Las repercusiones por los dichos del senador Eleuterio Fernández Huidobro alcanzaron la órbita social. Desde las principales organizaciones que analizan las estructuras sociales y la conducta ciudadana respecto a la autodefensa se lo tildó de planteo “alarmista” y “espanto”.
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) es una de las organizaciones que investigó acerca de la tenencia, la comercialización y el tráfico de armas pequeñas y ligeras, desde lo que sus analistas consideran como “la instalación de los nuevos paradigmas de la seguridad”. Según explicó Ana Juanche, coordinadora latinoamericana de Serpaj, las expresiones del senador Fernández Huidobro contribuyen a “incrementar en el imaginario social la idea de que hay que portar un arma para sentirse seguro, en lugar de modificar las condiciones socioculturales que den seguridad”.Juanche sostiene que el llamado a que la ciudadanía empuñe las armas “es alarmista, sobre todo en una población como la uruguaya que tiene en este momento la tasa de presidios más alta de América Latina, donde el 80% de los reclusos están encerrados por delitos contra la propiedad”. En tanto, el sociólogo Gustavo Leal, del equipo técnico de la ONG El Abrojo, explicó ayer a radio El Espectador que el diagnóstico de Fernández Huidobro acerca del surgimiento de “un nuevo tipo de delincuencia” es acertado y responde a una ruptura de los parámetros de convivencia y respeto de los menores hacia los mayores. Sin embargo, Leal aclaró que no comparte la idea de Huidobro acerca de la necesidad de armarse, “porque en un clima de marginalidad cultural dar por bueno o justificar que eso es algo entendible (...) es dar leña al fuego”, sentenció.Desde el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el abogado Martín Fernández afirmó que las declaraciones del legislador del CAP-L “son un espanto, totalmente desacertadas por el momento que se vive y porque no forma parte de ninguna política pública de seguridad social”. Fernández señaló que esto “va contra la tendencia internacional de desarme y lleva a un todos contra todos que no es lo aconsejable”. El abogado se refirió a estimaciones según las cuales hay 570.000 armas registradas en Uruguay y una cifra equivalente de ilegales. Además, dijo que desde el Ministerio de Defensa se habla de un arma cada cinco habitantes, mientras el Ministerio del Interior estima un arma cada tres habitantes.
Últimas Noticias, 21 de noviembre
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