Blancos rechazan debatir ley de Caducidad con el Frente
El Parlamento se pronunciará hoy a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad solo con los votos del Frente Amplio. Los blancos optaron por no debatir con el gobierno por considerar que se trata de una “maniobra política”.
Caducidad es sometida a cambios, también podrá correr la misma suerte la norma de amnistía que contempla a los tupamaros. “Si vamos a toquetear una, alguien va a pensar que hay toquetear la otra también”, dijo. En representación del Partido Independiente, el diputado Iván Posada anunció que su voto también será negativo pese a que considera que la ley efectivamente es inconstitucional. Sin embargo, Posada dijo que como el Parlamento no debería emitir una opinión sobre un tema que le corresponde a la Justicia, su voto ante la consulta de Nin Novoa será negativo. A pesar de las fuertes críticas desde la oposición, desde el Frente Amplio el senador Rafael Michelini se mostró confiado que será “un día histórico” para el futuro del país porque los representantes de los ciudadanos darán su opinión sobre la constitucionalidad de una norma que la izquierda considera un “vergüenza” para el país.Ruibal: “Lo usual es que conteste Jurídica”Los abogados de la asesoría legal del Parlamento deberán dar explicaciones hoy a las 8 acerca del informe solicitado por el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, según publicó ayer el diario El País. Esta citación llega luego de que el senador Julio Lara (Alianza Nacional) denunciara ”presiones” sobre el informe en el que los letrados aseguraron que la ley era constitucional. En referencia a este tema, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal, dijo a Ultimas Noticias que usualmente cuando se interpone un recurso de inconstitucionalidad de una ley, quien suele dar respuesta al traslado a nivel legislativo es la División Jurídica del Parlamento. De todos modos, Nin decidió convocar a la Asamblea General y serán los legisladores quienes den su visión sobre el tema. Por su parte, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) negó que haya existido cualquier tipo de presión y dijo que cuando la Suprema Corte de Justicia consulta al Parlamento deben responder los legisladores ya que la decisión no la debe tomar un departamento jurídico. Desde del MPP, la senadora Lucía Topolansky defendió que se convoque al mayor órgano legislativo. “Recién ahora nos vinimos a enterar que muchas veces el Poder Judicial había consultado a la presidencia de la Asamblea General por otros temas en legislaturas anteriores, así que nos alegramos que esta vez el presidente de la Asamblea tenga la deferencia de consultarnos”, dijo.
Últimas Noticias, 25 de febrero
Parlamento debate Ley de Caducidad
En Asamblea General, el Frente Amplio planteará que la ley sea declarada inconstitucional
Este miércoles desde las 10:00 horas sesionará la Asamblea General para analizar en régimen de Asamblea General, que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional. La instancia fue convocada por el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa.
El Partido Nacional maneja la posibilidad de que la mayoría de sus representantes en el Parlamento no se presenten en sala, dejando así en manos del Frente Amplio la responsabilidad de habilitar un nuevo debate sobre la ley.
La polémica sobrevuela la convocatoria de este miércoles, luego que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consultara al Ejecutivo y al Legislativo si es pertinente o no aplicar la ley ante una denuncia por el caso Nibia Sabalsagaray.
La discusión sobre la Ley de Caducidad es recurrente desde la vuelta a la democracia –la norma se aprobó en 1986 con la fuerte oposición de la izquierda- y en esta oportunidad tendrá otro condimento ya que el nacionalista Julio Lara denunció presiones para que el Departamento de Jurídica del Parlamento indicara que la Ley de Caducidad es inconstitucional.
Pero antes de que se reúna la Asamblea, los abogados que integran la asesoría jurídica del Poder Legislativo serán llamados para que brinden explicaciones sobre el informe que remitieron al presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, en el que se afirmó que la ley era constitucional. Según indicó el senador Lara, existieron presiones a los abogados para que se expidieran en el mismo sentido del Poder Ejecutivo, que ante la consulta de la SCJ señaló que la ley era inconstitucional. Lara indicó que se intentará conocer si dentro del informe remitido a Nin Novoa algún abogado indicó que la ley era inconstitucional.
Por su parte el senador frenteamplista, Rafael Michelini (Nuevo Espacio), opinó que se está muy cerca la anulación de la Ley de Caducidad. Este martes en declaraciones a radio Uruguay el legislador dijo que esta situación puede llegar marcada por una posición de la SCJ, por expresión parlamentaria o por las firmas para que se plebiscite en octubre de 2009. “Estamos muy cerca de que la Ley de Caducidad se termine anulando”, reflexionó el legislador.
Michelini aventuró que durante el tratamiento del asunto en la Asamblea General, se dará un importante debate, en el que “los voceros de la oposición tratarán de defender la Ley”.
La SCJ consultó al Poder Legislativo sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad, como consecuencia de la acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze, en el marco de la causa que investiga la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974.
(Observa), 25 de febrero
Tensión ante Asamblea General
El PN no entrará al debate en la Asamblea General por la constitucionalidad de la Ley de Caducidad, en tanto sí lo harán el PC y el PI. Jóvenes del FA convocan a manifestación.
La convocatoria realizada por el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa para discutir la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso específico de la militante comunista Nibia Sabalsagaray levantó polémica en pleno año electoral entre el gobierno y los partidos de la oposición.
Un relevamiento realizado por El Espectador en todos los partidos y sectores concluye que el número para impulsar la Asamblea está.
El Frente Amplio (FA) tiene mayoría simple para levantar el receso, y la convocatoria a la Asamblea General se completa con los ingresos del Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI).
En la oposición hay coincidencia absoluta que la convocatoria no es pertinente porque el Poder Legislativo no tiene competencia para opinar sobre el tema y se respaldan en lo que señala la propia fiscal Mirtha Guianze, el fiscal de Corte Rafael Ubiría y la Dirección de Jurídica del Parlamento en el entendido que el Poder Legislativo no tiene que opinar sobre el punto.
Los matices entre los partidos de oposición se dan por la conveniencia o no de ingresar a sala.
En el PC sus legisladores ingresarán a sala y darán debate pero se retirarán antes que se someta a votación cualquier moción por entender que no correspondía haber convocado a la Asamblea General.
El senador Isaac Alife dijo que el Parlamento no tiene legitimación para pronunciarse porque no es actor en este caso. Sin embargo, no dejarán el hemiciclo libre para que el FA politice el tema, tal como ocurrió en Venezuela, según expresó el legislador. “El Partido Colorado decidió que va a entrar a sala, como siempre entró a sala y va a dar debate como siempre tiene que dar debate en el juego democrático. No nos parece razonable no estar. Nos parece algo del estilo que hizo la oposición de Chávez en su momento, que le regaló la cancha y dejó con el 100 por ciento del Parlamento a los chavistas. Está claro que el Parlamento no tiene nada que hacer en esto. Está claro que ni siquiera la fiscal Guianze en su pedido indica al Parlamento como actor con legitimación pasiva; de hecho, dice que no la tiene. Lo mismo el fiscal de Corte, el doctor Ubiría. Y lo mismo dice la Jurídica del Poder Legislativo. Por lo tanto, todo esto es un mero ejercicio político que lo único que hace es desprestigiar al Parlamento en el fondo de los hechos”, indicó.
En el Partido Nacional (PN), si bien existieron visiones diferentes entre los sectores más fuertes, Unidad Nacional y Alianza Nacional, sobre la conveniencia de entrar, el tema quedó cerrado.
El coordinador de bancada, Sergio Abreu, confirmó a El Espectador que los nacionalistas entienden que el Poder Legislativo no es parte en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. También coinciden en que la Fiscalía no tiene legitimación para actuar en una causa.
Abreu agregó que la situación fue forzada por claros designios políticos del gobierno.
Los blancos elaboraron una declaración de tres puntos donde todos coinciden. La misma habla de la inconveniencia de convocar a la Asamblea, señala que si el FA quiere derogar la ley, tiene mayorías para hacerlo y culmina diciendo que los blancos no se prestarán a una burda maniobra del FA, que quiere distraer la atención de la opinión pública sobre sus propias diferencias internas, reeditando un debate que ya fue laudado por la ciudadanía en 1989. “No podemos comparecer en una instancia en el que el Poder Legislativo, reconocido por todos, no es parte de un proceso constitucional. Tampoco es bueno que nosotros comparezcamos en una instancia donde vamos a discutir 35 años para atrás, en vez de estar discutiendo 35 años para adelante. Esto significa que vamos a perder el tiempo y no nos podemos prestar a una burda maniobra política que lo que está buscando es disimular las dificultades que este gobierno y las retensillas internas que tiene el partido, que son de todos conocidas. Y, en ese sentido, lo que a nosotros no nos parece compartible, por eso no lo vamos a hacer, es comparecer en una Asamblea General, donde el Frente Amplio ha elegido este camino para violar la Constitución y desconocer la soberanía popular. Porque esto se trata de un plebiscito que fue claramente definido en 1987 y, entre otras cosas, manosear las instituciones con un fin exclusivamente electoral”, señaló.
Lo que no definió aún el Partido Nacional es si lee la declaración en conferencia de prensa fuera del hemiciclo o ingresan a sala, leen la declaración y se retiran.
Eso se definirá en una reunión a las 9.00 de la mañana de la bancada nacionalista.
El diputado Iván Posada sostiene también que no es pertinente la convocatoria, pero ingresará a dar debate y votará en contra cuando se plantee la inconstitucionalidad. “Un debate que tiene, indudablemente, muchas aristas. Para empezar, nos preguntamos si una fiscal tiene, en definitiva, legitimación activa para plantear algún recurso de inconstitucionalidad como el que se ha planteado. Y, si a este respecto, el titular del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en sí que es, en definitiva, de quién depende esa fiscal, después puede ser consultado por la Suprema Corte de Justicia como una contraparte de su propio recurso. Parece que allí hay por lo menos aspectos cuestionables”, indicó.
El senador del FA Rafael Michelini opinó que la Ley de Caducidad es inconstitucional, por lo que en la Asamblea General los legisladores del gobierno apoyarán el recurso presentado por la fiscal Mirtha Guianze a la Suprema Corte de Justicia.
Michelini sostuvo que, si bien no le compete al Parlamento definir sobre la constitucionalidad de las leyes, la Suprema Corte solicitó que se expida para esta causa, por lo que así debe hacerse.
Agregó que la izquierda de este país mantiene una posición común sobre la inconstitucionalidad de esta Ley, pero sostuvo que incluso si hubo diferencias, no sería un problema a ocultar. Asimismo, aseguró que hay que contestar la consulta enviada por la Suprema Corte de Justicia al Parlamento.
Sobre la posibilidad de que la oposición se retire a la hora de votar en la Asamblea General, el legislador dijo que cada partido se aferrará a su bandera al momento de enfrentar lo que consideró un momento histórico.
Además, sostuvo que si bien no le compete al Parlamento definir sobre la constitucionalidad de las leyes, la Suprema Corte solicitó que se expida para esta causa, por lo que así debe hacerse. “Que la fiscal no pide la opinión del Parlamento, no hay duda. Que el procurador del fiscal tampoco lo pide, no hay duda. Pero la Corte sí lo manda. Entonces, el presidente de la Asamblea General puede decir: ‘Bueno, me lavo las manos, no opino, no respondo, respondo que no tengo opinión’. O, en la medida que también estamos ante un pronunciamiento político, el presidente de la Asamblea General dice: ‘Miren, independientemente de que yo no tenga potestades de declarar en cada caso la inconstitucionalidad de la ley o no, yo creo que es inconstitucional’. Y, antes de informar eso al Poder Judicial, informa a la Asamblea General de lo que va a hacer”, informó.
Por su parte, la Comisión Nacional de Jóvenes del FA convoca a través del Facebook a concentrarse este miércoles en las afueras del Parlamento, mientras la Asamblea General debata la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Este sitio Facebook creó un evento que llamó "Al Parlamento todos contra la impunidad". El texto señala: "Este miércoles 25 a partir de las 10 horas a rodear el Parlamento todos contra la impunidad cuando el Parlamento discuta la inconstitucionalidad de la ley de caducidad
El Espectador, 25 de febrero
El día menos pensado
La Asamblea General discute hoy si la Ley de Caducidad es constitucional
El oficialismo buscará centrar el debate en un pronunciamiento político acerca de la impunidad de policías y militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura. La oposición acusará al Frente Amplio
Llegó el día. A 22 años, dos meses y tres días de la madrugada del lunes 22 de diciembre de 1986, cuando la Cámara de Representantes aprobó la Ley Nº 15.848, “de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, el debate sobre la impunidad de los crímenes cometidos por policías y militares durante la pasada dictadura volverá a calentar el mármol que envuelve al Palacio Legislativo.
Reunida en sesión extraordinaria, la Asamblea General analizará desde la hora 10 la nota que el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, en su carácter de presidente del máximo órgano legislativo, enviará a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en respuesta a la solicitud remitida días atrás por el Poder Judicial, en la que se pidió al Parlamento -igual que al Poder Ejecutivo- su opinión acerca de la constitucionalidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley de
Caducidad. La consulta se realizó con motivo de que la SCJ debe pronunciarse sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por la .scal Mirtha Guianze, por el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray.
El procedimiento, tan atípico como la ley sobre la cual se discutirá, pasó de los corrillos a la escena pública luego de que el Ejecutivo resolvió, hace una semana, en Consejo de Ministros, remitir a la SCJ una nota armada por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que “acepta el planteo de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal”. y la fiscal Guianze de llevar adelante un operativo político.
El presidente del Frente
Torcer o enderezar
En medio del último y decisivo tramo de la campaña de recolección de armas por una reforma constitucional que declare nula la Ley de Caducidad, y en momentos en que el Ejecutivo ha decidido buscar restos de detenidos desaparecidos en nuevos predios militares,
la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y de sus ministros sorprendió a todos.
Y centró la expectativa en el proceder que adoptaría el Poder Legislativo ante la consulta de la SCJ. La incógnita se despejó el jueves de la semana pasada, tras una extensa reunión de los coordinadores de la bancada frenteamplista: el socialismo resolvió poner a consideración de todos los legisladores la posición de que la Ley 15.848 es
inconstitucional.
Ese mismo día, el debate fue agitado por el contenido de un informe elaborado por la División Jurídica del Parlamento, en el cual se sostiene una posición distinta a la del oficialismo. Los autores de ese texto afirman que el Poder Legislativo “se encuentra en condiciones fundadas de interponer una excepción por falta de legitimación pasiva” (porque no le correspondería pronunciarse sobre su propia decisión de 1986), y que “la jurisprudencia de la SCJ nos muestra que en casos similares esta corporación ha fallado por unanimidad a favor de la constitucionalidad de la ley 15.848”. Para la oposición, ésa debe ser la respuesta. Para los parlamentarios frenteamplistas, se trata de algo más importante.
“O nos callamos o hablamos. Yo no me voy a lavar las manos, tampoco me voy a callar”, expresó a la diaria el senador frenteamplista Rafael Michelini (Nuevo Espacio), en referencia a los caminos que tiene por delante el Parlamento una vez recibida la consulta
del Poder Judicial. “La que pregunta es la Suprema Corte, y el Poder Legislativo, mediante la reunión de sus miembros elegidos democráticamente, es a quien corresponde responder”, sostuvo Michelini, quien cali.có a la jornada de hoy de “histórica”. Para la izquierda, la votación de hoy es algo más que un simple trámite parlamentario. Para la oposición, en cambio, se trata de un intento de “torcer una ley que llevó a la reconciliación y que el pueblo consagró con su voto”, según dijo a la diaria Gustavo Espinosa, coordinador de la
bancada del Partido Colorado. El legislador aseguró que esa fuerza política ingresará a sala a defender la constitucionalidad de la Ley de Caducidad y cali.có de “poco feliz” la decisión de la SCJ de consultar al Parlamento. En la bancada colorada, una voz destacará hoy del resto: la del ex presidente Julio María Sanguinetti, principal impulsor de la norma sobre la cual estará abierto el debate.
No pero sí pero no
El presidente de la bancada del Partido Nacional (PN), Sergio Abreu, intentaba ayer sin éxito zanjar las diferencias entre el Herrerismo y Alianza Nacional (AN) respecto de la posición que debe adoptarse ante la convocatoria a la Asamblea General. Para Abreu, la reunión de hoy “encubre una maniobra política para violar la Constitución, desconocer la soberanía popular y manosear las instituciones con fines electorales”.
A diferencia del Herrerismo, en AN predomina la idea de no ingresar a sala y, en cambio, presentar una declaración en la cual -al igual que en el informe de la División Jurídica- se afirma que el Parlamento es “incompetente” a la hora de fijar posición sobre este punto, se señala que si el Frente Amplio así lo desea puede derogar con sus propios votos la Ley de Caducidad, y se apela al artículo 258 de la Constitución para sostener que la fiscal Mirtha
Guianze no tiene “legitimación activa” para realizar su petición, ya que carece de un interés “directo, personal y legítimo” en la materia.
Este último punto es compartido por el Partido Independiente (PI), cuyo diputado Iván Posada presentará ante el cuerpo un proyecto de declaración por el cual el Parlamento se declararía “incompetente”. A diferencia del PN, en el PI se considera que la Ley de Caducidad es “inconstitucional”, pero se tiene “pleno convencimiento” de que “no es el Poder Legislativo el que tiene que expedirse sino la SCJ”, según expresó Posada a la diaria.
Con esta idea, a grandes rasgos, también se identifica el senador herrerista Luis Alberto Heber, que en conversación con la diaria dijo ayer que la propuesta de AN será discutida poco antes de la sesión, sobre la hora 9, en la reunión de bancada.
La posición de Heber, quien aún se debate entre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, por la existencia de “nuevos elementos” que “cambian el escenario” de 1986, será una de las grandes incógnitas de una sesión en la cual 130 senadores y diputados deberán decidir, una vez más, si es mejor cruzar con la amarilla
que con la verde.
La Diaria, 25 de febrero
Caducidad: sube la tensión entre el FA y oposición previo al debate
Blancos. Alianza decidió no ingresar a sala y prepara dura declaración
Bajo un marco de tensión entre el oficialismo y la oposición, la Asamblea General debatirá hoy sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad, vigente desde 1986. La sesión -convocada a instancia del Frente Amplio- comenzará a la hora 10.30
La Asamblea General responderá así a una consulta de la Suprema Corte de Justicia, sobre una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad promovida por la fiscal Mirtha Guianze en el caso de Nibya Sabalsagaray, militante comunista muerta en 1974 en una unidad militar.
El Poder Ejecutivo ya comunicó a la Corte su posición favorable a la inconstitucionalidad de la ley. Los legisladores del Frente Amplio consideran, al igual que el Poder Ejecutivo, que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad son inconstitucionales. El pronunciamiento del Legislativo no será vinculante y la última palabra sobre la constitucionalidad o no de la ley la tendrá la Suprema Corte de Justicia.
La reunión de la Asamblea General se realizará bajo un clima de antagonismo entre oficialismo y oposición, alimentado por la polémica sobre denuncias de presiones del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa a la división Jurídica del Poder Legislativo, y en medio de un panorama donde cada fuerza política tiene argumentos jurídicos y políticos encontrados.
Entre los blancos, Alianza Nacional y Unidad Nacional, más allá de que ambos sectores coinciden en que el Poder Legislativo no debe pronunciarse sobre este pedido de la Corte, disienten en cómo manifestarse ante la "improcedente" convocatoria del Frente Amplio a la Asamblea General. El sector Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, decidió no ingresar a sala y dar a conocer una declaración muy crítica hacia el gobierno. Unidad Nacional, de Luis Alberto Lacalle, entiende que debe hacerse presente y dar debate.
SIN ACUERDO. Hasta última hora de ayer los dos sectores nacionalistas negociaron sin éxito un acuerdo. Larrañaga logró que todos los dirigentes de su sector acataran la decisión de no ingresar a sala. Junto con el senador Sergio Abreu, dialogaron con los senadores Francisco Gallinal y Luis Alberto Heber, de Unidad Nacional. Gallinal, por ejemplo, respondió a Alianza que hay que entrar a sala para discutir sobre el pacto del Club Naval a fin de dejar en evidencia al Frente Amplio en cuanto a que en 1984 acordó con los militares y los colorados aspectos de la salida institucional de la dictadura. Pero en Alianza se le advirtió que son los blancos quienes tienen "más para perder" si el debate se encamina por esa senda, revelaron a El País fuentes nacionalistas.
La bancada del Partido Nacional se reunirá hoy antes de la Asamblea General para fijar una postura definitiva.
El Partido Colorado, en cambio, es partidario de hacerse presente en sala y fundamentará que un pronunciamiento del Legislativo "es inocuo", que "no tiene relevancia jurídica" y que "tampoco es relevante para nadie y para nada", adelantó a El País el ex presidente y senador Julio María Sanguinetti. "El recurso de inconstitucionalidad lo debe resolver exclusivamente la Suprema Corte, como dice la Constitución. La Suprema Corte cometió un error de trámite", al enviar al Ejecutivo y al Legislativo un pedido de pronunciamiento sobre la ley de Caducidad, opinó Sanguinetti.
El Partido Independiente (PI) también ingresará a sala. Su único representante en la Asamblea General, Iván Posada, coincidirá en sus argumentos con los demás partidos de la oposición: planteará que el Parlamento no tiene potestades para declarar la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad.
PRESIONES. El lunes 16, el presidente Tabaré Vázquez anunció en el Consejo de Ministros que la respuesta del Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia iba a ser que se allanaba a la acción de la fiscal Guianze. Al día siguiente, martes 17, el Poder Ejecutivo contestó formalmente a la Corte.
Fue entonces que se instaló el tema en el Poder Legislativo. La sesión de la Asamblea General aparece ensombrecida por denuncias sobre presiones ejercidas por el vicepresidente Nin Novoa sobre los abogados de Jurídica del Poder Legislativo para que fallen a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad. Nin Novoa hizo una consulta formal al departamento jurídico.
Al adelantarse que el dictamen podía ser favorable a la constitucionalidad, Nin Novoa lo habría descartado y no lo llevaría hoy a sala. Esa situación generó malestar entre los abogados de esa oficina del Poder Legislativo quienes, según denunció públicamente el senador nacionalista Julio Lara, habrían sido presionados por Nin Novoa para pronunciarse por la inconstitucionalidad.
Los abogados fueron citados para hoy a la hora 8, para ser consultados acerca del informe solicitado por Nin Novoa. Ya fue redactado por una abogada de esa oficina y sostiene que la norma es constitucional, se indicó a El País de fuentes parlamentarias.
El jueves 19, la bancada del Frente Amplio resolvió pedirle a un grupo de legisladores oficialistas -todos abogados- la redacción de un informe para presentar ante la Asamblea General, aprobarlo con su mayoría, y entregarlo a la SCJ como respuesta oficial del Poder Legislativo, adelantaron a El País fuentes de la izquierda.
Aprobación, referéndum y la lectura de Vázquez
La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada 1986. A instancias del Frente Amplio, algunos integrantes del Partido Nacional y el Pit-Cnt, se creo una comisión nacional que promovió el referéndum para derogar la ley. La consulta popular se realizó en 1989, donde más del 50% de la ciudadanía se pronunció a favor de mantener la norma. Desde la aprobación de la ley y la ratificación de su vigencia en 1989, los gobiernos encabezados por los lemas tradicionales se ampararon en esta norma para no habilitar el juzgamiento de militares. En el año 2000 con la asunción del presidente Jorge Batlle, se creo la Comisión para la Paz, la que permitió comenzar a indagar el destino de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985) y se logró esclarecer el caso de Macarena Gelman, entre otros. En 2005, con la asunción del presidente Tabaré Vázquez, se le dio una nueva interpretación al artículo cuarto de la norma, que habilita al Poder Ejecutivo a investigar el destino de los detenidos-desaparecidos. El gobierno de Vázquez excluyó a varios casos de desaparecidos de esta ley. A partir de entonces, la Justicia ha procesado a un grupo de militares retirados y ex policías, entre ellos al ex dictador Gregorio Álvarez.
Los ex presidentes y la ley de Caducidad
Julio Ma. Sanguinetti
Partido COLORADO
"El recurso de inconstitucionalidad lo debe resolver exclusivamente la Suprema Corte, como dice la Constitución. Es un debate innecesario. Un pronunciamiento del Legislativo es inocuo, no tiene relevancia jurídica y no es relevante para nadie".
Luis Alberto Lacalle
Partido Nacional
"Hay incompetencia de la Asamblea General por falta de legitimación pasiva para pronunciarse. La única competente es la Suprema Corte. Y además que el Legislativo se pronuncie será una grave violación de la separación de poderes y una presión a la Corte".
Jorge Batlle
Partido COLORADO
"Es un intento más del Frente Amplio por mantener el tema vigente. Lo que el país precisa es mirar el porvenir y atender los problemas que le afligen a la gente. Esto, llevado adelante unos meses antes de las elecciones, se hace para discutir algo".
El País Digital, 25 de febrero
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