Veto laboral. La decisión del presidente tomó por sorpresa a legisladores del Frente Amplio y al Pit-Cnt; ahora debaten si convocan a la Asamblea General
La bancada del Frente Amplio quedó a las puertas de un nuevo enfrentamiento con el presidente Tabaré Vázquez. El veto a la ley de accidentes laborales cayó como un balde de agua fría entre los legisladores, que ya hablan de fricciones.
La bancada del FA comenzará la discusión la próxima semana sobre cuál será su posición ante la resolución del presidente Vázquez de vetar la ley que considera accidente laboral aquellos que sufren los trabajadores al ir o volver de sus empleos.
La determinación de los legisladores de gobierno resultará vital para la convocatoria de la Asamblea General, la cual debería producirse dentro de un plazo máximo de 30 días. Si finalmente se produce el llamado, la Asamblea General tendrá que resolver si mantiene o levanta el veto presidencial, circunstancia para la que se requiere una mayoría de tres quintos.
La ley -nacida a partir de un proyecto presentado en 2006 por el diputado nacionalista Gustavo Novales- contó con un amplísimo respaldo en el Parlamento. De hecho, fue aprobada por 18 votos en 20 en el Senado a principios de este mes.
La decisión de Vázquez, fundamentada en que la norma es "inconveniente" porque su cobertura es de muy difícil administración y encarece el seguro de forma notoria, causó "sorpresa" en tiendas oficialistas, al punto que no se descarta que esta situación genere fricciones entre los legisladores del FA y el Poder Ejecutivo.
El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) adelantó que su posición personal es que se revierta el veto presidencial. "Con los elementos que están arriba de la mesa no estoy dispuesto a aceptar, si hay una Asamblea General, que el veto quede", argumentó el diputado.
Pozzi expresó que la interposición de esta traba a la nueva norma es "algo absolutamente sorprendente y que va a ser motivo de un fuerte debate y tal vez de un fuerte encontronazo. Porque lo que se intentó hacer con esta ley, por la casi unanimidad del Parlamento, fue darle más protección a los trabajadores. Que haya primado sobre esta protección a los trabajadores, la opinión del Banco de Seguros del Estado (BSE) que tiene problemas con las pólizas, es una cosa que a uno lo hace pensar muchísimo".
Pozzi descartó que el hecho de que se trate de un año electoral, en el que el FA se juega la continuidad en el gobierno, influya a la hora de que sus parlamentarios fijen posición.
Entre los senadores del Frente Amplio, el veto causó el mismo desconcierto.
"Nos sentimos sorprendidos. No teníamos la información de que alguien estuviera cuestionando la aplicación de esa ley", afirmó a El País la senadora Susana Dalmás (Asamblea Uruguay). "A nosotros nos vino el proyecto de la Cámara de Diputados con total acuerdo de la bancada del FA, con la información que teníamos acerca del acuerdo del Ministerio correspondiente y del Directorio del BSE, por lo cual nosotros entendimos que el Poder Ejecutivo estaba de acuerdo. No tenemos la menor idea por ahora de cómo se dio esa situación", apuntó la legisladora.
En tanto, el diputado Novales está convencido que la Asamblea General será convocada en vista del respaldo casi unánime hacia el que fuera su proyecto. En ese marco, realizará contactos con los coordinadores de bancada de todos los partidos y con los integrantes del Secretariado del Pit-Cnt para torcer la resolución presidencial.
PIT-CNT. "Objetivamente hay una contradicción. Se nota que el oficialismo votó una cosa y el Poder Ejecutivo la veta", manifestó a El País el integrante del Secretariado del Pit-Cnt, Milton Castellano. El Pit-Cnt recibió la novedad con "mucho asombro" y "preocupación", agregó el sindicalista.
Castellano insistió que, generalmente cuando el Poder Ejecutivo se dispone a vetar una ley, lo anuncia con anticipación. Esta vez "no hubo ningún tipo de anuncio".
La ley de accidentes camino al trabajo se incorporó como uno de los planteos centrales del Pit-Cnt para este año electoral, en el que exige otras normativas -como la ley de negociación colectiva y el acortamiento de los juicios laborales- como forma de consolidar "un proceso nuevo en las relaciones laborales", dijo Castellano.
La central de trabajadores aún no resolvió los pasos que dará para que se supere este escollo y que la ley pueda instrumentarse.
En ese sentido, el Pit-Cnt pedirá explicaciones al Ministerio de Trabajo y a su vez realizará gestiones ante las comisiones de Diputados y del Senado para tener la "mayor cantidad de insumos para evaluar la situación", explicó Castellano.
Rechazan argumento de BSE
El Pit-Cnt cuestionó el posicionamiento del Banco de Seguros (BSE) en este debate y exigió que si, efectivamente, la aplicación de la ley supone un encarecimiento de los seguros, presente documentación que así lo pruebe.
El presidente del BPS, Gustavo Vilaró, había señalado que la nueva ley de accidentes laborales implicaría un incremento del 25% en las tarifas, correlativo a una mayor siniestralidad.
El integrante del Secretariado del Pit-Cnt, Milton Castellano, indicó que "si hay una razón de costo nunca se planteó ni en las cámaras (empresariales), ni en el Pit-Cnt ni en ningún lado por parte del BSE, entonces honestamente estamos sorprendidos con un veto que no es una cosa de todos los días; se hace de forma sorpresiva, no tiene un argumento de fondo que nosotros podamos considerar y si los hay los queremos ver".
Castellano pidió a las autoridades del BSE las pruebas que demuestren lo que argumentan, del mismo modo que se lo reclaman a los empresarios que, por la crisis, plantean el recorte de personal o la rebaja de salarios.
"Lo primero que decimos es que nos demuestren esa situación y a partir de ese análisis, estamos dispuestos a dialogar y a buscar alternativas, pero no que se nos diga de forma genérica y cuando hubo todo el tiempo para explicarlo, no se explicó", planteó el dirigente.
En tanto, el diputado del FA, Jorge Pozzi, cuestionó que el valor de las pólizas no puede interferir en este derecho para los trabajadores.
Seguro laboral
La ley vetada defiende lo que se conoce como accidente "in itinere", es decir aquel que se produce "desde o hacia" el domicilio aunque aclara como excepción que el damnificado "no puede haber interrumpido o alterado el trayecto por causas ajenas al trabajo".
Este criterio modificó el espíritu original del proyecto que abarcaba a los accidentes camino al trabajo siempre que se produjeran 30 minutos antes de entrar o después de salir.
A su vez, la ley modifica la ley de seguros de accidente de trabajo, ya restringida en 1989, que consideraba como accidente laboral si el trabajador estaba fuera de la empresa cumpliendo "una tarea específica ordenada por el patrono", si el empleador costeaba el transporte del trabajador o si el acceso al lugar de trabajo ofrecía "dificultades especiales".
En tanto, el presidente del BSE, Gustavo Vilaró, ha señalado que las autoridades de la institución casi no participaron de la discusión de la ley, con excepción de 2007, cuando fueron convocados por la Cámara de Diputados.
Vilaró ha planteado que la instrumentación de la ley implicaría "un alza en las tarifas en tanto se agrega una siniestralidad significativa" -incluso en sectores como los administrativos donde se registran bajos índices de accidentes-. Esto redundaría en un aumento de los costos de las pólizas en un 25%, estimó en 2007.
El BSE tiene el monopolio de las pólizas de seguro laborales.
La bancada del Frente Amplio quedó a las puertas de un nuevo enfrentamiento con el presidente Tabaré Vázquez. El veto a la ley de accidentes laborales cayó como un balde de agua fría entre los legisladores, que ya hablan de fricciones.
La bancada del FA comenzará la discusión la próxima semana sobre cuál será su posición ante la resolución del presidente Vázquez de vetar la ley que considera accidente laboral aquellos que sufren los trabajadores al ir o volver de sus empleos.
La determinación de los legisladores de gobierno resultará vital para la convocatoria de la Asamblea General, la cual debería producirse dentro de un plazo máximo de 30 días. Si finalmente se produce el llamado, la Asamblea General tendrá que resolver si mantiene o levanta el veto presidencial, circunstancia para la que se requiere una mayoría de tres quintos.
La ley -nacida a partir de un proyecto presentado en 2006 por el diputado nacionalista Gustavo Novales- contó con un amplísimo respaldo en el Parlamento. De hecho, fue aprobada por 18 votos en 20 en el Senado a principios de este mes.
La decisión de Vázquez, fundamentada en que la norma es "inconveniente" porque su cobertura es de muy difícil administración y encarece el seguro de forma notoria, causó "sorpresa" en tiendas oficialistas, al punto que no se descarta que esta situación genere fricciones entre los legisladores del FA y el Poder Ejecutivo.
El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) adelantó que su posición personal es que se revierta el veto presidencial. "Con los elementos que están arriba de la mesa no estoy dispuesto a aceptar, si hay una Asamblea General, que el veto quede", argumentó el diputado.
Pozzi expresó que la interposición de esta traba a la nueva norma es "algo absolutamente sorprendente y que va a ser motivo de un fuerte debate y tal vez de un fuerte encontronazo. Porque lo que se intentó hacer con esta ley, por la casi unanimidad del Parlamento, fue darle más protección a los trabajadores. Que haya primado sobre esta protección a los trabajadores, la opinión del Banco de Seguros del Estado (BSE) que tiene problemas con las pólizas, es una cosa que a uno lo hace pensar muchísimo".
Pozzi descartó que el hecho de que se trate de un año electoral, en el que el FA se juega la continuidad en el gobierno, influya a la hora de que sus parlamentarios fijen posición.
Entre los senadores del Frente Amplio, el veto causó el mismo desconcierto.
"Nos sentimos sorprendidos. No teníamos la información de que alguien estuviera cuestionando la aplicación de esa ley", afirmó a El País la senadora Susana Dalmás (Asamblea Uruguay). "A nosotros nos vino el proyecto de la Cámara de Diputados con total acuerdo de la bancada del FA, con la información que teníamos acerca del acuerdo del Ministerio correspondiente y del Directorio del BSE, por lo cual nosotros entendimos que el Poder Ejecutivo estaba de acuerdo. No tenemos la menor idea por ahora de cómo se dio esa situación", apuntó la legisladora.
En tanto, el diputado Novales está convencido que la Asamblea General será convocada en vista del respaldo casi unánime hacia el que fuera su proyecto. En ese marco, realizará contactos con los coordinadores de bancada de todos los partidos y con los integrantes del Secretariado del Pit-Cnt para torcer la resolución presidencial.
PIT-CNT. "Objetivamente hay una contradicción. Se nota que el oficialismo votó una cosa y el Poder Ejecutivo la veta", manifestó a El País el integrante del Secretariado del Pit-Cnt, Milton Castellano. El Pit-Cnt recibió la novedad con "mucho asombro" y "preocupación", agregó el sindicalista.
Castellano insistió que, generalmente cuando el Poder Ejecutivo se dispone a vetar una ley, lo anuncia con anticipación. Esta vez "no hubo ningún tipo de anuncio".
La ley de accidentes camino al trabajo se incorporó como uno de los planteos centrales del Pit-Cnt para este año electoral, en el que exige otras normativas -como la ley de negociación colectiva y el acortamiento de los juicios laborales- como forma de consolidar "un proceso nuevo en las relaciones laborales", dijo Castellano.
La central de trabajadores aún no resolvió los pasos que dará para que se supere este escollo y que la ley pueda instrumentarse.
En ese sentido, el Pit-Cnt pedirá explicaciones al Ministerio de Trabajo y a su vez realizará gestiones ante las comisiones de Diputados y del Senado para tener la "mayor cantidad de insumos para evaluar la situación", explicó Castellano.
Rechazan argumento de BSE
El Pit-Cnt cuestionó el posicionamiento del Banco de Seguros (BSE) en este debate y exigió que si, efectivamente, la aplicación de la ley supone un encarecimiento de los seguros, presente documentación que así lo pruebe.
El presidente del BPS, Gustavo Vilaró, había señalado que la nueva ley de accidentes laborales implicaría un incremento del 25% en las tarifas, correlativo a una mayor siniestralidad.
El integrante del Secretariado del Pit-Cnt, Milton Castellano, indicó que "si hay una razón de costo nunca se planteó ni en las cámaras (empresariales), ni en el Pit-Cnt ni en ningún lado por parte del BSE, entonces honestamente estamos sorprendidos con un veto que no es una cosa de todos los días; se hace de forma sorpresiva, no tiene un argumento de fondo que nosotros podamos considerar y si los hay los queremos ver".
Castellano pidió a las autoridades del BSE las pruebas que demuestren lo que argumentan, del mismo modo que se lo reclaman a los empresarios que, por la crisis, plantean el recorte de personal o la rebaja de salarios.
"Lo primero que decimos es que nos demuestren esa situación y a partir de ese análisis, estamos dispuestos a dialogar y a buscar alternativas, pero no que se nos diga de forma genérica y cuando hubo todo el tiempo para explicarlo, no se explicó", planteó el dirigente.
En tanto, el diputado del FA, Jorge Pozzi, cuestionó que el valor de las pólizas no puede interferir en este derecho para los trabajadores.
Seguro laboral
La ley vetada defiende lo que se conoce como accidente "in itinere", es decir aquel que se produce "desde o hacia" el domicilio aunque aclara como excepción que el damnificado "no puede haber interrumpido o alterado el trayecto por causas ajenas al trabajo".
Este criterio modificó el espíritu original del proyecto que abarcaba a los accidentes camino al trabajo siempre que se produjeran 30 minutos antes de entrar o después de salir.
A su vez, la ley modifica la ley de seguros de accidente de trabajo, ya restringida en 1989, que consideraba como accidente laboral si el trabajador estaba fuera de la empresa cumpliendo "una tarea específica ordenada por el patrono", si el empleador costeaba el transporte del trabajador o si el acceso al lugar de trabajo ofrecía "dificultades especiales".
En tanto, el presidente del BSE, Gustavo Vilaró, ha señalado que las autoridades de la institución casi no participaron de la discusión de la ley, con excepción de 2007, cuando fueron convocados por la Cámara de Diputados.
Vilaró ha planteado que la instrumentación de la ley implicaría "un alza en las tarifas en tanto se agrega una siniestralidad significativa" -incluso en sectores como los administrativos donde se registran bajos índices de accidentes-. Esto redundaría en un aumento de los costos de las pólizas en un 25%, estimó en 2007.
El BSE tiene el monopolio de las pólizas de seguro laborales.
El País Digital, 22 de mayo
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