El Tribunal de Cuentas observó el reintegro de capital que hizo Pluna Ente Autónomo en la aerolínea por U$S 28.374.072 para poder concretar la nueva asociación con Leadgate Investment.
Según la resolución del TCR los fondos serán transferidos por el Ministerio de Economía de forma extrapresupuestal para lo cual "no existe norma legal habilitante".
Al menos en una primera etapa el Estado es quien deberá aportar más a Pluna. Leadgate pagó U$S 5 millones por el 75% de las acciones de Pluna y según el acuerdo firmado recién a los 12 meses "posteriores a la fecha de cierre de la transacción (que se concretó el 13 de junio pasado) se integrará el salto restante hasta completar los U$S 15 millones de capital establecidos en la oferta" manteniendo la proporción accionaria de forma que Leadgate "permanezca como mínimo con el 75% del capital integrado de Pluna".
Además se estableció que Leadgate por un plazo de 18 meses a partir del cierre de la transacción "no podrá realizar nuevas capitalizaciones que diluyan la participación que Pluna ente autónomo tenga en el capital de Pluna S.A.".
El Estado deberá aportar un total de U$S 28,3 millones en Pluna de los cuales U$S 16.579.000 surgen de que debe asumir de patrimonio negativo, U$S 5.223.000 de ajustes de balance, U$S 5 millones de pérdidas en mayo y junio y U$S 1,5 millones para llegar al patrimonio de U$S 1 millón.
La due diligence estableció un ajuste en el balance por el cual -según el acuerdo firmado el 13 de junio al que accedió El País- el Estado deberá aportar U$S 4,2 millones por provisión de mantenimiento y devolución de aeronaves bajo leasing; U$S 732.000 por faltantes de inventario de bienes; U$S 113.000 por pasivos omitidos o no declarados; U$S 168.000 por insuficiencia de provisión de licencias no gozadas, salarios vacacionales y horas a compensar en las sucursales.
En caso de no querer seguir aumentando las erogaciones el Estado deberá salir a cobrar las deudas que tienen otros agentes con Pluna ya que en el contrato se estableció que todos aquellos créditos que no se hayan cobrado al 31 de diciembre se computarán como incobrables y le gobierno deberá hacer frente por los mismos.
Esto se suma a las potenciales contingencias que deberá hacerse cargo el Estado.
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