Bancarios. En Diputados la reforma fue apoyada por el Frente Amplio y el Foro Batllista; antes del 25 la vota el Senado Afiliación obligatoria para los trabajadores de casas de crédito y ahorro Había planteado dilatar ampliación de los afiliados Se lamentó por "chancheces" que no identificó
La reforma de la Caja Bancaria, que pretende revertir su déficit, fue votada ayer en Diputados y en una semana tendrá sanción del Senado. Su crisis forma parte de un largo y complejo proceso, con un creciente deterioro en la relación activo-pasivo.
Por 54 votos en 86, el Frente Amplio aprobó el proyecto con el apoyo del Foro Batllista, lo que causó sorpresa en la bancada de gobierno y malestar en el resto de los colorados. El "perfilismo" del sector se explica porque algunos dirigentes foristas tienen familiares bancarios y, al fin y al cabo, quieren solucionar la economía de la Caja, aseguraron a El País fuentes de otros sectores colorados.
En la actual situación, el sistema de la Caja Bancaria no se sostiene. Al deterioro actual se llega a raíz de un cóctel donde se incluye la caída del empleo bancario, parámetros más generosos que en el sistema general y hasta la longevidad de los empleados del sector.
En su informe final, el Ejecutivo menciona entre las principales causas para la crisis la reestructura del sistema financiero estatal y del privado, la introducción de tecnología sustitutiva de puestos de trabajo, la prohibición del ingreso de funcionarios a los bancos estatales, el desarrollo de procesos de externalización y tercerización de actividades en algunas empresas, así como cambios demográficos y de composición del mercado de trabajo.
LUZ AMARILLA. Hubo una señal de alerta con la crisis bancaria de 1995, cuando empezó a disminuir el número de bancarios en forma sistemática. Además, en la Caja Bancaria se mantuvieron los tres últimos años de actividad (habitualmente los de sueldo más alto) para calcular el salario jubilatorio, a diferencia del sistema general, donde se subió a diez años el período a computar.
Eso afectó sobre todo cuando a principios de los años 90 hubo un fuerte aumento de los sueldos de los bancarios públicos, dijeron fuentes del sector. Hay cuestiones demográficas: el grupo de bancarios tiene esperanza de vida más alta que el promedio.
El fenómeno se acentuó y se disparó a partir de la crisis del año 2002. De hecho, a partir de ese año y por primera vez en la historia, la Caja pasó a tener más afiliados pasivos que activos: 50,37% contra 49,63%. La situación empeoró en los años sucesivos. El año pasado aportaron 12.652 activos contra 16.325 pasivos (43,80% contra 56,20%).
Pero los problemas venían de antes. En la década del 60 el porcentaje de pasivos rondaba el 20%, en la década del 70 superó el 30% y en 1990 llegó al 40%. El camino exactamente inverso se dio con respecto a la cantidad de activos.
En 2008 la resta de los ingresos operativos menos los egresos de la caja dará un déficit de US$ 54,9 millones con una reserva de US$ 18 millones, según las proyecciones oficiales. El déficit actual es de unos US$ 80 millones por año, según AEBU. Las proyecciones del Ejecutivo prevén que la situación se equilibrará en 2009 con esta solución y recién volvería a haber problemas entre 2024 y 2029.
La proporción activo/pasivo de la entidad paraestatal está hoy por debajo de la unidad (0,74/1) y los legisladores de la oposición pronostican que luego de aprobada la ley será de 0,87 activo por cada pasivo.
En cambio, el gobierno dice que la relación será de 1,01, ya que habrá 17.313 activos contra 17.124 pasivos, si ingresan 4.600 empleados de las administradoras de crédito. Hoy hay en la Caja 12.673 activos contra 16.858 pasivos. Para ser sostenible, se indicó ayer en el Parlamento que la Caja necesitaría una relación de casi cuatro activos por cada pasivo. Con el aporte de estos nuevos tributantes, se cubrirá el 10% del actual déficit anual de la Caja.
PRESIÓN. Dentro y fuera del Palacio Legislativo, la extensa sesión fue seguida con atención por los involucrados en la reforma. En las barras superiores de la cámara se ubicaron los trabajadores de las administradoras de crédito, contrarios a la reforma, y en las inferiores los funcionarios y los jubilados de AEBU, gremio que apoya el contenido de la iniciativa.
Cuando la cámara votó el proyecto, no hubo manifestaciones de desaprobación. Al contrario, los que estaban a favor aplaudieron y el resto se retiró en silencio. En la calle, centenares de trabajadores de las entidades financieras manifestaron y, mediante altavoces, reclamaron continuar afiliados al BPS rechazando su incorporación compulsiva a la Caja Bancaria, como prevé esta ley.
En sucesivas intervenciones, los diputados opositores Daniel Bianchi (colorado), Pablo Abdala (blanco) e Iván Posada (independiente), pidieron un régimen diferente al planteado para la Caja, basado en dos premisas: primero, que a los trabajadores activos afiliados hoy a la Caja se les permita un régimen de transición para pasar gradualmente al BPS, y segundo, que el Estado pague la jubilación de los pasivos bancarios por entender que ellos no son responsables del financiamiento de la Caja Bancaria.
Dentro de sala, la oposición también fustigó la solución oficial: se aportarán unos US$ 20 millones anuales para sostener el sistema, cantidad que aumentará progresivamente en años venideros, y se sostuvo que el esfuerzo "recaerá nuevamente en la sociedad".
Se reclamó mayor plazo de estudio para una reforma de esta naturaleza. El proyecto de ley ingresó el 29 de septiembre y la idea del Frente Amplio es aprobarlo en ambas cámaras antes del 25 de octubre, es decir un año antes de la elección nacional, fecha en que expira el plazo constitucional permitido para aprobar gastos o mejoras salariales en el Estado.
Abdala y Bianchi dijeron que a los actuales jubilados de la Caja se les aumentará el impuesto que abonan entre un 22% y un 100% según el monto de su pasividad. Y que los nuevos afiliados podrán jubilarse apenas con el 55% de su haber cuando -si se hubieran mantenido en el BPS- podrían haber recibido un 90%. "Con esta ley nadie gana, todos pierden. Es un asombroso caso de solidaridad invertida", apuntó Bianchi.
A LARGO PLAZO. Según los informes de los diputados oficialistas José Luis Blasina y Alfredo Asti, la modificación de las condiciones para acceder a la jubilación será lo que dará sustentabilidad a la Caja. La reforma dispone la aplicación de una tasa sobre los activos de los bancos, a la vez que las entidades comprarán bonos que emitirá la Caja Bancaria. Se cobrará un adicional al impuesto que pagan los jubilados a la Caja para las pasividades mayores a $ 17.500.
El Frente explicó que esta reforma es para hacer viable a la Caja Bancaria entre los años 2015 y 2020. Para mejorar la situación deficitaria de la Caja, la reforma establece que se sumen empresas de crédito y sus trabajadores, se cambien los parámetros para jubilarse, se establezcan topes para las pasividades y se modifique la forma de aportación de los bancos intentando favorecer la contratación de personal. En este último caso, se reduce el aporte patronal, informó la bancada de gobierno.
Los cambios de la ley de la caja bancaria
El proyecto de ley votado ayer establece que las condiciones para acceder a la jubilación se equiparen con las que tendrá el régimen general. Así, será necesario un mínimo de 30 años de trabajo para hombres y mujeres, y 60 años de edad cumplidos. Hoy las mujeres bancarias pueden jubilarse con 55 años de edad, pero a partir de 2010 se eleva el requisito a 56 años y así sucesivamente cada año, hasta que en enero de 2017 se llegará a los 60 años. A su vez, se establece que el monto máximo inicial de jubilación no podrá superar los $ 41.920. El proyecto prevé el ingreso de unos 4.600 trabajadores de entidades financieras como ANDA, OCA y Creditel, entre otras, a la Caja Bancaria con la intención de reforzar sus alicaídas finanzas, en números en rojo. La solución oficial establece que esos trabajadores dejarán de aportar al Banco de Previsión Social (BPS) para pasar a hacerlo a la Caja Bancaria, manteniendo la afiliación a la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) correspondiente. Para los trabajadores, el pasaje a la Caja será obligatorio a excepción de los que tengan causal jubilatoria. El MPP quería que esos trabajadores tuvieran la opción de seguir aportando a las AFAP, pero eso no fue aceptado por el resto del Frente Amplio durante las negociaciones en Diputados. Otras cajas paraestatales en problemas son la Militar y la Policial. En conjunto, según expusieron diputados opositores, tienen un déficit acumulado de US$ 200 millones. En los planes del gobierno figura su reforma. De hecho, el proyecto de Caja Policial será votado antes del 25 de octubre.
Beneficiarios hablaron y votaron
En una decisión que contravino el reglamento del cuerpo, la Cámara de Representantes autorizó, con votos del Frente Amplio, a varios de sus integrantes a participar en un debate para el cual estaban impedidos por tener implicancias. De cumplirse estrictamente el artículo 104 del reglamento del cuerpo, al ser beneficiarios de haberes abonados por la Caja Bancaria, no hubieran podido participar o votar la reforma de esa paraestatal los legisladores Gustavo Bernini, Doreen Ibarra, José Luis Blasina, Darío Pérez, Juan Piñeyrúa, Tabaré Hackenbruch, Juan José Bruno y Gonzalo Teixeira. Los colorados Hackenbruch y Teixeira se retiraron de sala pero los frenteamplistas permanecieron y casi todos hablaron a favor de la reforma de la Caja que les paga la jubilación.
El MPP perdió y votó en silencio
Ningún integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) defendió la iniciativa del gobierno y sus legisladores se limitaron a votar a favor, pero sin pronunciar palabra.
La actitud del sector mayoritario del gobierno se explica por el fracaso de una propuesta de su diputado Esteban Pérez proponiendo dividir el proyecto de forma tal de aprobar en esta instancia la asistencia del Estado a la Caja Bancaria y dejando en suspenso la ampliación del campo afiliatorio, lo que no fue atendido por el resto de los sectores oficialistas.
El comité ejecutivo del MPP analizó ayer el tema luego que la Mesa Política y la bancada rechazaran el planteo del sector. Y al ver que la mayoría se oponía, se decidió no ser un obstáculo y acompañar el proyecto sin otras consideraciones.
Pérez marcó su diferencia con el FA
El diputado Darío Pérez, de la nueva bancada oficialista llamada Espacio Frenteamplista (EF), puso una nota de suspenso en medio del debate cuando tomó distancia del acuerdo para reformar la Caja Bancaria, sugirió acuerdos reservados para dejar fuera de la incorporación a la Caja Bancaria a empleados de empresas financieras como Abitab, Red Pagos y los cambios, y advirtió que no tolerará más las votaciones por disciplina partidaria.
Pérez dio a conocer dos discrepancias con el contenido de la ley. En primer lugar, dijo que está preocupado por el futuro de las cooperativas de ahorro y crédito y, en segundo lugar, por no haber sido incluidos como nuevos aportantes los trabajadores de esas empresas financieras.
En medio del silencio que se produjo en sala, especialmente de sus compañeros del oficialismo que no sabían hasta dónde llegaría con sus afirmaciones, Pérez relató que percibe "mucha preocupación entre los frenteamplistas" por aspectos de esta ley. Y hablando en general sobre las acciones del gobierno, advirtió que de futuro no pasará por alto "toda cosa en la que no esté de acuerdo. Hasta aquí fue".
"En los partidos en el gobierno, los legisladores muchas veces tenemos que masticar cosas que nos disgustan por no armar un lío en la tribu a la que pertenecemos", aseguró. "He visto algunas chancheces en la vida política que me han caído bastante gruesas", concluyó Pérez, que rehusó brindar detalles más explícitos sobre su alusión.
El País Digital, 15 de octubre
La reforma de la Caja Bancaria, que pretende revertir su déficit, fue votada ayer en Diputados y en una semana tendrá sanción del Senado. Su crisis forma parte de un largo y complejo proceso, con un creciente deterioro en la relación activo-pasivo.
Por 54 votos en 86, el Frente Amplio aprobó el proyecto con el apoyo del Foro Batllista, lo que causó sorpresa en la bancada de gobierno y malestar en el resto de los colorados. El "perfilismo" del sector se explica porque algunos dirigentes foristas tienen familiares bancarios y, al fin y al cabo, quieren solucionar la economía de la Caja, aseguraron a El País fuentes de otros sectores colorados.
En la actual situación, el sistema de la Caja Bancaria no se sostiene. Al deterioro actual se llega a raíz de un cóctel donde se incluye la caída del empleo bancario, parámetros más generosos que en el sistema general y hasta la longevidad de los empleados del sector.
En su informe final, el Ejecutivo menciona entre las principales causas para la crisis la reestructura del sistema financiero estatal y del privado, la introducción de tecnología sustitutiva de puestos de trabajo, la prohibición del ingreso de funcionarios a los bancos estatales, el desarrollo de procesos de externalización y tercerización de actividades en algunas empresas, así como cambios demográficos y de composición del mercado de trabajo.
LUZ AMARILLA. Hubo una señal de alerta con la crisis bancaria de 1995, cuando empezó a disminuir el número de bancarios en forma sistemática. Además, en la Caja Bancaria se mantuvieron los tres últimos años de actividad (habitualmente los de sueldo más alto) para calcular el salario jubilatorio, a diferencia del sistema general, donde se subió a diez años el período a computar.
Eso afectó sobre todo cuando a principios de los años 90 hubo un fuerte aumento de los sueldos de los bancarios públicos, dijeron fuentes del sector. Hay cuestiones demográficas: el grupo de bancarios tiene esperanza de vida más alta que el promedio.
El fenómeno se acentuó y se disparó a partir de la crisis del año 2002. De hecho, a partir de ese año y por primera vez en la historia, la Caja pasó a tener más afiliados pasivos que activos: 50,37% contra 49,63%. La situación empeoró en los años sucesivos. El año pasado aportaron 12.652 activos contra 16.325 pasivos (43,80% contra 56,20%).
Pero los problemas venían de antes. En la década del 60 el porcentaje de pasivos rondaba el 20%, en la década del 70 superó el 30% y en 1990 llegó al 40%. El camino exactamente inverso se dio con respecto a la cantidad de activos.
En 2008 la resta de los ingresos operativos menos los egresos de la caja dará un déficit de US$ 54,9 millones con una reserva de US$ 18 millones, según las proyecciones oficiales. El déficit actual es de unos US$ 80 millones por año, según AEBU. Las proyecciones del Ejecutivo prevén que la situación se equilibrará en 2009 con esta solución y recién volvería a haber problemas entre 2024 y 2029.
La proporción activo/pasivo de la entidad paraestatal está hoy por debajo de la unidad (0,74/1) y los legisladores de la oposición pronostican que luego de aprobada la ley será de 0,87 activo por cada pasivo.
En cambio, el gobierno dice que la relación será de 1,01, ya que habrá 17.313 activos contra 17.124 pasivos, si ingresan 4.600 empleados de las administradoras de crédito. Hoy hay en la Caja 12.673 activos contra 16.858 pasivos. Para ser sostenible, se indicó ayer en el Parlamento que la Caja necesitaría una relación de casi cuatro activos por cada pasivo. Con el aporte de estos nuevos tributantes, se cubrirá el 10% del actual déficit anual de la Caja.
PRESIÓN. Dentro y fuera del Palacio Legislativo, la extensa sesión fue seguida con atención por los involucrados en la reforma. En las barras superiores de la cámara se ubicaron los trabajadores de las administradoras de crédito, contrarios a la reforma, y en las inferiores los funcionarios y los jubilados de AEBU, gremio que apoya el contenido de la iniciativa.
Cuando la cámara votó el proyecto, no hubo manifestaciones de desaprobación. Al contrario, los que estaban a favor aplaudieron y el resto se retiró en silencio. En la calle, centenares de trabajadores de las entidades financieras manifestaron y, mediante altavoces, reclamaron continuar afiliados al BPS rechazando su incorporación compulsiva a la Caja Bancaria, como prevé esta ley.
En sucesivas intervenciones, los diputados opositores Daniel Bianchi (colorado), Pablo Abdala (blanco) e Iván Posada (independiente), pidieron un régimen diferente al planteado para la Caja, basado en dos premisas: primero, que a los trabajadores activos afiliados hoy a la Caja se les permita un régimen de transición para pasar gradualmente al BPS, y segundo, que el Estado pague la jubilación de los pasivos bancarios por entender que ellos no son responsables del financiamiento de la Caja Bancaria.
Dentro de sala, la oposición también fustigó la solución oficial: se aportarán unos US$ 20 millones anuales para sostener el sistema, cantidad que aumentará progresivamente en años venideros, y se sostuvo que el esfuerzo "recaerá nuevamente en la sociedad".
Se reclamó mayor plazo de estudio para una reforma de esta naturaleza. El proyecto de ley ingresó el 29 de septiembre y la idea del Frente Amplio es aprobarlo en ambas cámaras antes del 25 de octubre, es decir un año antes de la elección nacional, fecha en que expira el plazo constitucional permitido para aprobar gastos o mejoras salariales en el Estado.
Abdala y Bianchi dijeron que a los actuales jubilados de la Caja se les aumentará el impuesto que abonan entre un 22% y un 100% según el monto de su pasividad. Y que los nuevos afiliados podrán jubilarse apenas con el 55% de su haber cuando -si se hubieran mantenido en el BPS- podrían haber recibido un 90%. "Con esta ley nadie gana, todos pierden. Es un asombroso caso de solidaridad invertida", apuntó Bianchi.
A LARGO PLAZO. Según los informes de los diputados oficialistas José Luis Blasina y Alfredo Asti, la modificación de las condiciones para acceder a la jubilación será lo que dará sustentabilidad a la Caja. La reforma dispone la aplicación de una tasa sobre los activos de los bancos, a la vez que las entidades comprarán bonos que emitirá la Caja Bancaria. Se cobrará un adicional al impuesto que pagan los jubilados a la Caja para las pasividades mayores a $ 17.500.
El Frente explicó que esta reforma es para hacer viable a la Caja Bancaria entre los años 2015 y 2020. Para mejorar la situación deficitaria de la Caja, la reforma establece que se sumen empresas de crédito y sus trabajadores, se cambien los parámetros para jubilarse, se establezcan topes para las pasividades y se modifique la forma de aportación de los bancos intentando favorecer la contratación de personal. En este último caso, se reduce el aporte patronal, informó la bancada de gobierno.
Los cambios de la ley de la caja bancaria
El proyecto de ley votado ayer establece que las condiciones para acceder a la jubilación se equiparen con las que tendrá el régimen general. Así, será necesario un mínimo de 30 años de trabajo para hombres y mujeres, y 60 años de edad cumplidos. Hoy las mujeres bancarias pueden jubilarse con 55 años de edad, pero a partir de 2010 se eleva el requisito a 56 años y así sucesivamente cada año, hasta que en enero de 2017 se llegará a los 60 años. A su vez, se establece que el monto máximo inicial de jubilación no podrá superar los $ 41.920. El proyecto prevé el ingreso de unos 4.600 trabajadores de entidades financieras como ANDA, OCA y Creditel, entre otras, a la Caja Bancaria con la intención de reforzar sus alicaídas finanzas, en números en rojo. La solución oficial establece que esos trabajadores dejarán de aportar al Banco de Previsión Social (BPS) para pasar a hacerlo a la Caja Bancaria, manteniendo la afiliación a la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) correspondiente. Para los trabajadores, el pasaje a la Caja será obligatorio a excepción de los que tengan causal jubilatoria. El MPP quería que esos trabajadores tuvieran la opción de seguir aportando a las AFAP, pero eso no fue aceptado por el resto del Frente Amplio durante las negociaciones en Diputados. Otras cajas paraestatales en problemas son la Militar y la Policial. En conjunto, según expusieron diputados opositores, tienen un déficit acumulado de US$ 200 millones. En los planes del gobierno figura su reforma. De hecho, el proyecto de Caja Policial será votado antes del 25 de octubre.
Beneficiarios hablaron y votaron
En una decisión que contravino el reglamento del cuerpo, la Cámara de Representantes autorizó, con votos del Frente Amplio, a varios de sus integrantes a participar en un debate para el cual estaban impedidos por tener implicancias. De cumplirse estrictamente el artículo 104 del reglamento del cuerpo, al ser beneficiarios de haberes abonados por la Caja Bancaria, no hubieran podido participar o votar la reforma de esa paraestatal los legisladores Gustavo Bernini, Doreen Ibarra, José Luis Blasina, Darío Pérez, Juan Piñeyrúa, Tabaré Hackenbruch, Juan José Bruno y Gonzalo Teixeira. Los colorados Hackenbruch y Teixeira se retiraron de sala pero los frenteamplistas permanecieron y casi todos hablaron a favor de la reforma de la Caja que les paga la jubilación.
El MPP perdió y votó en silencio
Ningún integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) defendió la iniciativa del gobierno y sus legisladores se limitaron a votar a favor, pero sin pronunciar palabra.
La actitud del sector mayoritario del gobierno se explica por el fracaso de una propuesta de su diputado Esteban Pérez proponiendo dividir el proyecto de forma tal de aprobar en esta instancia la asistencia del Estado a la Caja Bancaria y dejando en suspenso la ampliación del campo afiliatorio, lo que no fue atendido por el resto de los sectores oficialistas.
El comité ejecutivo del MPP analizó ayer el tema luego que la Mesa Política y la bancada rechazaran el planteo del sector. Y al ver que la mayoría se oponía, se decidió no ser un obstáculo y acompañar el proyecto sin otras consideraciones.
Pérez marcó su diferencia con el FA
El diputado Darío Pérez, de la nueva bancada oficialista llamada Espacio Frenteamplista (EF), puso una nota de suspenso en medio del debate cuando tomó distancia del acuerdo para reformar la Caja Bancaria, sugirió acuerdos reservados para dejar fuera de la incorporación a la Caja Bancaria a empleados de empresas financieras como Abitab, Red Pagos y los cambios, y advirtió que no tolerará más las votaciones por disciplina partidaria.
Pérez dio a conocer dos discrepancias con el contenido de la ley. En primer lugar, dijo que está preocupado por el futuro de las cooperativas de ahorro y crédito y, en segundo lugar, por no haber sido incluidos como nuevos aportantes los trabajadores de esas empresas financieras.
En medio del silencio que se produjo en sala, especialmente de sus compañeros del oficialismo que no sabían hasta dónde llegaría con sus afirmaciones, Pérez relató que percibe "mucha preocupación entre los frenteamplistas" por aspectos de esta ley. Y hablando en general sobre las acciones del gobierno, advirtió que de futuro no pasará por alto "toda cosa en la que no esté de acuerdo. Hasta aquí fue".
"En los partidos en el gobierno, los legisladores muchas veces tenemos que masticar cosas que nos disgustan por no armar un lío en la tribu a la que pertenecemos", aseguró. "He visto algunas chancheces en la vida política que me han caído bastante gruesas", concluyó Pérez, que rehusó brindar detalles más explícitos sobre su alusión.
El País Digital, 15 de octubre
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