El IRAE y las rentas de Capital están en la mira para compensar una eventual derogación del IRPF a Pasivos
El gobierno aumentará el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (Irae) y los tributos sobre las rentas de capital para compensar las pérdidas económicas, en caso de que se vea obligado a derogar el Irpf sobre las pasividades.
Si bien en el gobierno prima la cautela y se guarda silencio respecto al futuro del tributo, la mayoría asume que la derogación se concretará en la medida que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) continúe emitiendo fallos de inconstitucionalidad.
Con esa perspectiva, el gobierno dejará de recaudar 85 millones de dólares anuales y hay acuerdo en que la cifra deberá obtenerse por otra vía y manteniendo la fidelidad al principio de "que pague más el que tiene más".
En un escenario sin Irpf a las pasividades subirá el Irae, un impuesto que los empresarios comienzan a pagar a partir de un ingreso de dos millones de Unidades Indexadas (1.76 pesos por UI) anuales. El impuesto pasará del 25% al 30%, el mismo porcentaje que cobraban los últimos gobiernos colorados y que había sido rebajado por el Frente Amplio (FA) en la reforma tributaria. El aumento implica un 10% menos de lo que se cobraba a los empresarios durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
Una segunda modificación será el incremento en el Impuesto a las Rentas de Capital con excepción de los ingresos que se perciben por alquileres, ya que el gobierno no desea afectar al sector. "La idea es incrementar la presión sobre los sectores de más altos ingresos, que son los que se han beneficiado con la fuerte mejora de la economía registrada durante este período", dijo a Ultimas Noticias un alto informante.
Además, la eliminación del Irpf en las jubilaciones no solo traerá consecuencias sobre los tributos ya existentes, sino que impedirá concretar mejoras futuras. "Se esfuma la posibilidad de bajar un punto de IVA. Si antes era discutible, ahora más. Y no se descarta que esta situación también comprometa la elevación del mínimo no imponible del Irpf", señalaron las fuentes.
Si bien la intención es cumplir con los compromisos asumidos en materia de educación, salud e incrementos salariales, se reconoce que la caída en la recaudación pondrá un freno sobre otras reformas en curso, como la del listado, cuya concreción llevará más tiempo del esperado. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, admitió que "una cosa es pensar la transformación democrática del Estado con unos recursos y otra con menos. Es posible que alguno de los procesos lleve más tiempo".
Para Rubio, el primer fallo de la SCJ resultó "sorprendente" e "irritante". Criticó a los sectores de altas jubilaciones que se presentaron a "no aportar nada solidariamente a la sociedad uruguaya. Me resulta inadmisible que algunos digan que las pasividades de cualquier naturaleza no pueden ser gravadas. A veces hay que ser más ecuánime". Además, fustigó a los sectores de trabajadores que reclaman incrementos salariales "del primer mundo. No es razonable pedir en tan poco tiempo recuperaciones salariales que implican multiplicar en muy poco tiempo el salario que tenían".
Por su parte el diputado Eduardo Brenta (VA) la emprendió contra los argumentos de la SCJ. "El Poder Judicial no puede definir la política tributaria. Apoyarse en el artículo 8º de la Constitución es una pobreza argumentar, dijo.
En tanto, el senador Carlos Baráibar advirtió que "ningún tribunal en este país puede derogar una norma. Se trata de fallos individuales que hay que esperar con prudencia y serenidad para ver si los demás son similares. No hay gravedad, urgencia ni pánico".
Últimas Noticias, 28 de marzo
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