Costará U$S 1 millón al año; gobierno pone 50%
Con financiamiento estatal y también privado, la nueva ley general de cooperativas -que se prevé aprobar en 2008- creará un instituto dedicado especialmente a promover y fomentar el sector cooperativo.
En el tema hay acuerdo de frenteamplistas y blancos, aunque la fuerza de gobierno pretende que el proyecto de ley se apruebe rápido y la oposición quiere discutirlo más. La compleja ley general de cooperativas establece un código cooperativo para todas las ramas y tiene como novedad la formación del Instituto Nacional del Cooperativismo y la Economía Social (Inacoopes).
La fiscalización de las cooperativas permanece en manos de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), aunque en el proyecto original -redactado por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop)- eso también era potestad del instituto.
El nuevo instituto, con cinco directores y un gerente, se dedicará a la elaboración de políticas públicas y proyectos en materia cooperativa, además de capacitar a las autoridades de las cooperativas en el manejo político y en la gestión de los emprendimientos. "El objetivo es que las cooperativas sean empresas eficientes. Muchas fracasan por incapacidad a la hora de gestionar, ya que a veces son empresas recuperadas por los trabajadores", dijo a El País el diputado frenteamplista Eduardo Brenta.
Entre otras tareas, también promoverá la enseñanza del cooperativismo en la educación pública y privada; así como la investigación y formación de cooperativistas. Y hará comunicaciones públicas sobre la temática, según establece el proyecto que se discute en una comisión creada especialmente en el año 2006.
El instituto funcionará bajo una persona pública no estatal. Tres miembros de la directiva pertenecerán al gobierno y los otros dos al sector cooperativo. Además, habrá un equipo de técnicos contratados, fundamentalmente para tareas de capacitación. "La idea es que no haya una estructura burocrática más, sino que la estructura sea ejecutiva", indicó Brenta. La compensación económica de los directores será determinada según la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo.
DINERO. El nuevo instituto funcionará bajo un régimen de co financiamiento: se estima que su presupuesto anual sería de un millón de dólares, la mitad aportada por el Estado y la otra mitad por las cooperativas.
El Partido Nacional no tiene tan claras las cifras y pidió información a la Auditoría Interna de la Nación (AIN) y al Banco de Previsión Social (BPS), dijo el diputado Álvaro Delgado. La contribución especial de las cooperativas será de 0,15% del total de su facturación. Pero algunas, como las cooperativas de vivienda, aportarán según un valor ficto.
Además, deberán aportar la mitad de los excedentes de gestión que -por ley- destinan a educación y capacitación cooperativa. El aporte estatal será vía Rendición de Cuentas. Además, las cooperativas gozan de exoneraciones tributarias, mantenidas en la reforma impositiva realizada en 2007.
PASOS. El proyecto se encuentra entre las prioridades de la bancada de gobierno para este año. El Frente Amplio quiere votar la iniciativa en comisión a fines de mes. Presentado por Cudecoop, la iniciativa ingresó al Parlamento en forma simbólica a fines de 2004.
El objetivo central de la ley, con más de 200 artículos, es centralizar toda la normativa, que está dispersa y a veces es "contradictoria", indicó Brenta. Se trata de un reclamo histórico del sector cooperativo.
El proyecto abarca los principios cooperativos, el funcionamiento de las cooperativas y las competencias de los consejos directivos y asambleas, mecanismos de ingreso y egreso. Se autoriza a las entidades a disponer de acciones con interés, en un aspecto polémico.
Fuente: El País, 3 de marzo
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