lunes, 4 de agosto de 2008

Campaña electoral marca la agenda del Parlamento



Plazos. Por razones legales y políticas, FA apura proyectos

En el Frente lo saben de sobra: en los próximos tres meses deben sacar adelante varios proyectos de ley considerados prioritarios, antes de que el país entre de lleno en la campaña electoral. La bancada coordinará acciones con el Ejecutivo.

Semana a semana, diputados y senadores se dividen el tiempo entre comisiones, sesiones parlamentarias y largas reuniones partidarias para tejer alianzas, hablar del programa y las candidaturas. Aunque en el oficialismo el panorama de cara a las elecciones no está claro, lo político-electoral de a poco empieza a comerse a las tareas parlamentarias: "Es un tema humano. A veces no nos da el tiempo para todo", contó un diputado oficialista. Los próximos meses serán los últimos realmente útiles de labor legislativa, ya que en año electoral los políticos tienen la cabeza en otra cosa.

Así, días atrás el Frente aprobó un planteo del diputado del Nuevo Espacio Diego Cánepa, nuevo coordinador general de la bancada de Diputados a partir de septiembre, para acordar acciones con el Senado y también con Presidencia, a fin de evaluar qué iniciativas deben votarse sí o sí durante 2008 y qué proyectos enviará el gobierno en los próximos meses.

Lo que más preocupa es que existe una agenda de proyectos que hay que sancionar antes del 25 de octubre, ya que por razones constitucionales no pueden aprobarse en año electoral. En segundo lugar, se acordará la agenda del semestre con las prioridades políticas, para que las reformas estructurales sean votadas en 2008. Se tratará de la agenda "casi definitiva" parlamentaria, en el penúltimo año de gobierno.

El oficialismo admite que hay proyectos que serán difíciles de votar luego de que los temas programáticos y electorales ocupen un lugar de privilegio. La idea es que los proyectos polémicos -como el de defensa, educación y descentralización- al menos estén realmente encauzados antes de octubre. Están en juego temas políticos y promesas electorales.

Cánepa considera que, cuando no haya condiciones políticas para votar un proyecto de reforma estructural en 2008, debe quedar para el siguiente período. "Si no se votan este año, es muy difícil que en 2009 se voten proyectos de ley que impliquen cambios estructurales para el país", dijo a El País.

Y fundamentó su razonamiento: "Si recién se aprueban en 2009, no hay tiempo de implementación posible. Sería una irresponsabilidad sancionar un cambio estructural que no pueda ser iniciado en este período".

Cánepa cree que el Frente Amplio debe asumir el segundo semestre "con una dosis enorme de responsabilidad y concentración" en el trabajo, porque debe definir programa y candidaturas, y al mismo tiempo "darle impulso al año y medio de gobierno".

PLAZOS. Octubre es mes bisagra para el oficialismo. "Se ratificó con fuerza que debe acelerarse el proceso", explicó a El País otro de los coordinadores de la bancada de Diputados, Doreen Ibarra. La Constitución impide sancionar en los doce meses anteriores a las elecciones proyectos que implican presupuesto, crean cargos, determinan aumentos de sueldos y pasividades, o implican aumentos en las partidas de jornales y contrataciones.

Algunos de ellos ni siquiera han sido enviados aún al Parlamento por el gobierno: es el caso de la imprescindible reforma de la Caja Bancaria (tema discutido con AEBU, bancos e incluso en el Frente). También los proyectos de ley de reforma del sistema de jubilaciones y del seguro de paro, prometidos por el Ministerio de Trabajo para inicios de agosto.

En el mismo escenario entra la reforma del IRPF, que será presentada esta tarde a la bancada por el ministro de Economía Danilo Astori y se votará muy rápido en agosto

(ver nota aparte); la Rendición de Cuentas (que está a consideración del Senado); y la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Además, la ley que crea juzgados especiales y muchos entienden que también tendría plazo constitucional la ley de cooperativas, por crear cargos.

POLÉMICA. La ley de salud sexual y reproductiva, que legaliza el aborto, tendría su definición en agosto en la comisión de salud. Pero el resultado final aún es una incógnita y algunos diputados del Frente dudan si es bueno votar la ley a un año y poco de la elección.

En el caso de la ley de educación, el Frente Amplio aún no logra llegar a un acuerdo sobre los temas más polémicos, a pesar del reclamo del presidente Tabaré Vázquez de una pronta aprobación de la norma. El presidente también ha pedido acelerar la ley de descentralización, que permite la elección de gobiernos municipales. Pero el proyecto aún genera algunos reparos en la propia izquierda y en la oposición.

Leyes a contrarreloj

CAJA BANCARIA. El gobierno presentó la semana pasada una nueva fórmula de solución a AEBU y a los bancos. Pidió una rápida respuesta, ya que es uno de los proyectos que debe votarse antes del 25 de octubre. El Ejecutivo pretende que el proyecto de la caja bancaria ingrese al Parlamento con consenso de las partes. También hay preocupación en legisladores y dirigentes del Frente.

JUBILACIONES. Producto del Diálogo Social, el Ministerio de Trabajo elaboró un proyecto de ley que flexibiliza el acceso a la jubilación: reduce de 35 a 30 años la edad para jubilarse con una tasa de reemplazo menor (45% y no 50%). El proyecto sería enviado en breve al Parlamento y también debería sancionarse antes del 25 de octubre. Se habilita una cobertura especial para mayores de 50 años que están en desempleo desde al menos un año y, a los efectos del cómputo de la jubilación, otorga a las mujeres un año trabajado por cada hijo que tengan.

SEGURO DE PARO. También con fecha de votación antes del 25 de octubre, el gobierno enviaría un anunciado proyecto de ley que modifica el seguro de paro: reduce a cuatro meses el período de cobro del seguro cuando la causal es la suspensión de la relación de trabajo; permite el seguro parcial; fija el cobro de tasas decrecientes a medida que avanza el período; y permite cobrar durante un año cuando la persona tiene más de cincuenta años de edad.

El País, 5 de agosto


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