El Poder Ejecutivo lo culpó por demora en el caso Tróccoli
El diplomático Tabaré Bocalandro, quien ocupaba el segundo cargo de importancia en la embajada uruguaya en Roma tras el embajador Carlos Abín cuando en marzo de 2008 se registró la demora en la presentación del pedido de extradición del marino retirado Jorge Tróccoli, presentará en los próximos días una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra la sanción que le aplicó el Poder Ejecutivo.
En octubre pasado, el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Gonzalo Fernández resolvieron suspender a Bocalandro por el plazo de cuatro meses, a la vez que lo inhabilitaron para ocupar destinos diplomáticos por tres años.
La resolución firmada por el mandatario señaló que el funcionario "incurrió en una muy grave falta administrativa por omisión intencional de sus deberes funcionales, en un tema de particular importancia y con las gravísimas derivaciones", que permitió la liberación de Tróccoli, quien estaba siendo indagado por la Justicia uruguaya por su actividad represiva durante la dictadura.
El abogado Julio Herrera, uno de los asesores legales de Bocalandro, dijo a El País que la sanción aplicada a su cliente es "injustificada" y por eso es que a fines de febrero se presentará la demanda ante el TCA. "No debió haber sido sancionado de ninguna forma", señaló.
Al momento de la llegada a Italia del expediente solicitando la extradición de Tróccoli (pedido que finalmente fue rechazada porque el militar posee ciudadanía italiana) el embajador Abín se encontraba en Barcelona sin autorización de la Cancillería.
La documentación fue recibida por Bocalandro quien dio aviso al titular de la sede diplomática a través de un correo electrónico, según consta en la investigación administrativa realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
CARTA. A raíz de la polémica generada, Bocalandro pidió autorización al canciller Fernández para publicar una carta en los medios de prensa para dar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el ministro, amparándose en un decreto de 1973, le negó esa posibilidad.
Herrera dijo que la respuesta de Fernández fue "inesperada", porque existía la convicción de que el funcionario sería habilitado para realizar sus descargos públicamente.
Jueza penal también indaga la demora
Las causas por las cuales la embajada uruguaya en Italia presentó fuera de plazo el pedido de extradición del marino retirado Jorge Tróccoli, también están siendo investigadas por la Justicia Penal. El año pasado, el abogado Gustavo Salle, quien patrocina a la viuda de militante de izquierda desaparecido durante la dictadura, presentó una denuncia contra el ex embajador Carlos Abín y el diplomático Tabaré Bocalandro. El caso está a cargo de la jueza Aída Vera Barreto.
El País Digital, 12 de febrero
El diplomático Tabaré Bocalandro, quien ocupaba el segundo cargo de importancia en la embajada uruguaya en Roma tras el embajador Carlos Abín cuando en marzo de 2008 se registró la demora en la presentación del pedido de extradición del marino retirado Jorge Tróccoli, presentará en los próximos días una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra la sanción que le aplicó el Poder Ejecutivo.
En octubre pasado, el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Gonzalo Fernández resolvieron suspender a Bocalandro por el plazo de cuatro meses, a la vez que lo inhabilitaron para ocupar destinos diplomáticos por tres años.
La resolución firmada por el mandatario señaló que el funcionario "incurrió en una muy grave falta administrativa por omisión intencional de sus deberes funcionales, en un tema de particular importancia y con las gravísimas derivaciones", que permitió la liberación de Tróccoli, quien estaba siendo indagado por la Justicia uruguaya por su actividad represiva durante la dictadura.
El abogado Julio Herrera, uno de los asesores legales de Bocalandro, dijo a El País que la sanción aplicada a su cliente es "injustificada" y por eso es que a fines de febrero se presentará la demanda ante el TCA. "No debió haber sido sancionado de ninguna forma", señaló.
Al momento de la llegada a Italia del expediente solicitando la extradición de Tróccoli (pedido que finalmente fue rechazada porque el militar posee ciudadanía italiana) el embajador Abín se encontraba en Barcelona sin autorización de la Cancillería.
La documentación fue recibida por Bocalandro quien dio aviso al titular de la sede diplomática a través de un correo electrónico, según consta en la investigación administrativa realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
CARTA. A raíz de la polémica generada, Bocalandro pidió autorización al canciller Fernández para publicar una carta en los medios de prensa para dar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el ministro, amparándose en un decreto de 1973, le negó esa posibilidad.
Herrera dijo que la respuesta de Fernández fue "inesperada", porque existía la convicción de que el funcionario sería habilitado para realizar sus descargos públicamente.
Jueza penal también indaga la demora
Las causas por las cuales la embajada uruguaya en Italia presentó fuera de plazo el pedido de extradición del marino retirado Jorge Tróccoli, también están siendo investigadas por la Justicia Penal. El año pasado, el abogado Gustavo Salle, quien patrocina a la viuda de militante de izquierda desaparecido durante la dictadura, presentó una denuncia contra el ex embajador Carlos Abín y el diplomático Tabaré Bocalandro. El caso está a cargo de la jueza Aída Vera Barreto.
El País Digital, 12 de febrero
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