El BPS busca una ley sobre cuidados financiada por IRPF
El 90% de los ingresos que reciben las residencias para ancianos provienen del quinto más rico de la población. Por otro lado, el 20% más pobre no realiza gastos en residencias, por tanto el cuidado de los ancianos recae enteramente en las familias. El BPS busca impulsar una ley sobre cuidados que equilibre esta situación.
En cuanto a la contratación de servicios de cuidado a domicilio, que al 2006 tenía unos 180.000 usuarios, el gasto también está altamente concentrado en los sectores de mayores ingresos.
Estos datos fueron presentados por el director del BPS Jorge Papadópulos, en un seminario internacional realizado la semana pasada sobre los sistemas de cuidados.
El evento contó con la presencia de especialistas españoles, que hablaron de la experiencia en su país con respecto a la ley de dependencia, aprobada en 2006. Esta ley genera una serie de derechos de cuidados a las personas dependientes, ya sean discapacitados o adultos mayores.
La ley habilita a que cualquier ciudadano en situación de dependencia pueda acceder a los servicios de residencia permanente, centros de día, atención a domicilio y teleasistencia, entre otros, con una financiación estatal que se ajusta a las posibilidades económicas de los usuarios, y que puede llegar al 90% en los casos más críticos.
Papadópulos, que estudió a fondo el sistema español, afirmó que su voluntad es "trazar las líneas generales de una política de cuidados" en el país. Agregó que la política debe ser "universal", pero que "debe empezar por incorporar a los sectores más débiles".
Según la visión de Papadópulos, estas nuevas prestaciones deberían estar financiadas "fundamentalmente por el Estado". Como estos derechos serán para toda la ciudadanía, Papadópulos adujo que "se debe echar mano a recursos del gobierno central". En ese sentido, consideró que los ingresos por IRPF serían los adecuados para utilizar, ya que "a medida que pasa el tiempo, debería ir cobrando mayor peso sobre otras formas impositivas".
El jerarca afirmó que esta ley generará "empleo genuino", y favorecerá la inversión privada en infraestructura.
El País Digital, 12 de mayo
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