Declaraciones de Alianza y UNA por ley de Caducidad
El pronunciamiento de la Asamblea General no tiene efecto jurídico sobre la ley de Caducidad. El Poder Legislativo carece de competencias para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las leyes. Una forma de distraer la atención política de la interna frenteamplista.
Estos son algunos de los argumentos que manejaron en forma coincidente Alianza Nacional y Unidad Nacional, en sendas declaraciones emitidas ayer. La de Alianza fue leída por el senador Sergio Abreu en la antesala de la Cámara de Diputados minutos antes de que sesionara la Asamblea General. La de Unidad Nacional fue leída en sala por el senador Francisco Gallinal, previo a que su bancada se retirara de la sesión.
Alianza Nacional, en una extensa declaración, consideró la actitud del Frente Amplio y del gobierno como "una nueva pirueta política", en particular porque el Poder Ejecutivo ya se pronunció sobre el mismo expediente el 7 de junio de 2005 y comunicó al Poder Judicial que el caso de Nibya Sabalsagaray estaba comprendido en la ley de Caducidad, lo que determinó el archivo del expediente por parte del juez. A la vez, se le señaló que "cambió de posición" y que se allanó a la pretensión de la Fiscalía.
La declaración agrega que hubo "un atropello al Estado de Derecho y a la soberanía popular" porque en 1989 esa ley fue ratificada en un referéndum. "Esto demuestra, una vez más, que para el gobierno y su fuerza política, la democracia representativa sigue siendo una estructura burguesa que debe ignorarse cuando se opone a sus designios totalitarios", dice la declaración de Alianza.
Además, afirma que se niega a participar de una "burda maniobra política" que "fue inventada para ocultar los serios cuestionamientos a la gestión de gobierno y las rencillas internas que lo han llevado a un nivel de confrontación imposible de disimular".
Recordó que desde entonces ha acatado la decisión popular y que por eso es renuente a prestarse a "una farsa política que degrada la estabilidad y credibilidad de las instituciones democráticas".
Como el resto del partido, Alianza dijo que el Frente Amplio ha tenido desde 2005 las mayorías necesarias para derogar la ley, pero que no lo ha hecho por las diferencias internas sobre el punto. "Antes de enfrentarse a la verdad, prefiere violar la Constitución, desconocer la soberanía popular y manosear las instituciones con un fin exclusivamente electoral", sostiene.
Además de anunciar que sus legisladores no concurrirían a sala, la bancada de Alianza subrayó que el Legislativo no es competente para pronunciarse en los procesos de inconstitucionalidad de las leyes, conforme lo dispone la Constitución.
La declaración concluye diciendo que "el gobierno desconoce los fundamentos básicos en que reposa el sistema democrático". En el campo jurídico, destacó el informe de la asesoría del Poder Legislativo en cuanto a que "se encuentra en condiciones fundadas de interponer una excepción por falta de legitimación pasiva".
En tanto, Unidad Nacional declaró que "la inconstitucionalidad de una ley es competencia exclusiva del Poder Judicial", tras lo cual sostuvo que si el FA la considera inconstitucional, debió derogarla con sus mayorías, "sin necesidad de violar principios supremos como la separación de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial". Agregó que "el gobierno no tiene derecho a manipular las instituciones y debilitar permanentemente y con fines exclusivamente político electorales, el estado de derecho".
El País Digital, 26 de febrero
El pronunciamiento de la Asamblea General no tiene efecto jurídico sobre la ley de Caducidad. El Poder Legislativo carece de competencias para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las leyes. Una forma de distraer la atención política de la interna frenteamplista.
Estos son algunos de los argumentos que manejaron en forma coincidente Alianza Nacional y Unidad Nacional, en sendas declaraciones emitidas ayer. La de Alianza fue leída por el senador Sergio Abreu en la antesala de la Cámara de Diputados minutos antes de que sesionara la Asamblea General. La de Unidad Nacional fue leída en sala por el senador Francisco Gallinal, previo a que su bancada se retirara de la sesión.
Alianza Nacional, en una extensa declaración, consideró la actitud del Frente Amplio y del gobierno como "una nueva pirueta política", en particular porque el Poder Ejecutivo ya se pronunció sobre el mismo expediente el 7 de junio de 2005 y comunicó al Poder Judicial que el caso de Nibya Sabalsagaray estaba comprendido en la ley de Caducidad, lo que determinó el archivo del expediente por parte del juez. A la vez, se le señaló que "cambió de posición" y que se allanó a la pretensión de la Fiscalía.
La declaración agrega que hubo "un atropello al Estado de Derecho y a la soberanía popular" porque en 1989 esa ley fue ratificada en un referéndum. "Esto demuestra, una vez más, que para el gobierno y su fuerza política, la democracia representativa sigue siendo una estructura burguesa que debe ignorarse cuando se opone a sus designios totalitarios", dice la declaración de Alianza.
Además, afirma que se niega a participar de una "burda maniobra política" que "fue inventada para ocultar los serios cuestionamientos a la gestión de gobierno y las rencillas internas que lo han llevado a un nivel de confrontación imposible de disimular".
Recordó que desde entonces ha acatado la decisión popular y que por eso es renuente a prestarse a "una farsa política que degrada la estabilidad y credibilidad de las instituciones democráticas".
Como el resto del partido, Alianza dijo que el Frente Amplio ha tenido desde 2005 las mayorías necesarias para derogar la ley, pero que no lo ha hecho por las diferencias internas sobre el punto. "Antes de enfrentarse a la verdad, prefiere violar la Constitución, desconocer la soberanía popular y manosear las instituciones con un fin exclusivamente electoral", sostiene.
Además de anunciar que sus legisladores no concurrirían a sala, la bancada de Alianza subrayó que el Legislativo no es competente para pronunciarse en los procesos de inconstitucionalidad de las leyes, conforme lo dispone la Constitución.
La declaración concluye diciendo que "el gobierno desconoce los fundamentos básicos en que reposa el sistema democrático". En el campo jurídico, destacó el informe de la asesoría del Poder Legislativo en cuanto a que "se encuentra en condiciones fundadas de interponer una excepción por falta de legitimación pasiva".
En tanto, Unidad Nacional declaró que "la inconstitucionalidad de una ley es competencia exclusiva del Poder Judicial", tras lo cual sostuvo que si el FA la considera inconstitucional, debió derogarla con sus mayorías, "sin necesidad de violar principios supremos como la separación de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial". Agregó que "el gobierno no tiene derecho a manipular las instituciones y debilitar permanentemente y con fines exclusivamente político electorales, el estado de derecho".
El País Digital, 26 de febrero
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