Menores. Quiere US$ 4 millones y 200 otros funcionarios
El INAU tiene un déficit de 250 plazas para alojar a menores infractores, y pretende contratar a 200 funcionarios para reforzar sus centros de internación. Pidió US$ 4 millones al gobierno, bajo el argumento de que está en estado de emergencia.
"La Constitución de la República prohibe contratar a funcionarios este año. Pero sí lo habilita si se está ante una situación de emergencia", afirmó a El País la presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Nora Castro.
Tras reconocer que muchos funcionarios ingresaron a la institución en los últimos meses, Castro dijo que "hacen faltan más trabajadores" para atender a los 7.000 niños que se encuentran bajo cobertura de los programas sociales y los 220 jóvenes infractores alojados en hogares de la Colonia Berro y de Montevideo.
En el último año entraron 1.500 funcionarios al INAU. Pero 500 se retiraron por causal jubilatoria. Otros renunciaron para no continuar trabajando directamente con menores o porque consiguieron puestos en otras áreas del Estado. El INAU necesita en forma urgente entre 150 y 250 funcionarios en distintas categorías, según explicó a El País el director de la repartición estatal, Jorge Ferrando.
Mientras no vienen los fondos del Ministerio de Economía, el Directorio del INAU valora la posibilidad de trasladar a empleados de otras secciones para reforzar el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), oficina que se encarga de gestionar los hogares de menores. Sin embargo, esta posibilidad no seduce a las autoridades del organismo, ya que este tiene la plantilla menguada en todas las áreas, dijo Castro.
Por su parte, Ferrando advirtió que el Directorio del INAU también analiza la aplicación de medidas para mejorar el elevado ausentismo laboral existente en los hogares del Interj. La tasa de ausentismo promedia el 15% de 615 funcionarios, dijo el jerarca. Para palear esa situación, el Directorio cambiará el sistema de certificaciones médicas para asegurarse que aquellos trabajadores que se reportan como enfermos, reciban además un diagnóstico externo.
"En los últimos meses del año pasado se contrataron a 100 funcionarios para hogares de la Colonia Berro y Montevideo. Al poco tiempo se empieza a diluir nuevamente la cantidad de funcionarios por centro" como consecuencia de las licencias por enfermedad, dijo.
Agobiados por el estrés, la tensión generada por trabajar con adolescentes infractores y el cansancio causado por horarios prolongados por la necesidad de cumplir horas extras, los trabajadores de los hogares utilizan el mecanismo de la licencia por enfermedad para alejarse por un rato de los adolescentes infractores. Otro mecanismo es solicitar traslados de los hogares hacia sectores administrativos, pero el Directorio no los está otorgando, dijo.
Con respecto al problema edilicio que enfrenta el INAU, Ferrando señaló que se estudia el acondicionamiento de locales ya existentes que pertenecen al Estado o la construcción de un nuevo hogar. Este será usado para la atención de jóvenes privados de libertad con problemas de salud mental. "Ahora estarían faltando entre 130 y 250 plazas" destinadas al alojamiento de jóvenes infractores. Estamos hablando de una inversión de US$ 4 millones. Ese monto cambia si es obra nueva o acondicionamiento de edificios", dijo Ferrando.
Ya no hay menores en comisarías
Ayer se completaron los traslados de los 19 menores del Hogar Piedras que se encontraban alojados en las cuatro comisarías de Montevideo, dijo la presidenta del INAU, Nora Castro. La jerarca del instituto reconoció que el Hogar Piedras -destruido en un motín el lunes 20- tiene en condiciones los alojamientos, cocina y lugares donde se alimentan los jóvenes. La contención de los adolescentes infractores "no se configura con más funcionarios, edificios o más cerco perimetral, sino que es "la conjunción" de todos estos elementos que definen el nivel de retención del sistema, explicó Castro. A partir de ayer, el INAU acordó con la Policía sobre el personal que custodiará los hogares de la Berro. Ayer el Directorio realizó el lanzamiento de un programa de mejora de gestión que será implementado por consultorías. El plan es financiado por el BID.
El País Digital, 13 de mayo
El INAU tiene un déficit de 250 plazas para alojar a menores infractores, y pretende contratar a 200 funcionarios para reforzar sus centros de internación. Pidió US$ 4 millones al gobierno, bajo el argumento de que está en estado de emergencia.
"La Constitución de la República prohibe contratar a funcionarios este año. Pero sí lo habilita si se está ante una situación de emergencia", afirmó a El País la presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Nora Castro.
Tras reconocer que muchos funcionarios ingresaron a la institución en los últimos meses, Castro dijo que "hacen faltan más trabajadores" para atender a los 7.000 niños que se encuentran bajo cobertura de los programas sociales y los 220 jóvenes infractores alojados en hogares de la Colonia Berro y de Montevideo.
En el último año entraron 1.500 funcionarios al INAU. Pero 500 se retiraron por causal jubilatoria. Otros renunciaron para no continuar trabajando directamente con menores o porque consiguieron puestos en otras áreas del Estado. El INAU necesita en forma urgente entre 150 y 250 funcionarios en distintas categorías, según explicó a El País el director de la repartición estatal, Jorge Ferrando.
Mientras no vienen los fondos del Ministerio de Economía, el Directorio del INAU valora la posibilidad de trasladar a empleados de otras secciones para reforzar el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), oficina que se encarga de gestionar los hogares de menores. Sin embargo, esta posibilidad no seduce a las autoridades del organismo, ya que este tiene la plantilla menguada en todas las áreas, dijo Castro.
Por su parte, Ferrando advirtió que el Directorio del INAU también analiza la aplicación de medidas para mejorar el elevado ausentismo laboral existente en los hogares del Interj. La tasa de ausentismo promedia el 15% de 615 funcionarios, dijo el jerarca. Para palear esa situación, el Directorio cambiará el sistema de certificaciones médicas para asegurarse que aquellos trabajadores que se reportan como enfermos, reciban además un diagnóstico externo.
"En los últimos meses del año pasado se contrataron a 100 funcionarios para hogares de la Colonia Berro y Montevideo. Al poco tiempo se empieza a diluir nuevamente la cantidad de funcionarios por centro" como consecuencia de las licencias por enfermedad, dijo.
Agobiados por el estrés, la tensión generada por trabajar con adolescentes infractores y el cansancio causado por horarios prolongados por la necesidad de cumplir horas extras, los trabajadores de los hogares utilizan el mecanismo de la licencia por enfermedad para alejarse por un rato de los adolescentes infractores. Otro mecanismo es solicitar traslados de los hogares hacia sectores administrativos, pero el Directorio no los está otorgando, dijo.
Con respecto al problema edilicio que enfrenta el INAU, Ferrando señaló que se estudia el acondicionamiento de locales ya existentes que pertenecen al Estado o la construcción de un nuevo hogar. Este será usado para la atención de jóvenes privados de libertad con problemas de salud mental. "Ahora estarían faltando entre 130 y 250 plazas" destinadas al alojamiento de jóvenes infractores. Estamos hablando de una inversión de US$ 4 millones. Ese monto cambia si es obra nueva o acondicionamiento de edificios", dijo Ferrando.
Ya no hay menores en comisarías
Ayer se completaron los traslados de los 19 menores del Hogar Piedras que se encontraban alojados en las cuatro comisarías de Montevideo, dijo la presidenta del INAU, Nora Castro. La jerarca del instituto reconoció que el Hogar Piedras -destruido en un motín el lunes 20- tiene en condiciones los alojamientos, cocina y lugares donde se alimentan los jóvenes. La contención de los adolescentes infractores "no se configura con más funcionarios, edificios o más cerco perimetral, sino que es "la conjunción" de todos estos elementos que definen el nivel de retención del sistema, explicó Castro. A partir de ayer, el INAU acordó con la Policía sobre el personal que custodiará los hogares de la Berro. Ayer el Directorio realizó el lanzamiento de un programa de mejora de gestión que será implementado por consultorías. El plan es financiado por el BID.
El País Digital, 13 de mayo
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