El fundamento económico de Gargano
Paradojas en los extremos: mientras la embajada de Estados Unidos en Montevideo dejaba trascender un informe enviado a Washington que contiene elogios a la gestión del ministro Danilo Astori por la aplicación de una política “macroeconómica ortodoxa”, y al “gobierno de centrozquierda” de Tabaré Vázquez por el tratamiento preferencial al capital extranjero, el senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro elogió a Astori en una entrevista concedida a La República, el lunes 3, “porque está haciendo una política de izquierda”.
Algo no encaja en el cuadro. ¿Cómo una misma política puede considerarse ortodoxa, en el sentido neoliberal que impulsa el imperialismo, y a la vez de izquierda, en el sentido ortodoxo de un revolucionario? Para el embajador de Estados Unidos lo relevante son los elementos que confirman el mantenimiento de un modelo que asegura la transferencia de riqueza al exterior, mientras que para el senador del mpp los factores relevantes son el descenso del desempleo y la pobreza, la contención de la inflación y la redistribución de ingresos, que marcan un quiebre significativo con los criterios aplicados por los gobiernos anteriores.
Acaso la política económica del gobierno exhiba elementos que convalidan ambas apreciaciones, y el debate pendiente debería apuntar a detectar el peso específico de los contenidos, para despejar ambigüedades, eliminar contradicciones y saber dónde está parado el Uruguay progresista.
Eso es lo que se propone el senador socialista Reinaldo Gargano, quien mañana, sábado, ofrecerá a la dirección de su partido un informe político, uno de cuyos ejes enfocará la evidencia de que en los primeros tres años de gestión el gobierno progresista no ha podido, o no ha querido, desarticular el proceso de concentración de la riqueza (véase nota en página 8). Según Gargano, este proceso ha beneficiado a la minoría más rica del país, una situación que, en un escenario de crecimiento sostenido, profundiza la brecha entre ricos y pobres y contiene el germen de futuras crisis y mayores injusticias, consecuencias totalmente opuestas a las intenciones de la fuerza política que lo sustenta.
Las interpretaciones de Gargano se apoyan en los estudios realizados por el economista Joaquín Etchevers presentes en su trabajo “La distribución del ingreso en el período 2005-2007, con referencia a tendencias de más largo plazo”.
Etchevers toma como un elemento preponderante de su análisis los resultados de la recaudación de la dgi, que permiten estimar el papel jugado por la reforma tributaria al concluir 2007: el 90 por ciento de la recaudación corresponde a rentas del trabajo, y sólo el 10 por ciento a rentas del capital. El economista sostiene que la redistribución del ingreso a que apunta el IRPF “deja afuera al sector más rico de la población”, integrado “por pocos pero con ingresos muy superiores. Por tanto, su alcance redistributivo es muy limitado”.
La conclusión de que la reforma impositiva no ha influido sustantivamente en la redistribución de la riqueza le permite analizar cómo fluye hacia la sociedad el pbi, es decir, la generación anual de riqueza. En 2007 el pbi superó los 22 mil millones de dólares, en un proceso que confirma la tendencia de crecimiento de los últimos tres años. Del total, casi un 30 por ciento (6.600 millones de dólares) corresponde a rentas del trabajo (salarios y jubilaciones); un 20 por ciento (4.400 millones de dólares) deriva hacia el Estado (deducidas las transferencias por jubilaciones); el restante 50 por ciento (11 mil millones de dólares) corresponde a rentas del capital.
Etchevers deduce que “en el período 2005-2007 se ha verificado una caída del 33 por ciento en la participación de la masa salarial respecto del producto bruto por habitante. Hay una pérdida de participación de los salarios y de los ingresos en el pbi de amplísimos sectores de la población; el pronunciado aumento de la riqueza generada en el país ignoró a la inmensa mayoría”. Analizando períodos más largos, el estudio sostiene que desde 1999 comienza a ensancharse la distancia entre los ingresos de los hogares y el pbi por habitante. La distancia se profundiza dramáticamente con la crisis de 2002, exhibe un breve achicamiento en 2006, y “la brecha vuelva a ensancharse en el último año”. Se verifica, según Etchevers, “una pérdida del valor de los ingresos con relación a la riqueza que se crea”. Como el conjunto de los hogares pierde participación en el pbi, y como el Estado mantiene su participación en el mismo, Etchevers concluye que “se benefició la parte que no se mide: los ingresos del capital”.
Como el capital se apropió de la mitad de la riqueza generada, la cuestión aún no explicitada es dónde fueron a parar los 11 mil millones de dólares, cómo se invirtieron. El estudio, que dio base a los planteos de Gargano en su entrevista con la dirección del Partido Socialista el 18 de febrero (véase la edición anterior de Brecha), sostiene que “la pérdida de los ingresos del trabajo y otros ingresos excluidos los del capital ha crecido desde fines de la década del 60 y se ha reforzado en los años posteriores a 2002”. La conducta de la distribución de la riqueza en los años de la actual administración “sólo estaría igualando los peores valores de los años previos a la restauración democrática”, afirma Etchevers, y agrega que “de no haber cambios sustanciales en la política económica”, no habrá modificaciones significativas.
Una segunda conclusión de Etchevers afirma que “los altos niveles de pobreza, la pérdida de ingresos de los hogares más pobres y la profunda desigualdad que mantiene Uruguay abonan la hipótesis para un futuro cercano del mantenimiento del círculo vicioso entre pobreza y bajo crecimiento del pbi. La convalidación de estos indicadores lleva consigo la semilla de futuras crisis y mayores injusticias”. Tales pronósticos, que auguran un cambio de signo del comportamiento del pbi en el mediano plazo, derivan de la comprobación de que se incrementa la concentración de la riqueza. “La disparidad en la evolución del pbi por habitante y del ingreso de los hogares –dice el estudio– muestra que un grupo muy minoritario de la población se ha beneficiado de las tasas excepcionales de crecimiento reciente.”
Aunque es posible determinar a cuántos trabajadores perjudica la pérdida de participación de la masa salarial en el PBI (pese a las modestas recuperaciones del valor del salario real), Etchevers no está en condiciones de cuantificar los beneficiarios de la apropiación de la mitad del PBI. El senador Gargano estimó que unas 2.500 familias poderosas se enriquecieron más con el crecimiento económico; Etchevers asegura simplemente que el gobierno progresista ha aplicado el mismo modelo económico que en el pasado profundizó la desigualdad. “En la medida en que los índices se alejan a favor del pbi por habitante (una medida que no refleja la realidad concreta), la remuneración promedio de los trabajadores va perdiendo importancia en beneficio del Estado o de los capitalistas, que se apropian de los nuevos ingresos.” Si se considera el quinquenio 2003-2007, “la variación del salario real es de 0,007 por ciento, pero el pbi por habitante aumenta un 37,8 por ciento”. Etchevers subraya que los salarios no varían pero que la riqueza para repartir aumenta, y se pregunta: “¿Qué grupos se beneficiaron? Los ingresos de la mayoría mantienen esa relación (de menor participación en el PBI) y en contrapartida se ha verificado un aumento escandaloso de la renta del capital”.
Hay una dificultad para medir la concentración de la riqueza en Uruguay. La Encuesta Continua de Hogares es insuficiente para captar los datos de los ingresos del capital, según el economista: “Los estudios de concentración del ingreso dejan afuera a un sector minoritario pero con las mayores rentas del país”.
Esa deficiencia, esa “falta de transparencia”, cobra para Etchevers una mayor significación, “dado que hubo un traspaso de ingresos de los asalariados al capital en un plazo tan breve como posiblemente nunca antes ocurrió”.
Datos precisos sobre la renta del capital y los ingresos reales de esa porción minoritaria de la población quizá permitirían evaluar en qué medida la concentración de la riqueza constituye una indecencia, en términos sociales, respecto de la situación de la mayoría, y a la vez calibrar las verdaderas bondades de la política económica vigente.
Fuente: Brecha, 7 de marzo
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