Estado. La Rendición, votada ayer, permitiría ocupar hasta 7.000 vacantes
En los próximos seis meses Ancap hará ingresar 465 nuevos funcionarios públicos. Es una de las consecuencias inesperadas de la Rendición de Cuentas que se terminó de votar ayer. Los colorados afirman que el gobierno cubrirá 7.225 vacantes.
Los llamados de Ancap ocuparon parte del debate en la Cámara de Diputados, donde la diputada blanca Adriana Peña se quejó porque la empresa obligará a cientos de funcionarios contratados a realizar concursos abiertos de oposición y méritos para acceder a los cargos de función pública.
La Rendición de Cuentas permite al Ejecutivo regularizar a cientos de empleados con contratos a término en la Administración Central, que pasarán a ser funcionarios públicos. La regularización está exceptuada de lo dispuesto en una ley de 1990, que impide designar nuevos funcionarios públicos en los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno.
Otro punto que cuestiona la oposición es la derogación de dos artículos de la Rendición de Cuentas del año pasado que indican que las vacantes en la Administración Central serán "suprimidas" si no se ocupan en un año. Así, ahora se habilita a proveer todas las vacantes que se han producido en los últimos años, "sin distinción del motivo que las originó".
Eso implica que el gobierno podrá ocupar 7.225 cargos antes de dejar el poder, según afirman legisladores quincistas en base a datos de la Contaduría. Y se suman 1.692 cargos que se crean en la Rendición, según el cálculo colorado. El diputado José Amorín preguntó: "¿Alguien cree que son necesarios?". Recordó que eso implica un gasto de US$ 60 millones al año y que los colorados han propuesto dejar sin efecto esas designaciones para mejorar la situación de los policías.
El frenteamplista Carlos Gamou (Espacio 609) le respondió: "Estoy muy orgulloso que mi gobierno haya regularizado 9.000 cargos. Porque en este país había trabajadores en negro, en las famosas comisiones de apoyo. La exageración de la figura del becario o pasante también era una forma de desnaturalizar esa figura".
HISTORIA. Cuando empezó la discusión de la Rendición en Diputados hace varios meses, Peña presentó un artículo que permitía regularizar 125 contratos en la planta de Ancap de Minas: algunos trabajadores están desde hace 18 años y pasarían a ser funcionarios. Ancap aceptó ese planteo, pero extendió la facultad a toda la empresa estatal, para no atender la necesidad de una sola planta.
En el Senado y a pedido del gobierno, se modificó sustancialmente el artículo, eliminando toda referencia a regularización de personal "que desempeña tareas en las distintas reparticiones de Ancap, bajo modalidad de contratación directa o indirecta". En total, hay unos 800 trabajadores con contratos precarios (ya sea becarios, pasantes o tercerizados), cuando la plantilla de Ancap es de unos 2.000 empleados.
A juicio del vicepresidente Gerardo Riet, es claro que hoy la plantilla de la empresa estatal es "inadecuada" y "se precisa más gente" en forma fija. "Por eso hemos sido autorizados a hacer nuevos llamados públicos para ingreso de personal", indicó Riet a El País. La redacción final del artículo 505 faculta a Ancap a designar nuevo personal con contratos de función pública para cubrir vacantes generadas y las que resulten del proceso de reestructura, previa realización de concursos de oposición y méritos.
En esos concursos podrá anotarse personal que hoy trabaja para Ancap (aunque no tiene contratos de función pública) y también interesados de afuera del ente. De hecho, la posición de la empresa para los llamados es que exista un cupo (generalmente la mitad) para el personal, que se puede presentar a las convocatorias.
Ancap tiene plazo hasta marzo para cumplir con estos ingresos, debido a que no se puede hacer ingresos un año antes del cambio de gobierno. Ancap piensa firmar 465 contratos de función pública, y ya hay un concurso abierto por cien de esos 465 cargos, dijo Riet. Unos 300 lugares son para obreros, 100 son profesionales, y menos de 70 administrativos.
MOLESTA. A juicio de Peña, el cambio de decisión oficial implicará que "muy pocos" empleados contratados podrán ingresar con contratos de función pública. A Peña le preocupan especialmente los funcionarios de la planta de Minas y cree que el gobierno cayó en una "actitud desleal", ya que había prometido regularizar esas situaciones. "Empleados que están hace 18 años deberán competir con estudiantes de 20 años. Las injusticias duelen, más cuando no se da la cara", advirtió.
Desde el Frente, Gamou defendió la posición sin vueltas: "Si después de 18 años alguien no pasa una prueba de aptitud, es que estuvo robando la plata. Lo mínimo que podemos pedir para el ingreso a la función pública es concurso de mérito y oposición, o de mérito y prueba de aptitud. Acá no se está planteando sorteo. Esto se puede hacer rápidamente a los efectos de la regularización".
Sigue la polémica por la Corte
Con 51 votos en 59, los diputados del Frente ratificaron ayer los cambios que el Senado realizó al proyecto de Rendición de Cuentas. Blancos y colorados aprovecharon para repetir las críticas a la bancada oficialista por no atender los reclamos de la Corte Electoral ni del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, ante artículos ingresados a último momento en el Senado. El diputado blanco Jorge Gandini protestó porque se limitan a 30 las vacantes que la Corte podrá llenar hasta 2010. El organismo tiene 90 vacantes y pedía 60 contratos a término. "Esto contradice el espíritu de esta Rendición, donde campea la creación de cargos", ironizó. El diputado entiende que se trata de un "chantaje", por la actual integración del organismo.
El herrerista José Carlos Cardoso habló de una "mordaza" e insistió en que "vengarse presupuestalmente" es "muy grosero". El frenteamplista Eduardo Brenta rechazó que exista una "venganza política" y dijo que el Frente no tiene como estilo "cobrarse" estas cosas. El oficialismo dice que la Corte podrá funcionar sin problemas si llena las 30 vacantes.
BSE y puerto
La Rendición de Cuentas permite al Banco de Seguros celebrar contratos de función pública con ex fiscalizadores de accidentes laborales que hoy tienen contratos de ayudantes generales en el banco. Y se habilita a la ANP a contratar personal por un año para tripular embarcaciones afectadas al dragado.
El País, 9 de setiembre
En los próximos seis meses Ancap hará ingresar 465 nuevos funcionarios públicos. Es una de las consecuencias inesperadas de la Rendición de Cuentas que se terminó de votar ayer. Los colorados afirman que el gobierno cubrirá 7.225 vacantes.
Los llamados de Ancap ocuparon parte del debate en la Cámara de Diputados, donde la diputada blanca Adriana Peña se quejó porque la empresa obligará a cientos de funcionarios contratados a realizar concursos abiertos de oposición y méritos para acceder a los cargos de función pública.
La Rendición de Cuentas permite al Ejecutivo regularizar a cientos de empleados con contratos a término en la Administración Central, que pasarán a ser funcionarios públicos. La regularización está exceptuada de lo dispuesto en una ley de 1990, que impide designar nuevos funcionarios públicos en los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno.
Otro punto que cuestiona la oposición es la derogación de dos artículos de la Rendición de Cuentas del año pasado que indican que las vacantes en la Administración Central serán "suprimidas" si no se ocupan en un año. Así, ahora se habilita a proveer todas las vacantes que se han producido en los últimos años, "sin distinción del motivo que las originó".
Eso implica que el gobierno podrá ocupar 7.225 cargos antes de dejar el poder, según afirman legisladores quincistas en base a datos de la Contaduría. Y se suman 1.692 cargos que se crean en la Rendición, según el cálculo colorado. El diputado José Amorín preguntó: "¿Alguien cree que son necesarios?". Recordó que eso implica un gasto de US$ 60 millones al año y que los colorados han propuesto dejar sin efecto esas designaciones para mejorar la situación de los policías.
El frenteamplista Carlos Gamou (Espacio 609) le respondió: "Estoy muy orgulloso que mi gobierno haya regularizado 9.000 cargos. Porque en este país había trabajadores en negro, en las famosas comisiones de apoyo. La exageración de la figura del becario o pasante también era una forma de desnaturalizar esa figura".
HISTORIA. Cuando empezó la discusión de la Rendición en Diputados hace varios meses, Peña presentó un artículo que permitía regularizar 125 contratos en la planta de Ancap de Minas: algunos trabajadores están desde hace 18 años y pasarían a ser funcionarios. Ancap aceptó ese planteo, pero extendió la facultad a toda la empresa estatal, para no atender la necesidad de una sola planta.
En el Senado y a pedido del gobierno, se modificó sustancialmente el artículo, eliminando toda referencia a regularización de personal "que desempeña tareas en las distintas reparticiones de Ancap, bajo modalidad de contratación directa o indirecta". En total, hay unos 800 trabajadores con contratos precarios (ya sea becarios, pasantes o tercerizados), cuando la plantilla de Ancap es de unos 2.000 empleados.
A juicio del vicepresidente Gerardo Riet, es claro que hoy la plantilla de la empresa estatal es "inadecuada" y "se precisa más gente" en forma fija. "Por eso hemos sido autorizados a hacer nuevos llamados públicos para ingreso de personal", indicó Riet a El País. La redacción final del artículo 505 faculta a Ancap a designar nuevo personal con contratos de función pública para cubrir vacantes generadas y las que resulten del proceso de reestructura, previa realización de concursos de oposición y méritos.
En esos concursos podrá anotarse personal que hoy trabaja para Ancap (aunque no tiene contratos de función pública) y también interesados de afuera del ente. De hecho, la posición de la empresa para los llamados es que exista un cupo (generalmente la mitad) para el personal, que se puede presentar a las convocatorias.
Ancap tiene plazo hasta marzo para cumplir con estos ingresos, debido a que no se puede hacer ingresos un año antes del cambio de gobierno. Ancap piensa firmar 465 contratos de función pública, y ya hay un concurso abierto por cien de esos 465 cargos, dijo Riet. Unos 300 lugares son para obreros, 100 son profesionales, y menos de 70 administrativos.
MOLESTA. A juicio de Peña, el cambio de decisión oficial implicará que "muy pocos" empleados contratados podrán ingresar con contratos de función pública. A Peña le preocupan especialmente los funcionarios de la planta de Minas y cree que el gobierno cayó en una "actitud desleal", ya que había prometido regularizar esas situaciones. "Empleados que están hace 18 años deberán competir con estudiantes de 20 años. Las injusticias duelen, más cuando no se da la cara", advirtió.
Desde el Frente, Gamou defendió la posición sin vueltas: "Si después de 18 años alguien no pasa una prueba de aptitud, es que estuvo robando la plata. Lo mínimo que podemos pedir para el ingreso a la función pública es concurso de mérito y oposición, o de mérito y prueba de aptitud. Acá no se está planteando sorteo. Esto se puede hacer rápidamente a los efectos de la regularización".
Sigue la polémica por la Corte
Con 51 votos en 59, los diputados del Frente ratificaron ayer los cambios que el Senado realizó al proyecto de Rendición de Cuentas. Blancos y colorados aprovecharon para repetir las críticas a la bancada oficialista por no atender los reclamos de la Corte Electoral ni del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, ante artículos ingresados a último momento en el Senado. El diputado blanco Jorge Gandini protestó porque se limitan a 30 las vacantes que la Corte podrá llenar hasta 2010. El organismo tiene 90 vacantes y pedía 60 contratos a término. "Esto contradice el espíritu de esta Rendición, donde campea la creación de cargos", ironizó. El diputado entiende que se trata de un "chantaje", por la actual integración del organismo.
El herrerista José Carlos Cardoso habló de una "mordaza" e insistió en que "vengarse presupuestalmente" es "muy grosero". El frenteamplista Eduardo Brenta rechazó que exista una "venganza política" y dijo que el Frente no tiene como estilo "cobrarse" estas cosas. El oficialismo dice que la Corte podrá funcionar sin problemas si llena las 30 vacantes.
BSE y puerto
La Rendición de Cuentas permite al Banco de Seguros celebrar contratos de función pública con ex fiscalizadores de accidentes laborales que hoy tienen contratos de ayudantes generales en el banco. Y se habilita a la ANP a contratar personal por un año para tripular embarcaciones afectadas al dragado.
El País, 9 de setiembre
1 comentario:
seria bueno controlar los llamados publicos que se respeten las condiciones estipuladas por ley asi defender los derechos de todos no solo becarios o pasantes.
recordar que los pasantes deben ser estudiantes ¿se cumple esto en todos los casos , cuanto hace que estan estudiando ?
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