Maltratados Las acusaciones de torturas en la Colonia Berro se abren paso en ámbitos judiciales.
El informe presentado por el Comité de los Derechos del Niño desató un aluvión de versiones y hechos que derivaron al ámbito judicial. Las aguas están divididas entre los que sostienen que los malos tratos en los Hogares Ser y Piedras son pan de todos los días, y quienes piden “pruebas reales”. Entre medio se ubicaron dos fiscales. Uno de ellos citó a declarar a los artífices del polémico informe. El otro está dilucidando si interpone un recurso de amparo para que las autoridades respondan sobre sus responsabilidades. El puzzle tiene muchas piezas y se torna difícil de armar. El debate sigue en turno de espera. Dicen que después de un período de tormenta siempre viene la calma; eso podría haber sucedido en las dos semanas posteriores a que el Comité de los Derechos del Niño (CDN) diera a conocer su informe sobre los hogares Piedras y Ser de la Colonia Berro. Pero desde que las evaluaciones del Comité y las denuncias de malos tratos y torturas fueron difundidas en forma pública, las repercusiones se produjeron en cadena y tocando distintos ámbitos como en un efecto dominó. Lo cierto es que el tema disparó múltiples flechas que terminaron en lugares más o menos sospechados. Según publicó el semanario Brecha (14/03/08), psicólogos de la Colonia Berro habían enviado cartas e informes al directorio del INAU en el mes de diciembre, manifestando su preocupación por “el mantenimiento de prácticas violatorias de los derechos humanos en algunos establecimientos de la colonia”. Esto dejaría en evidencia que el directorio del INAU había sido informado con anterioridad a la presentación del informe del Comité de los hechos denunciados. Jorge Ferrando, uno de los directores del INAU, dijo a la diaria que recordaba haber recibido las denuncias de los psicólogos, y que se lo comunicó a la dirección del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj). También reconoció que la misiva fue motivada porque resulta “chocante y difícil de pensar en una buena convivencia, en las condiciones de encierro que se viven en Piedras o Ser”. Ferrando subrayó que el directorio “no acepta acusaciones de cosas que creemos que no ocurren, como las torturas” y agregó que ya han propuesto la convocatoria de representantes de organizaciones sociales, parlamentarios y especialistas, para la creación de un Comité Observador, con el fin de realizar controles externos a las gestiones y que las denuncias se concreten. ¿Técnicos de rehenes? Por otra parte, el Dr. Gumer Pérez, representante legal de más de diez integrantes del equipo técnico -en el que se encuentran maestros, asistentes sociales, educadores y psicólogos- que trabaja en los hogares de la Colonia Berro, dijo a este medio que “las situaciones planteadas en el informe del CDN fueron advertidas hace tiempo al INAU. Unas se dieron a conocer sin documentación probatoria, otras formaron parte de las evaluaciones que los técnicos hicieron como parte de su trabajo, como especialistas en la institución”, dijo el abogado. Según Pérez, los informes de los técnicos coinciden en que las prácticas dentro de estos establecimientos transgreden los derechos humanos y algunas de las situaciones ya están judicializadas. “Nuestra mayor preocupación es quedar de rehenes de esta situación”, resumió. Tal como lo mencionó, a los técnicos que trabajan para el INAU no les interesa llevar este tema a instancias judiciales, sino que intentan “sensibilizar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, ya que el INAU no ha acatado con seriedad las recomendaciones del CDN”. Para eso solicitó una entrevista con el director del Interj, Carlos Uriarte, y piensa elevar las cartas mencionadas a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Para Uriarte, esa reunión servirá para no seguir “mediatizando” la discusión. Consultado por las cartas enviadas por los técnicos al directorio del INAU, dijo no saber nada al respecto, y recordó que no va a dar declaraciones sobre el informe, porque no quiere que las “cosas buenas” que se están haciendo a nivel institucional queden supeditadas a este momento de “enfrentamiento mediático”. Otros ángulos El Sindicato de Trabajadores del INAU (Suinau) tampoco se quedó de brazos cruzados. Según dijo a la diaria su secretario general, José Luis López, hoy se van a evaluar las posibilidades de iniciar acciones legales contra el CDN, porque “lo divulgado en el informe generó perjuicios entre los trabajadores”. En relación a las cartas enviadas por los psicólogos al directorio, aseguró que si el sindicato hubiera tenido conocimiento de las denuncias hubiera sido el Suinau el que habría solicitado una investigación administrativa. Dijo también que están de acuerdo con la mayoría de los temas denunciados por el CDN, pero no con las acusaciones de impartir malos tratos y torturas. Uno de los autores del informe, Luis Pedernera, lamentó que todo lo expuesto por la invetigación realizada se haya reducido al tema de las torturas, porque “el informe contiene más que eso”. A su entender, no se puede perder de vista que los adolescentes allí recluidos pasan 23 horas diarias encerrados, padecen una excesiva administración de psicofármacos, y carecen de una propuesta educativa, entre otras cosas no menos importantes. A saber, el informe contenía 15 páginas y también mencionaba las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los adolescentes en los centros Ser y Piedras y la falta de espacios abiertos destinados a la recreación, y hacía toda una serie de recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar las condiciones de encierro. Muchas de ellas pasaban por encontrar medidas alternativas a la reclusión, tendientes a proveer fromas de rehabilitación. “No sólo presentamos el informe sino que además tenemos propuestas que no han sido tenidas en cuenta. No queremos entrar en el terreno de pelear por la razón, sino generar un debate sobre las condiciones en que viven estos jóvenes y el futuro de esta propuesta”, explicó Pedernera. Mientras tanto, los mecanismos judiciales volvieron a tocar timbre y abrieron varias puertas. La fiscal de Pando, Nancy Hagobian, solicitó el lunes la iniciación de un presumario para que el juez llame a declarar a los involucrados en el informe del CDN. En tanto, el fiscal Enrique Viana decide hoy qué recurso es el que va a interponer. Habló sobre uno de amparo, para que las autoridades del INAU rindieran cuentas de lo que relata el informe. Aún quedan pendientes las reuniones del directorio del INAU con representantes de Unicef y del CDN para dialogar sobre el informe, pero al momento no tienen fecha prevista.
La Diaria, 26 de marzo
El informe presentado por el Comité de los Derechos del Niño desató un aluvión de versiones y hechos que derivaron al ámbito judicial. Las aguas están divididas entre los que sostienen que los malos tratos en los Hogares Ser y Piedras son pan de todos los días, y quienes piden “pruebas reales”. Entre medio se ubicaron dos fiscales. Uno de ellos citó a declarar a los artífices del polémico informe. El otro está dilucidando si interpone un recurso de amparo para que las autoridades respondan sobre sus responsabilidades. El puzzle tiene muchas piezas y se torna difícil de armar. El debate sigue en turno de espera. Dicen que después de un período de tormenta siempre viene la calma; eso podría haber sucedido en las dos semanas posteriores a que el Comité de los Derechos del Niño (CDN) diera a conocer su informe sobre los hogares Piedras y Ser de la Colonia Berro. Pero desde que las evaluaciones del Comité y las denuncias de malos tratos y torturas fueron difundidas en forma pública, las repercusiones se produjeron en cadena y tocando distintos ámbitos como en un efecto dominó. Lo cierto es que el tema disparó múltiples flechas que terminaron en lugares más o menos sospechados. Según publicó el semanario Brecha (14/03/08), psicólogos de la Colonia Berro habían enviado cartas e informes al directorio del INAU en el mes de diciembre, manifestando su preocupación por “el mantenimiento de prácticas violatorias de los derechos humanos en algunos establecimientos de la colonia”. Esto dejaría en evidencia que el directorio del INAU había sido informado con anterioridad a la presentación del informe del Comité de los hechos denunciados. Jorge Ferrando, uno de los directores del INAU, dijo a la diaria que recordaba haber recibido las denuncias de los psicólogos, y que se lo comunicó a la dirección del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj). También reconoció que la misiva fue motivada porque resulta “chocante y difícil de pensar en una buena convivencia, en las condiciones de encierro que se viven en Piedras o Ser”. Ferrando subrayó que el directorio “no acepta acusaciones de cosas que creemos que no ocurren, como las torturas” y agregó que ya han propuesto la convocatoria de representantes de organizaciones sociales, parlamentarios y especialistas, para la creación de un Comité Observador, con el fin de realizar controles externos a las gestiones y que las denuncias se concreten. ¿Técnicos de rehenes? Por otra parte, el Dr. Gumer Pérez, representante legal de más de diez integrantes del equipo técnico -en el que se encuentran maestros, asistentes sociales, educadores y psicólogos- que trabaja en los hogares de la Colonia Berro, dijo a este medio que “las situaciones planteadas en el informe del CDN fueron advertidas hace tiempo al INAU. Unas se dieron a conocer sin documentación probatoria, otras formaron parte de las evaluaciones que los técnicos hicieron como parte de su trabajo, como especialistas en la institución”, dijo el abogado. Según Pérez, los informes de los técnicos coinciden en que las prácticas dentro de estos establecimientos transgreden los derechos humanos y algunas de las situaciones ya están judicializadas. “Nuestra mayor preocupación es quedar de rehenes de esta situación”, resumió. Tal como lo mencionó, a los técnicos que trabajan para el INAU no les interesa llevar este tema a instancias judiciales, sino que intentan “sensibilizar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, ya que el INAU no ha acatado con seriedad las recomendaciones del CDN”. Para eso solicitó una entrevista con el director del Interj, Carlos Uriarte, y piensa elevar las cartas mencionadas a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Para Uriarte, esa reunión servirá para no seguir “mediatizando” la discusión. Consultado por las cartas enviadas por los técnicos al directorio del INAU, dijo no saber nada al respecto, y recordó que no va a dar declaraciones sobre el informe, porque no quiere que las “cosas buenas” que se están haciendo a nivel institucional queden supeditadas a este momento de “enfrentamiento mediático”. Otros ángulos El Sindicato de Trabajadores del INAU (Suinau) tampoco se quedó de brazos cruzados. Según dijo a la diaria su secretario general, José Luis López, hoy se van a evaluar las posibilidades de iniciar acciones legales contra el CDN, porque “lo divulgado en el informe generó perjuicios entre los trabajadores”. En relación a las cartas enviadas por los psicólogos al directorio, aseguró que si el sindicato hubiera tenido conocimiento de las denuncias hubiera sido el Suinau el que habría solicitado una investigación administrativa. Dijo también que están de acuerdo con la mayoría de los temas denunciados por el CDN, pero no con las acusaciones de impartir malos tratos y torturas. Uno de los autores del informe, Luis Pedernera, lamentó que todo lo expuesto por la invetigación realizada se haya reducido al tema de las torturas, porque “el informe contiene más que eso”. A su entender, no se puede perder de vista que los adolescentes allí recluidos pasan 23 horas diarias encerrados, padecen una excesiva administración de psicofármacos, y carecen de una propuesta educativa, entre otras cosas no menos importantes. A saber, el informe contenía 15 páginas y también mencionaba las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los adolescentes en los centros Ser y Piedras y la falta de espacios abiertos destinados a la recreación, y hacía toda una serie de recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar las condiciones de encierro. Muchas de ellas pasaban por encontrar medidas alternativas a la reclusión, tendientes a proveer fromas de rehabilitación. “No sólo presentamos el informe sino que además tenemos propuestas que no han sido tenidas en cuenta. No queremos entrar en el terreno de pelear por la razón, sino generar un debate sobre las condiciones en que viven estos jóvenes y el futuro de esta propuesta”, explicó Pedernera. Mientras tanto, los mecanismos judiciales volvieron a tocar timbre y abrieron varias puertas. La fiscal de Pando, Nancy Hagobian, solicitó el lunes la iniciación de un presumario para que el juez llame a declarar a los involucrados en el informe del CDN. En tanto, el fiscal Enrique Viana decide hoy qué recurso es el que va a interponer. Habló sobre uno de amparo, para que las autoridades del INAU rindieran cuentas de lo que relata el informe. Aún quedan pendientes las reuniones del directorio del INAU con representantes de Unicef y del CDN para dialogar sobre el informe, pero al momento no tienen fecha prevista.
La Diaria, 26 de marzo
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