sobre el tema de la participación del Estado en la economía, y sin principios rectores, parece difícil que se pueda tomar decisiones que supongan alguna coherencia con una estrategia de más largo aliento. Aun cuando estar en el gobierno obliga todo el tiempo a apagar incendios (como el de Pluna), una visión estratégica es importante, y sin ella no hay "proyecto país" posible. La ruta de la modernización del Uruguay fue de la mano con los dos impulsos del primer y segundo batllismo, pero ambos supusieron inclinar la balanza a favor del Estado, y ganarle la pulseada, para ello, al modelo agroexportador. Pero, alguien podría argumentar, el mundo ha cambiado. Los monopolios han caído. Pero sólo los monopolios estatales han caído, porque la tendencia a la monopolización y la oligopolización de las grandes empresas que dominan el comercio mundial, es lo que prevalece. Mientras tanto, queremos países soberanos, queremos bandera propia en los aviones, y por si faltaba menos, queremos educación básica, agua potable y jubilaciones provistas por el Estado, como lo muestra la encuesta. Pero una cosa no va separada de la otra: será difícil mantener servicios públicos a cargo del Estado, soberanía, o bandera propia, si no aseguramos que el Estado intervenga en áreas estratégicas. Esta discusión, para la izquierda, parece estar (re)comenzando.
|*| Politóloga. Universidad de
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