Legisladores de todos los partidos políticos respaldaron la gestión del comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, quien ayer presentó el detalle de las violaciones a los derechos humanos, abusos y actos de corrupción en la cárcel de Canelones y que provocaron “la caída” del director del establecimiento
El comisionado parlamentario presentó ayer en la Comisión del Sistema Carcelario el informe complementario de la situación de la cárcel de Canelones donde se brindan detalles sobre el pago de coimas, “peajes”, amenazas, graves abusos de los internos y críticas condiciones sanitarias.Garcé respondió a las acusaciones del jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, quien afirmó días pasados que el comisionado lo presionó para que “trasladara a Treinta y Tres a dos narcotraficantes”. Guarteche había dicho que Garcé “le hace mandados a delincuentes” y que “está a disposición de los internos y no solo de los normales sino también de los narcotraficantes”. “Hemos visto pedidos de traslados de narcos; Garcé ha tratado de presionar no solamente a la autoridad carcelaria sino también a los jefes de policías como a mí”, afirmó el oficial, quien agregó: “ No me dejo presionar por nadie”. “Garcé trató de comprometer al jefe de Policía de Treinta y Tres y a mí, y buscó empujarnos a que autorizáramos esos traslados”, dijo al tiempo que negó haber comunicado esta situación al Ministerio del Interior ya que “quedó en la interna del Comando” de Canelones. Ante estas apreciaciones, Garcé afirmó que “ la distinción que públicamente invoca el jefe de Canelones entre delincuentes comunes y narcotraficantes, además de lamentable, es ilegal” y sostiene que no hubo presiones para lograr el traslado de “dos narcos” hacia el interior, lo cual “es una calumnia”. Según relata Garcé, se trata de dos internos cuyas familias (de Treinta y Tres y Río Branco) estaban inmersas en una grave situación de riesgo”, lo cual incluía amenazas y distintos tipos de abuso (muy graves). Afirma que su intervención se limitó a advertirle al jefe de Canelones la situación. Reveló que durante casi dos meses el padre de uno de los reclusos depositó $ 7.000 semanales en locales de pago creyendo proteger la integridad de su hijo. La intervención se limitó a una advertencia verbal al jefe.Garcé solicitó que “se sirva tomar declaración” al diputado Dardo Sánchez quien “podrá acreditar en qué términos solicitó la intervención del suscrito”, y a Rafael Ravera Parietti, patrocinante de los internos amenazados. En el informe, el comisionado sostiene que “esta oficina se ajusta a la letra de la ley y por ello da curso a las quejas planteadas por internos procesados por delitos relacionados a la ley de estupefacientes. Esta oficina no recomienda el traslado de narcotraficantes, rapiñeros, copadores o violadores sino que recomienda la adopción de medidas tendientes a preservar la vida”.En su comparecencia, Garcé denunció además la violación de dos reclusos y pidió que, para salvaguardar la identidad de los presos, no constara en actas. Durante la reunión, que se extendió por casi dos horas, todos los partidos políticos cerraron filas detrás del comisionado. Los legisladores criticaron al jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche en el entendido que “denunció sin tener los fundamentos necesarios”. Desde el Partido Nacional, se afirmó que “las apreciaciones de Guarteche lindaron con la ilegalidad”.El comisionado denunció la existencia de presiones y hostigamientos y relata que “se habría retirado a los internos de sus celdas, desnudado y apaleado”. El documento hace referencia a “requisas realizadas en lo que va del año con un injustificado nivel de violencia”, por ejemplo relata el caso de un interno “de edad avanzada” que recibió un disparo con una bala de goma en el pecho”. Con respecto al régimen de reclusión, se comprobó que en el módulo 2 “se mantiene un régimende encierro casi permanente” y “se priva a los internos el acceso al agua y al gas”. Se informa sobre largas sanciones con semanas enteras de aislamiento donde “los internos hacían sus necesidades en botellas de plástico y bolsas de nylon que eran retiradas una vez al día”. El documento refiere a múltiples testimonios que afirman que las requisas en las que se incautaban celulares, los aparatos posteriormente eran ofrecidos por algún funcionario a los propios internos. Asimismo se informa que un interno que ingresó por suministro de estupefacientes fue trasladado en forma inmediata y directamente a la chacra policial bajo un régimen de confianza.“O denuncia o lo decapita”“¡O hace la denuncia penal o decapita al jefe de Policía!”. Tal fue la afirmación realizada por el diputado nacionalista, Gustavo Gustavo Borsari (Herrerismo) durante la reunión de la Comisión de Seguimiento Carcelario. El legislador dijo posteriormente a Ultimas Noticias que “salió fortalecida la institución y el comisionado. Dijo que “después de escuchar las afirmaciones de Garcé se arribó a la conclusión que “lo que decía es verdad y que las violaciones a los derechos humanos son ciertas”.El diputado Javier García, entretanto, confirmó que se analiza la convocatoria de la ministra del Interior, Daisy Tourné.Otros legisladores de la oposición afirmaron que Garcé “ha procedido tal cual lo establece la ley” y criticaron el mecanismo utilizado por Guarteche. El diputado del Partido Colorado, Daniel García Pintos, en tanto, dijo que el caso “es oscuro y extremadamente grave”.La presidenta de la Comisión, la oficialista Daniela Paysée, dijo que “el respaldo al comisionado tiene que ver con las pruebas presentadas” por el funcionario.Clima enrarecidoEn lo últimos días se registró un enfrentamiento entre Garcé y Guarteche. Dicha discusión, se generó en momentos en que el diputado del Frente Amplio, Esteban Pérez, (Mpp), Luis Gallo (Asamblea Uruguay) y el propio Garcé analizaban la situación en el centro penitenciario canario. Participantes del encuentro dijeron a Ultimas Noticias que “el clima se enrareció” cuando el comisionado comenzó a hablar de corrupción. El jefe de Policía de Canelones reclamó: “¡Quiero nombres, quiero nombres, quiero nombres”. “Yo me manejo con nombres”, dijo el jerarca policial
Últimas Noticias, 5 de setiembre
El comisionado parlamentario presentó ayer en la Comisión del Sistema Carcelario el informe complementario de la situación de la cárcel de Canelones donde se brindan detalles sobre el pago de coimas, “peajes”, amenazas, graves abusos de los internos y críticas condiciones sanitarias.Garcé respondió a las acusaciones del jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, quien afirmó días pasados que el comisionado lo presionó para que “trasladara a Treinta y Tres a dos narcotraficantes”. Guarteche había dicho que Garcé “le hace mandados a delincuentes” y que “está a disposición de los internos y no solo de los normales sino también de los narcotraficantes”. “Hemos visto pedidos de traslados de narcos; Garcé ha tratado de presionar no solamente a la autoridad carcelaria sino también a los jefes de policías como a mí”, afirmó el oficial, quien agregó: “ No me dejo presionar por nadie”. “Garcé trató de comprometer al jefe de Policía de Treinta y Tres y a mí, y buscó empujarnos a que autorizáramos esos traslados”, dijo al tiempo que negó haber comunicado esta situación al Ministerio del Interior ya que “quedó en la interna del Comando” de Canelones. Ante estas apreciaciones, Garcé afirmó que “ la distinción que públicamente invoca el jefe de Canelones entre delincuentes comunes y narcotraficantes, además de lamentable, es ilegal” y sostiene que no hubo presiones para lograr el traslado de “dos narcos” hacia el interior, lo cual “es una calumnia”. Según relata Garcé, se trata de dos internos cuyas familias (de Treinta y Tres y Río Branco) estaban inmersas en una grave situación de riesgo”, lo cual incluía amenazas y distintos tipos de abuso (muy graves). Afirma que su intervención se limitó a advertirle al jefe de Canelones la situación. Reveló que durante casi dos meses el padre de uno de los reclusos depositó $ 7.000 semanales en locales de pago creyendo proteger la integridad de su hijo. La intervención se limitó a una advertencia verbal al jefe.Garcé solicitó que “se sirva tomar declaración” al diputado Dardo Sánchez quien “podrá acreditar en qué términos solicitó la intervención del suscrito”, y a Rafael Ravera Parietti, patrocinante de los internos amenazados. En el informe, el comisionado sostiene que “esta oficina se ajusta a la letra de la ley y por ello da curso a las quejas planteadas por internos procesados por delitos relacionados a la ley de estupefacientes. Esta oficina no recomienda el traslado de narcotraficantes, rapiñeros, copadores o violadores sino que recomienda la adopción de medidas tendientes a preservar la vida”.En su comparecencia, Garcé denunció además la violación de dos reclusos y pidió que, para salvaguardar la identidad de los presos, no constara en actas. Durante la reunión, que se extendió por casi dos horas, todos los partidos políticos cerraron filas detrás del comisionado. Los legisladores criticaron al jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche en el entendido que “denunció sin tener los fundamentos necesarios”. Desde el Partido Nacional, se afirmó que “las apreciaciones de Guarteche lindaron con la ilegalidad”.El comisionado denunció la existencia de presiones y hostigamientos y relata que “se habría retirado a los internos de sus celdas, desnudado y apaleado”. El documento hace referencia a “requisas realizadas en lo que va del año con un injustificado nivel de violencia”, por ejemplo relata el caso de un interno “de edad avanzada” que recibió un disparo con una bala de goma en el pecho”. Con respecto al régimen de reclusión, se comprobó que en el módulo 2 “se mantiene un régimende encierro casi permanente” y “se priva a los internos el acceso al agua y al gas”. Se informa sobre largas sanciones con semanas enteras de aislamiento donde “los internos hacían sus necesidades en botellas de plástico y bolsas de nylon que eran retiradas una vez al día”. El documento refiere a múltiples testimonios que afirman que las requisas en las que se incautaban celulares, los aparatos posteriormente eran ofrecidos por algún funcionario a los propios internos. Asimismo se informa que un interno que ingresó por suministro de estupefacientes fue trasladado en forma inmediata y directamente a la chacra policial bajo un régimen de confianza.“O denuncia o lo decapita”“¡O hace la denuncia penal o decapita al jefe de Policía!”. Tal fue la afirmación realizada por el diputado nacionalista, Gustavo Gustavo Borsari (Herrerismo) durante la reunión de la Comisión de Seguimiento Carcelario. El legislador dijo posteriormente a Ultimas Noticias que “salió fortalecida la institución y el comisionado. Dijo que “después de escuchar las afirmaciones de Garcé se arribó a la conclusión que “lo que decía es verdad y que las violaciones a los derechos humanos son ciertas”.El diputado Javier García, entretanto, confirmó que se analiza la convocatoria de la ministra del Interior, Daisy Tourné.Otros legisladores de la oposición afirmaron que Garcé “ha procedido tal cual lo establece la ley” y criticaron el mecanismo utilizado por Guarteche. El diputado del Partido Colorado, Daniel García Pintos, en tanto, dijo que el caso “es oscuro y extremadamente grave”.La presidenta de la Comisión, la oficialista Daniela Paysée, dijo que “el respaldo al comisionado tiene que ver con las pruebas presentadas” por el funcionario.Clima enrarecidoEn lo últimos días se registró un enfrentamiento entre Garcé y Guarteche. Dicha discusión, se generó en momentos en que el diputado del Frente Amplio, Esteban Pérez, (Mpp), Luis Gallo (Asamblea Uruguay) y el propio Garcé analizaban la situación en el centro penitenciario canario. Participantes del encuentro dijeron a Ultimas Noticias que “el clima se enrareció” cuando el comisionado comenzó a hablar de corrupción. El jefe de Policía de Canelones reclamó: “¡Quiero nombres, quiero nombres, quiero nombres”. “Yo me manejo con nombres”, dijo el jerarca policial
Últimas Noticias, 5 de setiembre
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