lunes, 24 de marzo de 2008

Diferencias en el gobierno sobre desafiliación de AFAP



Diferencias en el gobierno sobre desafiliación de AFAP Trabajo dio una opinión positiva, pero en Economía hay una visión distinta
El presidente Vázquez había anunciado un informe técnico previo a adoptar una decisión En el gobierno surgieron diferentes posiciones sobre la desafiliación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) de aquellas personas que hicieron la opción de acogerse al régimen de capitalización individual cuando no estaban obligadas a hacerlo, dijeron fuentes oficiales. Según los informantes, la iniciativa cuenta con el visto bueno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ya le transmitió su opinión favorable al presidente Tabaré Vázquez. Cuando Vázquez hizo el último acto público en Paso de los Toros hace dos semanas, ciudadanos locales colocaron un cartel pidiéndole la desafiliación al sistema. El presidente dijo allí que el gobierno estaba esperando un dictamen técnico para resolver su posición próximamente. Sin embargo, la resolución del asunto no es sencilla, porque un decreto debe llevar, además de la firma del primer mandatario, la rubrica de los ministros de Trabajo y de Economía. Según las fuentes, en el equipo económico no están convencidos de que esa sea la mejor alternativa para el sistema de seguridad social porque se leería como un “ataque” al sistema mixto. En el gobierno hay expectativas de que el tema pueda ser analizado en las próximas reuniones del gabinete y algunas fuentes consultadas por El Observador no descartaron que el tema sea tratado hoy en el Consejo de Ministros. Reclamos gremiales.En tanto, la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT continúa reclamando que se habilite la desafiliación de las AFAP. El PIT-CNT recogió más de 8 mil voluntades de ciudadanos reclamando esa opción. La central obrera y la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) argumentan que la “retención” de los trabajadores para la capitalización individual es “inconstitucional” porque violenta el principio de libertad establecido en el artículo 10 de la carta magna. “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda”, sostiene un volante de esa comisión que incita a la desafiliación del régimen. La seguridad social en Uruguay fue reformada en 1995, creando un sistema mixto en el que conviven un pilar de solidaridad intergeneracional, administrado por el BPS, y uno de capitalización. A fines de la década de 1990 el PIT-CNT y el FA intentaron derogarlo, pero no alcanzaron las voluntades para llevar a referéndum la Ley 16.713. En el programa del FA no se incluye la derogación.
El Observador, 24 de marzo

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