El ministro de la Suprema Corte Rodríguez Caorsi acusó veladamente a su par Van Rompaey de demorar intencionalmente los expedientes contra el IRPF a las pasividades. El acusado recibió el respaldo del presidente de la corporación, y se prepara a responder el sugestivo e inusual accionar de su colega.
El clima especialmente tenso que se vive en el Palacio Piria por la confrontación jurídica respecto al impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) sobre las pasividades quedó patente en el fallo que emitió el miércoles 26 la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero sobre todo en las declaraciones públicas y en los comentarios extraoficiales de integrantes de la corporación.
Al caer la noche del miércoles, la sentencia que declaró inconstitucional el irpf en el caso de cuatro pasivos de Rocha (véase recuadro) viajaba en los portafolios de los notificadores judiciales hacia el estudio de la abogada de los demandantes, Soledad Uriarte, el Ministerio de Economía y el Palacio Legislativo. Estacionados por la calle San José, aún quedaban dos de los cinco autos que tiene la scj para el traslado de sus ministros. Apenas el ministro Hipólito Rodríguez Caorsi se asomó por el pasillo, entre fotógrafos y periodistas, se detuvo para hablar: “A mí me gustaría que se analizara la demora que hubo en la Corte para emitir estos fallos; y que vieran quién se demoró; el tema reventó y por eso se apuró”, dijo Rodríguez Caorsi, a pesar de que ningún periodista había preguntado sobre ese punto específico.
De alguna manera, el ministro estaba comunicando su molestia, y al mismo tiempo respondiendo públicamente –y de motu proprio– al pedido de información enviado por el senador colorado Julio María Sanguinettti, quien se mostró preocupado por los plazos de este proceso, por su importancia para la ciudadanía y –aunque no lo diga expresamente– para los intereses políticos de la oposición. Rodríguez Caorsi pugnó en la interna de la corporación por atender todos los requerimientos del senador colorado. Sin embargo, la scj decidió responderle de manera general a Sanguinetti, pero sin especificar los tiempos que cada ministro se tomó para emitir su voto en casos concretos, pues esos datos forman parte de la reserva del expediente que, una vez conocido el fallo, se vuelve público.
El magistrado estaba apuntando directamente a alguno de los dos ministros que votaron en discordia –es decir, a favor de la constitucionalidad del irpf a las pasividades–, y en particular al que debió brindar el quinto voto (Van Rompaey) en el expediente que acaba de resolverse. Como si se tratara de una rara coincidencia, en esos momentos salió Van Rompaey por la puerta lateral del Palacio Piria, pasó al lado del ministro que formulaba declaraciones, y se dirigió al auto que lo trasladaría a su casa. No hubo preguntas para Van Rompaey que recogieran la sugestiva recomendación que segundos antes había hecho el ministro Rodríguez Caorsi a los periodistas.
No es habitual que Rodríguez Caorsi reaccione de esta manera cada vez que un integrante de la scj presumiblemente demora en expedirse, en los cientos de casos que la corporación debe resolver en el año. Pues él mismo podría ser objeto de tales críticas en otros expedientes no vinculados al irpf a las pasividades, según varias fuentes consultadas por Brecha dentro del Palacio Piria.
No es habitual, además, que un ministro de la Suprema Corte arremeta públicamente contra sus pares atribuyéndoles de alguna manera intencionalidad –y por tanto falta de ética– en sus comportamientos.
Consultado por Brecha, Van Rompaey prefirió no responder a las acusaciones, aunque no ocultó su disgusto. Pero seguramente habrá una respuesta pública, personal, o asumida por el presidente de la scj, Jorge Ruibal Pino. Ayer, jueves, Ruibal Pino mantuvo una conversación teléfonica con Van Rompaey, en la que señaló su “discrepancia absoluta” con las declaraciones de Rodríguez Caorsi.
“¿Qué está buscando este tipo, qué hay detrás de todo esto?”, se preguntó Van Rompaey –según las fuentes de Brecha– en conversaciones informales con sus allegados de la SCJ.
7 DE ABRIL.
El ministro Van Rompaey demoró un día en emitir su voto sobre el caso que ahora tiene sentencia. Ya había trascendido públicamente que la SCJ fallaría tres a dos a favor de la inconstitucionalidad del IRPF.
“Si me hubiera sentado arriba del expediente, o si simplemente me hubiera tomado los 20 días que corresponden, este fallo no salía antes del 7 de abril”, comentó Van Rompaey entre sus allegados. Ese día se jubila la ministra Sara Bossio, una de los tres miembros que votó a favor de la inconstitucionalidad. Por cuanto, de no haberse producido sentencias antes de su retiro, todos los expedientes (unos 350) que involucran a cerca de 10 mil pasivos se habrían de resolver con el voto del miembro que ingrese en lugar de Bossio, miembro que eventualmente podría optar por sumarse a los dos ministros que consideran constitucional el IRPF la las pasividades.
Luego de señalar que el caso “reventó” al revelarse en la prensa la votación 3 a 2,** y que eso “apuró” el trámite, Rodríguez Caorsi pareció defenderse ante los periodistas de una eventual sospecha de filtración de su parte: “Yo me enteré este mes de lo que votaban los demás ministros”, alegó. Sus palabras se contradicen con el trámite que llevaron los expedientes: todos los ministros se habían pronunciado hace algunos meses en al menos un expediente, y sus votos eran conocidos en la interna de la corporación.
Rodríguez Caorsi y Van Rompaey no se hablan fuera de la sala de acuerdos. Su relación es estrictamente protocolar, y ahora minada por las acusaciones públicas. Daniel Gutiérrez –el otro voto discorde– desaprueba la actitud de Rodríguez Caorsi y se ubica cercano a Van Rompaey. Bossio se va. Y Ruibal trata de recomponer un escenario dinamitado, en el que se deberá seguir adelante con los fallos sobre el irpf a las pasividades.
En principio, la semana próxima posiblemente se emitan dos sentencias más, una que beneficia a cerca de 200 pasivos, y otra que declarará la inconstitucionalidad para más de mil jubilados y pensionistas militares. Serán las sentencias que se firmen antes del 7 de abril. Luego, quedarán más de ocho mil casos por resolver (casi todos los expedientes). La tensión difícilmente cese, y los fallos son inciertos.
* El artículo 516 del Código General del Proceso señala que los ministros emitirán su voto después de escuchar al fiscal de Corte.
Brecha, 28 de marzo
No hay comentarios:
Publicar un comentario